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Bolivia: 1.200 arrestados por no acatar orden de cuarentena


Los policías y militares refuerzan los controles para evitar que la población salga de sus domicilios y cumplan con la cuarentena total.
Los policías y militares refuerzan los controles para evitar que la población salga de sus domicilios y cumplan con la cuarentena total.

1221 personas arrestadas y 745 vehículos fueron multados a nivel nacional por no cumplir con la cuarentena dictada por la presidente Jeanine Áñez.

Este jueves, el comandante general de la policía de Bolivia, Rodolfo Montero Torrico, dio a conocer la cifra de personas que no cumplieron con la orden de cuarentena.

“Hay mas personas arrestadas en la ciudad de Santa Cruz seguido de la ciudad de Cochabamba, son pequeños sectores los que no acatan pero con la nueva medida estamos seguros que habrá mayor concientización“, añadió la autoridad.

Los policías y militares refuerzan los controles para evitar que la población salga de sus domicilios y cumplan con la cuarentena total.

Según la normativa de Bolivia las personas que no cumplan con la cuarentena dictada por el gobierno, deberán pagar el monto de 1.000 Bs y cumplir con un arresto de 8 horas.

Los vehículos deben llevar permiso de circulación y carnet de identidad el conductor, las personas que salgan a comprar alimentos de primera necesidad deben portar de manera imprescindible el carnet de identidad, esto con la finalidad de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones del gobierno central de Bolivia.

Las células de identidad que terminen en el número 1 y 2 solo podrán salir los lunes, 3 y 4 los martes, 5 y 6 los miércoles, 7 y 8 los jueves, y viernes los que finalicen en 9 y 0, sábados y domingos no podrá salir de sus domicilios.

Asimismo, la situación causada por el coronavirus, ha llevado a que muchos bolivianos actúen con miedo y están impidiendo que personas de otros estados o provincias lleguen a sus regiones por temor a que sean portadoras del coronavirus.

Sobre esto, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, dijo que esa actitud es como un atentado a la salud pública que puede tener una pena de hasta 10 años de cárcel.

Esto sucede tras un reporte de arrestos de tres dirigentes vecinales, por impedir el ingreso de un paciente sospechoso de coronavirus que llegó de Copacabana y que estaba siendo trasladado al hospital de Chacaltaya.

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