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CIDH critica mortal represión durante protestas en Nicaragua


"Dado el impacto que una reforma al sistema del seguro social puede generar en el goce de diversos derechos humanos debe tenerse en cuenta no sólo una perspectiva económica o financiera sino sobre todo de derechos humanos", aconseja el Comité Interamericano de Derechos Humanos al gobierno de Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de al menos 25 personas en Nicaragua, entre ellos un periodista, en el marco de la represión a las protestas contra el anuncio de reformas al sistema de seguridad social.

En un comunicado, la CIDH hace alusión también a las decenas de heridos, y cierre de medios de comunicación que ocurrieron durante las protestas, y
recuerda al gobierno de Daniel Ortega que "los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público".

Y afirma que "la represión directa a los manifestantes o la detención arbitraria de manifestantes es incompatible con el derecho de manifestar su opinión pacíficamente".

La organización de derechos humanos de la OEA enfatiza que la violencia de "algunos grupos o personas" en una manifestación "no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas".

Los operativos de seguridad, deben ser planificados bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo, dice la CIDH.

Añade la organización de derechos humanos que los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones "violan la libertad de expresión", la orden oficial de retirar canales de televisión del aire, si es verdad, "constituiría una forma de censura" y atentaría contra el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de alta relevancia pública.

La CIDH exhortó a las autoridades a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes.

También instó al Estado a garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social.

La Comisión destacó que es importante que las autoridades "contribuyan decisivamente" a construir un clima de tolerancia y respeto donde todas las personas puedan expresarse sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas.

El Comité saludó la decisión del gobierno de retirar la propuesta de reforma al sistema de pensiones y subrayó la importancia de establecer espacios de diálogo incluyentes y participativos con la población en general.

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) indicó que la participación y el acceso a la información, junto al principio de igualdad y no discriminación, "son elementos consustanciales al derecho a la seguridad social", especialmente en la adopción de decisiones que le pueden generar impactos regresivos.

La CIDH y su Relatoría Especial DESCA recordaron al Estado nicaragüense que, según el Protocolo de San Salvador, ratificado por Nicaragua en 2010, "las restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en dicho tratado, sólo pueden llevarse a cabo mediante leyes promulgadas" con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

"Un decreto presidencial no resulta la vía adecuada para la realización de reformas que supongan retrocesos en relación con los niveles de progreso ya alcanzados por Nicaragua" en el cumplimiento de obligaciones relativas a DESCA, señala el comunicado, indicando que la CIDH solicitará formalmente la anuencia del Estado para realizar una visita de trabajo a Nicaragua.

Campesinos llaman al paro en apoyo de estudiantes

Entretanto en Nicaragua,los campesinos llamaron este martes a un paro nacional hasta que se cumplan las exigencias de los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).

Los estudiantes piden la liberación inmediata de los más de 200 jóvenes y profesores que están detenidos, el cese de la represión gubernamental, libertad de expresión y la renuncia "inmediata" de la primera comisionada y jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera; de Francisco Díaz, subdirector general de la Policía, y del presidente Daniel Ortega así como de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo.

La Conferencia Episcopal del país se pronunciará este martes sobre la propuesta de diálogo del gobierno, después que los empresarios privados, agrupados en el Cosep pidieron a los obispos decidir cuándo aceptar el diálogo.

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, ha convocado a una peregrinación para el sábado para orar por la paz en Nicaragua.

El presidente Ortega, presionado por las demandas de la Iglesia Católica y sectores de la sociedad civil ordenó la liberación este martes de los jóvenes detenidos en las cárceles de El Chipote y el Sistema Penitenciario Nacional; y ordenó la reapertura de la señal de los canales de televisión censurados hace cinco días, entre ellos Canal 100% Noticias.

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La Universidad Centroamericana (UCA), uno de los principales lugares de enfrentamientos entre turbas oficialistas y estudiantes el miércoles, en el primer día de las protestas, informó que reanudará sus labores el miércoles 25 de abril, aunque las clases continuarán suspendidas hasta nuevo aviso.

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