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Carles Puigdemont contrata a un abogado en Bélgica


En la imagen, el destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, saluda a una partidaria en Girona, el 28 de octubre de 2017.

El abogado belga Paul Bekaert, dijo el lunes que el destituido presidente catalán Carles Puigdemont está en Bélgica y le ha contratado como su abogado.

El letrado no pudo confirmar si estaba trabajando con Puigdemont en una petición de asilo.

“Puedo confirmar que Carles Puigdemont me ha nombrado como su representante legal, ya que actualmente está en Bélgica”, dijo Bekaert.

“Soy su abogado en caso de que me necesite. De momento, no estoy preparando ningún dossier específico para él”, dijo el abogado, que tiene su sede en Tielt, en el oeste de Bélgica.

La Fiscalía General del Estado presentó el lunes dos querellas por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y su gabinete por un lado, y la Mesa del Parlament por otro, después de la declaración unilateral de independencia del viernes pasado.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció que la iniciativa judicial contra el Gobierno cesado se presentará ante la Audiencia Nacional debido que los querellados ya no cuentan con la condición de aforados, mientras que en el caso de la Mesa, su presidenta Carme Forcadell y otros cinco miembros deberán responder ante el Tribunal Supremo.

“Con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución, el pasado 27 de octubre”, dijo Maza durante una breve comparecencia en la Fiscalía General del Estado.

El entonces presidente catalán Carles Puigdemont preside una reunión de su gabinete en el Palau de la Generalitat en Barcelona, 24 de octubre de 2017
El entonces presidente catalán Carles Puigdemont preside una reunión de su gabinete en el Palau de la Generalitat en Barcelona, 24 de octubre de 2017

El Gobierno español respondió a la declaración de independencia con una serie de medidas de intervención en la región, al amparo del artículo 155 de la Constitución española, que incluían el cese del Govern, la disolución de las cortes catalanas y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

Los querellados deberán ser citados próximamente a declarar, tras lo que se les podrían aplicar las medidas cautelares pertinentes, que podrían incluir fianza y embargo de bienes por hasta 6.207.450 euros.

El delito de rebelión contempla penas de hasta 30 años de cárcel contra aquellos que se alcen de forma violenta y pública para, entre otros supuestos, “derogar suspender o modificar” la Constitución o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

En sus querellas, el fiscal general del Estado define el delito de rebelión como el ”más grave que puede cometerse contra el Estado y sus “principales instituciones”.

“Los querellados actúan con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir, como finalidad última, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que con ello contravienen la Constitución y de que actúan en abierta oposición al orden jurídico en su conjunto y a las resoluciones judiciales”, agregó el texto de la querella.

La difusión de las querellas por parte del gabinete de prensa alimentará previsiblemente el discurso de “represión” esgrimido por las fuerzas independentistas ya que en el documento titulado “Cataluña. 2017” figura la frase “Más dura será la caída” en los metadatos del documento, dando a entender que ese era el asunto interno usado por la Fiscalía.

Consumación anticipada

Pese a que diversos expertos cuestionaban que la Fiscalía pudiera querellarse por rebelión ante la aparente ausencia de violencia, el texto de la querella remite a la doctrina jurídica para justificarlo.

”Se trata de un delito de resultado cortado o de consumación anticipada en el que es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo para la consecución de los fines rebeldes”, señaló.

Poco después de conocerse las querellas se conoció que Puigdemont había viajado a Bruselas con varios exconsejeros catalanes, donde ha contratado a un abogado belga.

El domingo, decenas de miles de personas manifestaron en el centro de Barcelona el domingo a favor de que Cataluña siga siendo parte de España y en contra de la declaración unilateral de independencia que aprobaron esta semana los grupos soberanistas en el Parlamento regional.

A la manifestación se sumaron representantes de los tres partidos constitucionalistas en Cataluña, la formación centrista Ciudadanos, los socialistas catalanes del PSC y los conservadores del PP.

“Si lo que quieren es romper con el resto de España, con nosotros no podrán contar. Si quieren acordar, sí”, dijo Miquel Iceta, líder del PSC, durante la marcha.

El conflicto separatista, la mayor crisis institucional en los 40 años de la democracia española junto al intento de golpe de Estado de 1981, alcanzó el viernes un nuevo punto álgido con la declaración de independencia y, pocas horas después, la aplicación de una serie de medidas de intervención en la región por parte del Gobierno central.

El Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy decretó la destitución del Gobierno catalán por completo, la disolución del Parlamento regional y la convocatoria a elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre.

Entre llamados a la convivencia y la reconciliación en un conflicto que ha polarizado a la sociedad catalana, los manifestantes portaban banderas de catalanas, de España, de la Unión Europea y de otras regiones españolas.

“Yo soy más catalán que (Carles) Puigdemont”, dijo en catalán Francisco Sarriá y Solé, un empresario de 65 años, en referencia al destituido presidente de la región. “Están llevando a Cataluña a la ruina y enfrentando a una mitad de los catalanes contra la otra”, añadió.

Las últimas elecciones en la región, así como encuestas más recientes, muestran una división a partes casi iguales en Cataluña entre independentistas y españolistas.

¿Separatistas alcanzarán mayoría absoluta en elecciones catalanas?

Los partidos independentistas catalanes no lograrían una mayoría absoluta en las elecciones regionales que el Gobierno español ha convocado para el 21 diciembre en la región, según una encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo publicada el domingo.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, es aplaudido durante una ceremonia dentro del Parlamento regional tras a declaración de independencia de España, en Barcelona.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, es aplaudido durante una ceremonia dentro del Parlamento regional tras a declaración de independencia de España, en Barcelona.

El sondeo se realizó entre los días 23 y 26 de octubre, antes de que el Parlamento catalán declarara la independencia y de la intervención en la región de Madrid, que incluye el cese del gobierno regional, la disolución del parlamento y la convocatoria de los comicios.

La formación independentista de izquierdas ERC sería la fuerza más votada (41 a 43 escaños de un total de 135 en el ‘Parlament’). Sus socios conservadores del PdeCat caerían en voto, hasta los 13 a 15 escaños y los anticapitalistas de la CUP tendrían 7 escaños.

Entre los partidos que defienden la pertenencia de Cataluña a España, el grupo de centro Ciudadanos repetiría como el más votado (26 a 28 escaños), seguido de los socialistas catalanes del PSC (20 a 22) y los conservadores del PP (10 a 12).

Catalunya Sí que es Pot (CSQP), la rama catalana del grupo antiausteridad Podemos, que ha conjugado el rechazo al unilateralismo independentista con críticas a la reticencia a negociar del Gobierno español, obtendría 13 diputados.

La apertura de las urnas deja en una difícil disyuntiva a los grupos políticos independentistas con cuya mayoría se aprobó el viernes en el ‘Parlament’ la declaración de independencia.

Los tres grupos separatistas, cuya unión coyuntural dio mayoría parlamentaria al secesionismo, tienen que decidir ahora si presentarse a un proceso electoral organizado por un Estado cuya autoridad rechazan.

Reuters

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