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Orden de retirar fondos a ciudades santuario es "inconstitucional", dice Corte de Apelaciones


El presidente estadounidense, Donald Trump, durante un mitin el martes en Tampa, Florida. Una corte de apelaciones en California falló que la orden del mandatario que no cooperan con las autoridades de inmigración excede la autoridad presidencial.

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenaza con retener fondos a “ciudades santuario” que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración es inconstitucional, pero un juez fue muy lejos cuando bloqueó su aplicación en todo el país, dictaminó el miércoles una corte de apelaciones de Estados Unidos.

En un fallo de 2-1, la Novena Corte de Apelaciones del Circuito de EE.UU., en California, acordó que la orden excedía la autoridad del presidente.

"En ausencia de la autorización del Congreso, la administración no puede redistribuir ni retener los fondos apropiados de forma correcta para llevar a cabo sus propios objetivos de política", escribió el juez en nombre de la mayoría, Sidney Thomas.

Pero también dijo que no había pruebas suficientes para apoyar una prohibición a nivel nacional de la orden y envió el caso al tribunal inferior para más audiencias sobre esa cuestión.

Un correo electrónico a un vocero del Departamento de Justicia de EE.UU., no obtuvo una respuesta inmediata.

El juez de distrito William Orrick, dijo en noviembre que la orden amenazaba a todos los fondos federales y que el presidente no tenía la autoridad para asignar nuevas condiciones al gasto que fue aprobado por el Congreso.

El fallo se produjo en demandas presentadas por dos condados de California: San Francisco y Santa Clara. La orden ejecutiva potencialmente puso en peligro cientos de millones de dólares en fondos para los dos condados, dijo Orrick, citando comentarios de Trump y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, como evidencia del alcance del pedido.

El fiscal general de EE. UU., Jeff Sessions, durante una conferencia de prensa en el edificio Moakley Federal Building en Boston, Massachusetts.
El fiscal general de EE. UU., Jeff Sessions, durante una conferencia de prensa en el edificio Moakley Federal Building en Boston, Massachusetts.

La administración Trump dijo que la orden se aplicaba a una cantidad relativamente pequeña de dinero que ya requería el cumplimiento de la ley de inmigración.

El abogado del gobierno, Chad Readler, le había dicho a Orrick que la orden se aplicaba solo a tres subvenciones del Departamento de Justicia y Seguridad Nacional que afectarían en menos de $1 millón para Santa Clara, y posiblemente nada de dinero para San Francisco.

Durante las discusiones ante el noveno circuito en abril, Thomas preguntó qué se suponía que debía hacer el tribunal sobre las declaraciones de Trump y su administración acerca de querer retener dinero de las ciudades santuario.

Thomas también cuestionó si la orden sería constitucional si se aplicara a todos los tipos de fondos, como lo encontró el juez de la corte inferior.

Readler dijo que la orden era mucho más limitada y que los jueces no deberían centrarse en los comentarios del presidente u otros funcionarios del gobierno.

La orden ejecutiva es parte de un esfuerzo de la administración Trump para tomar medidas enérgicas contra ciudades y estados que generalmente no cumplen con las autoridades de inmigración de EE.UU.

Manifestantes frente a un tribunal donde se estaban presentando argumentos en una demanda que desafía la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de retener fondos de las comunidades que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración.
Manifestantes frente a un tribunal donde se estaban presentando argumentos en una demanda que desafía la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de retener fondos de las comunidades que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración.

​La administración ha demandado a California por tres leyes destinadas a proteger a los inmigrantes en el país de manera ilegal. También se ha movido para bloquear una subvención clave de seguridad pública para ciudades y estados santuarios.

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La administración Trump dice que las jurisdicciones santuario permiten que criminales peligrosos vuelvan a la calle. San Francisco y otras ciudades santuario dicen que convertir a la policía local en agentes de inmigración erosiona la confianza necesaria para que la gente informe del delito.

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