El Departamento de Justicia aumentó la presión contra las ciudades santuario el martes.
El Departamento no otorgará fondos federales para esas ciudades a menos que den acceso a las autoridades de inmigración a las cárceles, y aviso con tiempo cuando alguien está en el país ilegalmente va a ser liberado.
Bajo las normas anteriores, las ciudades que querían recibir fondos fiscales solo necesitaban demostrar que no estaban evitando que la policía local se comunicara con las autoridades federales sobre el estatus migratorio de las personas detenidas.
El anuncio se conoce en momentos que se cuestiona el futuro del secretario de Justicia, Jeff Sessions como la principal autoridad encargada del cumplimiento de la ley en la nación, tras días de fuertes críticas del presidente Donald Trump a su labor.
Sessions y Trump estrecharon su relación durante la campaña, mayormente por sus posiciones de línea dura sobre la inmigración ilegal.
Trump hizo campaña prometiendo recortar los fondos federales a las ciudades que se nieguen a cooperar con los esfuerzos del gobierno nacional para detener y deportar a quienes viven ilegalmente en el país.
Un juez bloqueó una orden ejecutiva que tenía ese propósito, pero el Departamento de Justicia dijo que todavía podía condicionar parte de esos fondos para obligar a las ciudades a cumplir con la estrategia.
"Las llamadas políticas 'santuario' nos hacen a todos menos seguros porque intencionalmente socavan nuestras leyes y protegen a los extranjeros ilegales que han cometido delitos", dijo el secretario Sessions en un comunicado.
"Esas políticas también alientan a la inmigración ilegal e incluso al tráfico humano al perpetuar la mentira de que en ciertas ciudades los extranjeros indocumentados pueden vivir fuera de la ley... Debemos alentar a esas jurisdicciones santuario a cambiar sus políticas y asociarse con la las agencias de ley federales para expulsar a los criminales", agregó Sessions.
Las condiciones se aplican a uno de los programas de asignación de fondos federales más populares, los cuales proveen el dinero para que los Departamentos de Policía puedan comprar desde chalecos antibalas a cámaras personales. los requisitos se aplicarán a partir de septiembre a las ciudades que soliciten esos fondos.
Durante meses el secretario Sessions advirtió a jurisdicciones en todo el país que podían perder fondos por tener regulaciones que limitan la comunicación entre la policía local y los funcionarios de inmigración.
Las nuevas condiciones, dicen funcionarios deben permitir a los empleados del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (DHS por sus siglas en inglés) acceso a las cárceles locales para que se reúnan con inmigrantes y darles aviso con 48 horas de anticipación antes de dejar en libertad a un inmigrante buscado por las autoridades de inmigración.
"Esto es lo que el pueblo estadounidense debe esperar de sus ciudades y estados", dijo el Secretario de Justicia. "Y estos requisitos que debían haberse implementado hace mucho tiempo ayudarán a derrotar a la MS-13 y otras violentas pandillas transnacionales, y harán más seguro nuestro país", agregó.
