Un reporte de 471 páginas emitido el miércoles, culpó al Departamento de Justicia de aplicar estrategias equivocadas, incurrir en errores de criterio y tener fallas administrativas durante la fallida operación que buscaba seguirle la pista al tráfico de armas para dar con el paradero de los capos del narcotráfico en México .
En el texto, el inspector general del departamento, Michael Horowitz, concluyó que la operación, que comenzó a finales de 2009, desdeñó la seguridad pública y permitió que cientos de armas fueran a parar a manos de criminales, tanto en Estados Unidos como en México.
En su testimonio ante los legisladores, Horowitz dijo que “debe haber supervisión, debe haber vigilancia" y que operaciones policiales como "Rápido y Furioso" deben ser comunicadas desde el principio a "los más altos niveles" del departamento.
En su reporte, Horowitz responsabilizó a 14 funcionarios federales de la fallida operación pero señaló no haber encontrado “pruebas" de que personal del Departamento de Justicia y de la Agencia para el control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) hubiese informado al secretario de Justicia, Eric Holder.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, declaró en junio pasado en desacato Holder por rehusarse a entregar documentos relacionados con la frustrada operación. El secretario de Justicia dijo entonces que no estaba al tanto de lo sucedido y que había ordenado investigar el asunto.
Como resultado de la operación, los agentes estadounidenses le perdieron la pista a más de 1.400 armas de más de 2.000 que habían sido parte del tráfico ilegal. Muchas de ellas fueron encontradas más tarde en escenas criminales en México y en Estados Unidos, incluyendo el sitio donde murió el agente fronterizo estadounidense Brian Terry.
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