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EE.UU. sanciona a dos comandantes de Maduro por "graves violaciones" de DD.HH.


La medida de EE.UU. sigue a otras similares que buscan cerrar el cerco a los miembros y allegados del gobierno de Maduro, en medio de un accionar diplomático y político para producir cambios políticos y democráticos en Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra otros dos comandantes bajo las órdenes del presidente en disputa Nicolás Maduro, por cometer "graves violaciones" contra los derechos humanos en la nación sudamericana.

La medida sigue a otras similares que buscan cerrar el cerco a los miembros y allegados del gobierno de Maduro, en medio de un accionar diplomático y político para producir cambios que saquen a Venezuela de sus graves problemas humanitarios.

Esta vez tocó el turno al comandante Rafael Enrique Bastardo Mendoza, que lidera las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y a Iván Rafael Hernández Dala, comandante de contrainteligencia militar (DGCIM).

"Estados Unidos designa públicamente (a ambos funcionarios) por su participación en violaciones graves de los derechos humanos", indicó el texto del gobierno estadounidense.

También fueron sancionadas la esposa de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios.

Los designados el viernes "no son elegibles para ingresar a Estados Unidos". El gobierno estadounidense lidera las iniciativas de más de 50 naciones del mundo que rechazan el mandato de Maduro y apoyan al presidente encargado Juan Guaidó.

El anuncio indicó que "las organizaciones de seguridad e inteligencia dirigidas por Bastardo y Hernández han sido implicadas por sus violaciones y abusos de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática".

A su vez explicó que los actos en los que han incurrido, "fueron documentados ampliamente en el informe del 5 de julio de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como en informes creíbles de otras organizaciones de derechos humanos".

El informe que entregó la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet tras visitar el país, admitió que al menos 7.523 ejecuciones extrajudiciales se han producido en el país.

La sanción busca también reprender a los funcionarios por corrupción, indica el texto.

El caso más reciente de sanciones contra funcionarios que siguen las órdenes de Maduro se produjo el miércoles, cuando el ministro venezolano de Industria, Tareck El Aissami, entró en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El aviso indicó que El Aissami, de 44 años, es buscado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.

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