La persecución por el gobierno de EE.UU, de quienes filtran secretos a la prensa y sus esfuerzos por controlar la información se están convirtiendo en una amenaza a la libertad de expresión en el país, según un informe.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, divulgó un reporte en el que sostiene que las acciones del presidente estadounidense Barack Obama se contradicen con sus promesas de un Gobierno abierto y transparente.
De acuerdo con el autor del informe, Leonard Downie, exeditor ejecutivo del diario The Washington Post, “funcionarios y empleados del Gobierno tienen cada vez mayor miedo a hablar con la prensa” debido al escrutinio extremo que existe sobre filtraciones a periodistas.
Downie dijo que seis empleados gubernamentales y dos contratistas han sido objeto de acusaciones de que filtraron información clasificada a la prensa bajo la Ley de Espionaje de 1917, que “en las últimas nueve décadas solo fue aplicada previamente en tres casos”.
Entrevistado para el informe, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, se opuso con firmeza al supuesto de que el Gobierno se opone a la libertad de expresión y dijo que los “hechos contradicen que la gente se esté callando y no esté filtrando información a los reporteros”.
Para el reporte, Downie entrevistó además a numerosos periodistas y editores, incluidos aquellos cuyas fuentes han sido llevadas a juicio, luego de las revelaciones este año de que el gobierno recopiló en secreto llamadas telefónicas y líneas usadas por más de 100 reporteros de la AP.
Un declaración del CPJ anexa al informe, señala que la organización se ha sentido perturbada por el “patrón de acciones” del Gobierno que “ha enfriado el flujo de información respecto a asuntos de gran interés público, incluidos los que atañen a la seguridad nacional”.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, divulgó un reporte en el que sostiene que las acciones del presidente estadounidense Barack Obama se contradicen con sus promesas de un Gobierno abierto y transparente.
De acuerdo con el autor del informe, Leonard Downie, exeditor ejecutivo del diario The Washington Post, “funcionarios y empleados del Gobierno tienen cada vez mayor miedo a hablar con la prensa” debido al escrutinio extremo que existe sobre filtraciones a periodistas.
Downie dijo que seis empleados gubernamentales y dos contratistas han sido objeto de acusaciones de que filtraron información clasificada a la prensa bajo la Ley de Espionaje de 1917, que “en las últimas nueve décadas solo fue aplicada previamente en tres casos”.
Entrevistado para el informe, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, se opuso con firmeza al supuesto de que el Gobierno se opone a la libertad de expresión y dijo que los “hechos contradicen que la gente se esté callando y no esté filtrando información a los reporteros”.
Para el reporte, Downie entrevistó además a numerosos periodistas y editores, incluidos aquellos cuyas fuentes han sido llevadas a juicio, luego de las revelaciones este año de que el gobierno recopiló en secreto llamadas telefónicas y líneas usadas por más de 100 reporteros de la AP.
Un declaración del CPJ anexa al informe, señala que la organización se ha sentido perturbada por el “patrón de acciones” del Gobierno que “ha enfriado el flujo de información respecto a asuntos de gran interés público, incluidos los que atañen a la seguridad nacional”.
