Cuatro residentes en el sur de Florida, entre ellos dos oficiales de la fuerza aérea venezolana, han sido encausados por exportar ilegalmente material militar a Venezuela y tres de ellos ya fueron instruidos de cargos.
El cuarto, Kirk Drellich, de 49 años, lo hará la semana entrante y está acusado junto con Alberto Pichardo, Freddy Argüelles y Víctor Brown de no haber obtenido una licencia de exportación requerida por el Departamento de Estado para hacer envíos al extranjero.
Según la fiscalía, los acusados violaron además la ley de embargo impuesta por EE.UU. a las ventas de armamento a Venezuela.
Drellich era propietario de la empresa SkyHigh Accesories, dedicada a la compra y venta de partes de aviones, y habría sido el encargado del suministro de los cargamentos.
Pichardo, de 40 años, fue identificado como un oficial de la fuerza aérea venezolana responsable de la "supervisión y control de la Oficina de Adquisiciones Venezolanas", en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade.
Junto con el también oficial venezolano Argüelles, de 37 años, Pichardo se habría puesto de acuerdo y conspirado para exportar desde EE.UU. componentes militares.
Entre esas partes figuran turbinas, sistemas de refrigeración, discos de rotación, válvulas y piezas de ensamblaje para aviones de combate F-16, OV-10 Broncos, Tucanos y helicópteros Super Puma, de acuerdo con el sumario de la fiscalía federal.
De ser hallados culpables, todos enfrentan penas que fluctúan entre los cinco y 10 años de prisión y multas de $250.000 a un millón de dólares por cada cargo.
En 2006, en respuesta a la negativa del presinente Hugo Chávez de colaborar en la lucha contra el terrorismo, EE.UU. puso en vigor una ley que prohíbe la venta a Venezuela de armamentos y equipos militares que incluyan partes fabricadas con tecnología estadounidense.
El cuarto, Kirk Drellich, de 49 años, lo hará la semana entrante y está acusado junto con Alberto Pichardo, Freddy Argüelles y Víctor Brown de no haber obtenido una licencia de exportación requerida por el Departamento de Estado para hacer envíos al extranjero.
Según la fiscalía, los acusados violaron además la ley de embargo impuesta por EE.UU. a las ventas de armamento a Venezuela.
Drellich era propietario de la empresa SkyHigh Accesories, dedicada a la compra y venta de partes de aviones, y habría sido el encargado del suministro de los cargamentos.
Pichardo, de 40 años, fue identificado como un oficial de la fuerza aérea venezolana responsable de la "supervisión y control de la Oficina de Adquisiciones Venezolanas", en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade.
Junto con el también oficial venezolano Argüelles, de 37 años, Pichardo se habría puesto de acuerdo y conspirado para exportar desde EE.UU. componentes militares.
Entre esas partes figuran turbinas, sistemas de refrigeración, discos de rotación, válvulas y piezas de ensamblaje para aviones de combate F-16, OV-10 Broncos, Tucanos y helicópteros Super Puma, de acuerdo con el sumario de la fiscalía federal.
De ser hallados culpables, todos enfrentan penas que fluctúan entre los cinco y 10 años de prisión y multas de $250.000 a un millón de dólares por cada cargo.
En 2006, en respuesta a la negativa del presinente Hugo Chávez de colaborar en la lucha contra el terrorismo, EE.UU. puso en vigor una ley que prohíbe la venta a Venezuela de armamentos y equipos militares que incluyan partes fabricadas con tecnología estadounidense.
