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CPJ condena violencia e impunidad contra periodistas


Denuncian violencia contra periodistas centroamericanos
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El Comité para la Protección de los Periodistas dio a conocer un reporte acerca de las difíciles condiciones en que trabajan los periodistas en Guatemala y Honduras.

Presenta informe donde exige investigar a profundidad los crímenes y atentados contra los periodistas en Guatemala y Honduras en defensa de una verdadera libertad de prensa para que no se cree la autocensura por miedo.

En el informe ¿Quién está matando periodistas en Centroamérica? el Comité de Protección para Periodistas (CPJ) recomienda a los gobiernos de Guatemala y Honduras investigar a profundidad los asesinatos de hombres y mujeres que se dedican a esta profesión, una situación que está llevando a la autocensura.

"El CPJ ha documentado una escalada en el número de asesinatos de periodistas tanto en Honduras como Guatemala. Lamentablemente las investigaciones entornó todos estos crímenes no se resuelve en la justicia", dijo Carlos Lauría, representante del CPJ a la Voz de América.

Como parte de la investigación, se descubrió que en la mayoría de los casos los crímenes quedan impunes lo que no permite identificar a los autores no solo materiales sino también intelectuales y las razones exactas que llevaron a cometer los crímenes.

"[Esto] crea un clima de miedo, de temor e intimidación que conduce a la censura, y eso es lo que está pasando en Honduras. El problema ya excede la cuestión periodística para convertirse en un problema de afectación de derechos humanos fundamentales la libertad de expresión y el acceso a la información", agregó Lauría.

El informe recomienda a las autoridades incluir los nombres de los autores intelectuales en los expedientes judiciales, así como facilitar las investigaciones con los recursos necesarios como apoyo político y seguridad adecuada.

En el reporte realizado por la periodista Sara Rafsky del CPJ se citan los casos de varios periodistas asesinados y de otros que han sido amenazados por investigar las actividades del crimen organizado.

El reporte también concluye que la “violencia generalizada y la ruptura del ya de por sí limitado estado de derecho es debido al auge de la delincuencia organizada”.

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