El gobierno de Venezuela habría incurrido en la práctica “deliberada y consciente” de ocultar evidencias de tortura y tratos crueles contra opositores.
El informe denominado “Que no quede rastro”, producido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), indica que las medidas al margen de la ley fueron tomadas contra decenas de manifestantes durante las pasadas marchas antigubernamentales que iniciaron en febrero de 2014.
El estudio denuncia que “se produjo un tratamiento opaco e ilegal respecto a la situación de los manifestantes que fueron aprehendidos y que requerían de atención médica, como consecuencia de la fuerza utilizada contra ellos al momento de dispersar las manifestaciones”.
Según la UCAB, los hallazgos que respaldan la denuncia del informe se sustentan en entrevistas a los detenidos, revisión de expedientes judiciales, documentos producidos por organizaciones defensoras de derechos humanos y testimonios de especialistas en las áreas de médica y jurídica.
El informe describe las supuestas estrategias empleadas por diversos órganos del Estado “para ocultar evidencias de malos tratos o tortura, así como para evitar que las mismas fuesen oportunamente conocidas por los órganos responsables de la investigación de las denuncias”.
La investigación identifica “la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, presiones a víctimas, el uso de la Defensa Pública para evitar denuncias, omisiones por parte de jueces durante las audiencias de presentación” entre otras irregularidades.
La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), también aseguró que entre febrero y abril de 2014 se registraron 854 heridos y lesionados vinculados a las protestas.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha reiterado que respeta los derechos humanos, y el Ministerio Público asegura que continúan las investigaciones por los casos en los que están involucrados funcionarios policiales y militares.