Hostigamientos y multas serían algunas de las medidas que estaría utilizando el gobierno del presidente Hugo Chávez contra la prensa en Venezuela.
En un informe publicado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, asegura que el gobierno venezolano hostiga a periodistas críticos y aplica multas y otras medidas para penalizar la cobertura periodística en ciertos temas.
"Los periodistas siempre se tienen que preocupar si reportean, si puede haber acciones del gobierno y acciones legales como resultado de esos reportajes y eso es sencillamente inaceptable", dijo Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.
La cobertura periodística sobre incendio en la refinería de Amuay ocurrida el fin de semana pasado estaría afectada por esta conducta del gobierno venezolano, según señala Simon.
"Ahora hay un gran desastre con claras implicaciones para la seguridad pública y el gobierno ya ha creado un ambiente en el que los periodistas están probablemente preocupados de que informar demasiado agresivamente puede conducir a represalias", explicó el director ejecutivo del CPJ.
El informe, que fue preparado antes de que se iniciara el incendio, citó una multa de 2,2 millones de dólares a Globovisión por su cobertura de una rebelión carcelaria el año pasado.
"A través de su presencia masiva en los medios del estado y el uso de métodos de censura, acoso legal y sanciones administrativas, el gobierno de Chávez fija límites claros sobre el disenso publico", señala el texto.
El documento también se refiere a la cobertura periodística sobre agua contaminada, que está sujeta a ciertas restricciones luego de que periódicos venezolanos publicaran quejas de agua potable contaminada e informaciones sobre un derrame petrolero que afectó el río Guarapiche en el este de Venezuela.
Desde entonces, una orden judicial requiere que los periodistas fundamenten con datos sólidos los informes sobre contaminación del agua y requiere específicamente un informe técnico fidedigno avalado por una institución competente.
No hubo reacción inmediata del gobierno venezolano al informe de CPJ.
En un informe publicado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, asegura que el gobierno venezolano hostiga a periodistas críticos y aplica multas y otras medidas para penalizar la cobertura periodística en ciertos temas.
"Los periodistas siempre se tienen que preocupar si reportean, si puede haber acciones del gobierno y acciones legales como resultado de esos reportajes y eso es sencillamente inaceptable", dijo Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.
La cobertura periodística sobre incendio en la refinería de Amuay ocurrida el fin de semana pasado estaría afectada por esta conducta del gobierno venezolano, según señala Simon.
"Ahora hay un gran desastre con claras implicaciones para la seguridad pública y el gobierno ya ha creado un ambiente en el que los periodistas están probablemente preocupados de que informar demasiado agresivamente puede conducir a represalias", explicó el director ejecutivo del CPJ.
El informe, que fue preparado antes de que se iniciara el incendio, citó una multa de 2,2 millones de dólares a Globovisión por su cobertura de una rebelión carcelaria el año pasado.
"A través de su presencia masiva en los medios del estado y el uso de métodos de censura, acoso legal y sanciones administrativas, el gobierno de Chávez fija límites claros sobre el disenso publico", señala el texto.
El documento también se refiere a la cobertura periodística sobre agua contaminada, que está sujeta a ciertas restricciones luego de que periódicos venezolanos publicaran quejas de agua potable contaminada e informaciones sobre un derrame petrolero que afectó el río Guarapiche en el este de Venezuela.
Desde entonces, una orden judicial requiere que los periodistas fundamenten con datos sólidos los informes sobre contaminación del agua y requiere específicamente un informe técnico fidedigno avalado por una institución competente.
No hubo reacción inmediata del gobierno venezolano al informe de CPJ.
