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Corte Suprema favorece privacidad en rastreo de celulares


La policía generalmente necesitará una orden judicial para rastear los movimientos de un sospechoso a través de los registros telefónicos.

La Corte Suprema dictaminó el viernes que la policía, en la mayoría de casos, necesita una orden si quiere rastrear los movimientos de un sospechoso a través de la información registrada en sus teléfonos móviles.

La decisión de los jueces, que se alcanzó con una votación de cinco a favor y cuatro en contra, marca un gran cambio en cómo la policía podría obtener los registros de las torres de telefonía móvil, una herramienta importante en las investigaciones criminales.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, junto con los cuatro jueces liberales del máximo tribunal, dijo que la información sobre la ubicación de los celulares es “detallada, enciclopédica y es recopilada fácilmente”. Roberts escribió que “los individuos tienen una expectativa legítima de privacidad en el registro de sus movimientos físicos'', mientras son capturados por las torres de telefonía móvil.

Roberts señaló que la decisión de la corte se limita a la información de rastreo móvil y no afecta a los registros de otros negocios, incluyendo los bancarios. También escribió que la policía aún puede responder a una emergencia y obtener registros con una orden.

Los jueces Anthony Kennedy, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch redactaron cada uno opiniones discrepantes. Kennedy escribió que el “curso nuevo y desconocido de la corte inhibirá la aplicación de la ley” y “mantendrá a los acusados y a los jueces adivinando durante los años venideros”.

La corte falló en el caso de Timothy Carpenter, quien fue sentenciado a 116 años de prisión por su papel en una serie de robos en tiendas de Radio Shack y T-Mobile en Michigan y Ohio. Los registros de las torres de telefonía móvil que los investigadores usaron sin una orden judicial reforzó el caso en contra de Carpenter.

Los investigadores obtuvieron los registros de la torre de telefonía móvil con una orden de una corte que requería un estándar más bajo que una causa probable para obtener una orden judicial. Una causa probable requiere pruebas contundentes de que la persona cometió un delito.

Los jueces en el juicio de Carpenter decidieron que no era necesario una orden, se rehusaron a eliminar los registros y una corte federal de apelación estuvo de acuerdo con ello.

El gobierno de Trump dice que las decisiones de cortes de menor instancia deben mantenerse. La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), que representaba a Carter, dijo que una orden proveería protección contra intromisiones innecesarias por parte del gobierno.

La administración dependía en parte de una decisión de la Corte Suprema de 1979 que daba un tratamiento distinto a los registros telefónicos que a la conversación de una llamada telefónica, para la cual sí que era requerida una orden judicial. El caso involucraba una casa que tenía un solo teléfono y la corte dijo que las personas no tenían expectativas de privacidad en los registros de llamadas hechos y mantenidos por la compañía telefónica. La corte decidió que el caso de 1979 había sucedido antes de la era digital.

En los últimos años, la Corte Suprema ha reconocido los efectos de la tecnología en la privacidad. En 2014, la corte decidió de manera unánime que la policía generalmente debe obtener una orden judicial para revisar los celulares de las personas que arrestan.

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