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Carta de legisladores estadounidenses a presidente Trump sobre Venezuela

  • Voz de América - Redacción

La representante republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen es parte del grupo de legisladores que firmó la carta pidiendo sanciones a funcionarios venezolanos.

Traducción al español del texto de la carta escrita por 34 legisladores de Estados Unidos pidiendo sanciones a funcionarios venezolanos.

Estimado señor Presidente:

Le escribimos para solicitar que su administración tome medidas inmediatas para sancionar a funcionarios responsables de beneficiarse de la apremiante situación humanitaria y de robar de otros recursos estatales y de violar los Derechos Humanos en Venezuela. Más aún, la reciente designación hecha por Nicolás Maduro de Tareck El Aissami lo coloca en posición de convertirse posiblemente en el próximo gobernante de Venezuela, lo cual es extremadamente preocupante en vista de su presunta vinculación con el narcotráfico y organizaciones terroristas.

De conformidad con la Ley de 2014 de la Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela, cuyo período de vigencia ha sido prolongado hasta el 31 de diciembre de 2019 y con la Orden Ejecutiva 13962 del 8 de marzo de 2015, que impide la adquisición de propiedades y suspende el ingreso de ciertas personas que han contribuido a la presente situación en Venezuela, la rama ejecutiva tiene la autoridad de aplicar sanciones, incluyendo la congelación de bienes y la prohibición de visas a cualquier funcionario venezolano involucrado en la violación de los Derechos Humanos y en prácticas de corrupción.

Los abajo firmantes lo exhortamos a ejercer esas autoridades y a enviar un enérgico mensaje al régimen de Maduro y a otros personajes nocivos en la región en el sentido de que los violadores de los Derechos Humanos serán responsabilizados por la aflicción y sufrimiento que innecesariamente han llevado al pueblo de Venezuela. Como resultado de las fallidas medidas políticas y económicas de Maduro, los venezolanos enfrentan una cada vez más grave escasez de alimentos y medicamentos. Para empeorar la situación, el régimen de Maduro ha nacionalizado la distribución de alimentos, poniendo a cargo al Ejército de Venezuela de cinco puertos marítimos y de la cadena de suministros de alimentos y medicinas en el país.

Es extremadamente preocupante que el régimen de Maduro continúe tomando medidas cada vez más autoritarias contra personas inocentes en Venezuela. La oposición ha sido objeto de intensa persecución, vilipendiada en los medios del estado por parte de funcionarios del régimen de Maduro, rutinariamente acusados falsamente de delitos y encarcelados arbitrariamente. En la actualidad hay más de 100 prisioneros políticos en Venezuela, incluyendo ciudadanos estadounidenses y líderes de oposición como Leopoldo López y Daniel Ceballos. Creemos que todos ellos deben ser inmediatamente puestos en libertad. Maduro ha empleado las ramas corruptas de su régimen, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para invalidar medidas tomadas por la Asamblea Nacional, incluyendo una Ley de Amnistía para los prisioneros políticos del país y una moción para ejercer un referendo presidencial, consagrado en la Constitución del país. En ese sentido, también apoyamos el incremento del financiamiento de la cuenta del Fondo de Apoyo Económico, actualmente de $6 millones y medio, con el propósito de respaldar el desarrollo de los procesos, las instituciones y los valores democráticos que apoyan los Derechos Humanos, la Libertad de Información y la independencia de la sociedad civil, hasta que Venezuela regrese a la gobernanza democrática.

Un extenso reportaje investigativo de la Associated Press, en diciembre de 2016, expone lo que muchos asumen como cierto, que funcionarios corruptos venezolanos están de hecho beneficiándose de la crisis humanitaria que sufre el país. De acuerdo con informaciones de prensa, altos funcionarios están empleando diversas argucias para defraudar a empresas que proveen alimentos por medio de la cadena nacionalizada. El informe de la AP alega que, por ejemplo, los generales Rodolfo Marco Torres y Carlos Osorio, están orquestando una trama fraudulenta con empresas ficticias con el fin de llenar sus propios bolsillos, en lugar de llevar alimentos al país. Si eso es cierto, cualquier general o funcionario del régimen venezolano involucrado en fraudes o actos de corrupción, particularmente a expensas de los venezolanos, debe ser sancionado de conformidad con las leyes de Estados Unidos.

Estas acciones de Maduro y de sus amigotes no solo van en detrimento del bienestar del pueblo venezolano y de la estabilidad de Venezuela, sino que además tienen un impacto directo y perjudicial en los Estados Unidos y en negocios estadounidenses. En un reciente principio de oportunidad o acuerdo de culpabilidad negociada con el Departamento de Justicia, la compañía brasileña de construcción Odebrecht admitió haber pagado $98 millones de dólares a funcionarios corruptos del régimen venezolano. En consecuencia, estamos preocupados de que los sobrepagos en contratos alimentarios puedan de igual manera representar potencialmente una responsabilidad para empresas estadounidenses. De tal manera que creemos que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros(OFAC por sus siglas en inglés) debe emitir una aclaratoria de las regulaciones para garantizar que empresas estadounidenses inadvertidamente se involucren directamente con cualquier entidad corrupta en Venezuela que pueda violar la Ley de 1977 de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

En conclusión, estamos particularmente preocupados acerca de la designación, por parte del presidente Maduro, de Tareck El Aissami. El nexo entre corrupción, narcotráfico y la influencia de organizaciones terroristas en Venezuela ha sido planteado en varios reportajes.

***El 9 de septiembre de 2009 la publicación ‘The American Interest’ informó que “Se sospecha que el señor El Aissami, quien una vez dirigió la Onidex, la oficina de pasaportes y naturalización de Venezuela, dependiente del Ministerio del Interior y Justicia, emitió pasaportes a miembros de Hamas y Hezbollah. También hay alegaciones de que El Aissami y otros afiliados con Hezbollah están encargados de reclutar jóvenes árabes venezolanos que son posteriormente entrenados en campamentos de Hezbollah en el sur del Líbano”.

***El 23 de noviembre de 2014, el diario The Wall Street Journal informó que “La oficina de El Aissami empleó tecnología de información desarrollada por la seguridad estatal cubana para otorgar a unos 173 individuos del Oriente Medio nuevas identidades venezolanas que son extremadamente difíciles de hacer seguimiento”. Dichos artículos alegan también que “funcionarios regionales de inteligencia creen que entre las personas de mayor interés que recibieron documentos falsos desde Caracas figura Suleiman Ghani Waked, un importante miembro de Hezbollah en el Líbano.

***El 18 de mayo de 2015, The Wall Street Journal, informa que el ex Ministro de Hacienda y ex gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, “dijo a investigadores que Walid Makled, un narcotraficante ahora encarcelado, pagó al entonces Ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, cantidades considerables para que permitiera pasar cargamentos de droga por Venezuela”.

En vista de estos informes, la cada vez más deteriorada situación humanitaria en Venezuela, y su nueva prominencia dentro del régimen, nosotros exhortamos a los organismos apropiados a investigar extensamente la conducta y actividades de Tareck El Aissami, en vista de la existencia de los antes mencionados instrumentos de sanciones.

La acción decisiva y de principios en respuesta a lo que está pasando en Venezuela como una de las primeras medidas de política exterior de su administración enviaría un enérgico mensaje al régimen de Maduro y al pueblo venezolano.

Firman 34 senadores, demócratas y republicanos, entre los que figuran Ileana Ros-Lehtinen, Robert Menéndez, Marco Rubio, Bill Nelson, Ted Cruz, Elliot Engel, Mario Diaz Balart y Debbie Wasserman Schultz.

Aquí el original de la carta publicado por la oficina de la legisladora Ros- Lehtinen.

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