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EE.UU. anuncia posible medida que amenaza a inversores extranjeros en Cuba


El secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruiz, da un discurso, el primero de enero del 2019, durante la celebración del 60 aniversario de la revolución cubana, el 1 de enero de 2019.

El gobierno de Donald Trump suspendió por 45 días, en lugar de los seis meses que se acostumbraba, una medida que permite a ciudadanos cubano-estadounidenses demandar a empresas extranjeras que han invertido en propiedades confiscadas por Cuba, dijo el miércoles el Departamento de Estado.

La provisión se podría poner en marcha por primera vez desde que Bill Clinton firmó la ley en 1996, lo que amenazaría a la inversión extranjera en la isla.

La Ley Libertad de 1996, conocida como Helms-Burton, es la columna vertebral del embargo que Washington aplica a La Habana desde hace más de medio siglo, pues codifica en una legislación todas sus disposiciones y las condiciones para su levantamiento.

Varios presidentes estadounidenses habían prorrogado cada seis meses la suspensión desde que fue aprobada en 1996, debido a la oposición de la comunidad internacional. Esta es la primera vez que la cláusula se suspende por sólo 45 días.

"Esta extensión nos permitirá realizar una revisión cuidadosa del derecho a emprender acciones conforme al Título III, a la luz de los intereses nacionales de Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

"Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas e incitando a esta dictadura", señaló el texto.

La legislación sanciona a empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba, permite entablar demandas contra compañías o personas que usen bienes expropiados por el Gobierno cubano a ciudadanos y empresas estadounidenses y niega el ingreso a Estados Unidos de sus directivos.

John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio y Economía Cuba-Estados Unidos, dijo en un comunicado que la decisión presentaba "una probabilidad de un siniestro panorama comercial, económico y político para Cuba, los países miembros de la Unión Europea y los miembros de la Organización Mundial de Comercio".

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