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Colombianos votan para controlar la corrupción, ¿podrán bajar el salario de los políticos?


La consulta es válida si consigue el umbral de 12’140.342 votos, el equivalente a la tercera parte de los electores que componen el censo electoral en Colombia. (Imagen de archivo - Elecciones legislativas, marzo 11, 2018)

Este 26 de agosto, los colombianos asisten a las urnas para participar en la primera consulta popular, a nivel nacional, que pretende endurecer y castigar a los funcionarios públicos corruptos.

Tras más de un año de gestión del Partido Verde, uno de los más jóvenes y no tradicionales del país, este mecanismo de participación fue avalado en plenaria del senado colombiano, en junio de este año. Obligar a los políticos a rendir cuentas, disminuir el salario de los congresistas, cambiar la forma como se aprueba el presupuesto y limitar el tiempo de los mandatarios en puestos públicos son algunos de los puntos que se votarán en la consulta que incluye siete preguntas relacionas con el tema.

Según el Índice de Transparencia Internacional 2017, Colombia ocupa el puesto 96 entre 180 países, obteniendo 37 puntos de 100.

La senadora Angélica Lozano, una de las principales promotoras de la consulta, en entrevista con la Voz de América, afirmó que se optó por este mecanismo para evitar trabas de proyectos de ley pasados que buscaban combatir la corrupción y que han sido truncados en el congreso, en los últimos años. De ser aprobada, dice ella, se permitirá que “la clase política, que no permite autoreformarse, sea reformada por mandato ciudadano. La pone a rendir cuentas. Son medidas que van al fondo de la estructura del poder que ha hecho que nuestro país tenga altos índices de corrupción, el más desigual de América Latina”.

¿Paga o no invertir en este voto?

A pesar de que el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que votará en la consulta, congresistas de su partido Centro Democrático –dirigido por el expresidente Álvaro Uribe– han promovido una campaña en redes sociales con el numeral ‘Sin gastar 300 mil millones’, que promueve la idea de que la propuestas se pueden aprobar con leyes en el Congreso, sin caer en el alto gasto de dinero del voto del domingo 26 de agosto.

Otro de los fuertes críticos de la consulta es el constitucionalista y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, quien considera que esta no produce efectos jurídicos porque, a través de ella, no se puede reformar la constitución y, según él, dos de las siete preguntas tienen este propósito. “Las otras cinco se refieren a temas de ley y, en algunos casos, proponen reglamentaciones que ya existen. (…) La consulta se reduce a una manifestación pública”, dijo en declaraciones a la Voz de América.

Los promotores se defienden, al considerar que son reglamentaciones aún inexistentes y que, precisamente, buscan ser fijadas de manera clara: “Por única vez en la historia de Colombia, se ejerce este derecho para imponerle, obligar a la clase dirigente, política a adoptar unos cambios que ellos han negado, durante 25 años”, señaló Lozano.

Pablo Sanabria, director de posgrados de Escuela de Gobierno Universidad de Los Andes, ve positivo el que la gente participe en estos procesos. De ser aprobada la ley, tiene un impacto simbólico muy importante en Latinoamérica, explicó. Para él, hay temas que ya existen y la ley podría fortalecer su implementación; además, que podrían compartirse con otros países.

James Bargent, investigador del Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario y de la Fundación Insight Crime, dice que el Congreso, en Colombia, es visto como una de las instituciones más corruptas del país y estamos en un momento donde, en la región, este es un tema de la agenda diaria y, si hay aprobación, es una manera de reconocerlo.

“No estoy diciendo que las propuestas no van a hacer nada, pero la corrupción en Colombia es algo tan profundo y endémico que necesita más iniciativas, una generación de cambios de leyes, de investigaciones, de condenas. Esta propuesta mejorará la situación, pero no va a cambiar todo. Sería un gran inicio”, dijo a la Voz de América.

La consulta es válida, si consigue el umbral de 12’140.342 votos, equivalente a la tercera parte de los electores que componen el censo electoral. Cada voto necesita un umbral aprobatorio; es decir, un ‘sí’ de la mitad más uno de los votos válidos. De ser aprobada la consulta, se tiene un año para implementarla; si no está listo el proceso, el presidente queda facultado para expedirlo por decreto en los 15 días siguientes al año de plazo vencido.

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