Aunque las consecuencias no están aún del todo claras, se prevé que muchas nuevas contrataciones de puestos de trabajo queden congeladas, que pueda haber incluso despidos, y a ciencia cierta tampoco se sabe en qué medida podrían verse afectados los beneficios que reciben los empleados federales.
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca ha dicho que los fondos de programas como la Seguridad Social y para los veteranos estarían totalmente a salvo, en tanto que otros como el Medicare (seguro de salud pública para los mayores de 65 años) se verían parcialmente afectados.
El diario The Washington Post cita este miércoles un estudio académico hecho para la Asociación Nacional de Industrias de la Defensa que proyecta la pérdida de alrededor de 48 mil empleos civiles en el Pentágono y más de 229 mil adicionales en agencias no relacionadas con el sector, de un total de 2,1 millones de puestos de trabajo federales.
También se menciona la posibilidad de que algunas agencias, para ajustarse a su reducido presupuesto, puedan forzar a sus trabajadores a tomar días de licencia sin sueldo, ofrezcan jubilaciones anticipadas con pago de un incentivo o incluso recurran a despidos, que resultan más costosos puesto que conllevan un pago de indemnización.
Entre las ideas en el horizonte se mencionan planes aprobados por la Cámara de Representantes en busca de reducir 10 por ciento la fuerza laboral, prorrogar por cinco años los aumentos salariales, e incrementar 5 por ciento escalonadamente las contribuciones que hacen los empleados federales con vistas a su retiro.
Por lo pronto, aunque los sindicatos de trabajadores federales no tienen autoridad para regatear el monto de los salarios, los beneficios que se otorgan ni la magnitud de la fuerza laboral, sí se oponen a los despidos porque según alegan los empleados del gobierno ya han contribuido lo suficiente para reducir el déficit fiscal del país.