La demanda presentada en la Corte Federal de distrito sigue a una averiguación de dos años, durante la que autoridades federales concluyeron que el jefe policial del condado de Alamance, Terry S. Johnson, lo mismo que sus agentes, efectuaron arrestos sin una orden judicial, con la sola meta de elevar el número de deportaciones.
De acuerdo con las autoridades federales, Johnson violó los derechos constitucionales de numerosos ciudadanos estadounidenses al detener a hispanos sin una sospecha razonable de que hubieran cometido un delito.
Asimismo, la querella señala que Johnson buscó obstruir la investigación federal al ocultar documentos y falsificar expedientes.
Su departamento había sido suspendido ya de un programa para la verificación del estatus migratorio de los presos.