El gobierno de Ecuador, del presidente Rafael Correa, decretó el estado de excepción en la Función Judicial.
La decisión, según sostiene el ejecutivo, se fundamenta en la necesidad de resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantizar el oportuno acceso a la justicia contemplado en la Constitución y prevenir una inminente conmoción interna.
Según el decreto presidencial se declara la movilización nacional especialmente de todo el personal de la Función Judicial y se declara de acción prioritaria la ejecución del Plan de Transformación de la Justicia.
El presidente de la República, Rafael Correa, acogió así el pedido realizado por el director del Consejo de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez. "Para este trabajo se dispuso la movilización de recursos económicos a cargo del Ministerio de Finanzas, ésta cartera de Estado deberá situar los recursos suficientes para atender la emergencia", sostuvo el mandatario.
"El estado de excepción será notificado a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional y tiene un periodo de duración de 60 días a partir de la suscripción del decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en toda la república. El presidente del Consejo de la judicatura transitoria Paulo Rodríguez, aseguró que debido a la inacción y falta de infraestructura, tecnología y personal capacitado existe un represamiento de 1’215 mil causas que deben ser atendidas", dijo Correa.
Entre las razones que justifican el estado de excepción en el sistema judicial ecuatoriano se menciona que no se cuenta con sistemas informáticos apropiados que permitan generar una información sólida para la planificación estratégica institucional. No hay procesos de modernización permanentes. Las estructuras orgánicas funcionales no se compadecen con las exigencias ciudadanas. Los procedimientos judiciales no han tomado en cuenta el desarrollo tecnológico y no han mejorado sus etapas, fases y pasos, lo que ha conspirado con una falta de oportunidad en la administración de justicia, entre otros.
