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Enviado a prisión Carlos Romero, exministro de Evo Morales


El exministro del gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, es escoltado por la policía desde su audiencia en la corte después de que un juez ordenó que permaneciera bajo custodia en la Corte Suprema en La Paz, Bolivia, el jueves 16 de enero de 2020.
El exministro del gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, es escoltado por la policía desde su audiencia en la corte después de que un juez ordenó que permaneciera bajo custodia en la Corte Suprema en La Paz, Bolivia, el jueves 16 de enero de 2020.

Carlos Romero, un alto funcionario de la administración de Evo Morales, guardará prisión preventiva por disposición de un juzgado anticorrupción mientras es investigado en el país suramericano.

El ex primer ministro es acusado de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en el mantenimiento de helicópteros designados para la lucha contra el narcotráfico.

Eel juez consideró que había peligro de fuga, por lo que el exministro deberá defenderse de las acusaciones de corrupción desde la cárcel. Andrés Zúñiga, abogado defensor de Romero dijo que ha apelado la decisión, informó.

Romero, quien estuvo al lado de Morales durante sus casi 14 años de mandato, comandó la lucha contra el narcotráfico y fue un negociador de conflictos.

Después de la renuncia del expresidente de Bolivia el 10 de noviembre, no tuvo más apariciones públicas hasta la semana pasada después de ser visto llegando a su domicilio. Días más tarde fue conducido a una clínica por deshidratación, estrés y depresión, y posteriormente llevado a la Fiscalía a declarar.

La diputada Rosemary Sandoval hizo en febrero de 2019 una denuncia por acuerdos directos con un grupo familiar por más de 60 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros designados a la lucha contra las drogas.

La justicia boliviana también tiene denuncias contra otras nueve exautoridades, cinco de ellos exministros. Todos están asilados en la residencia diplomática de México en La Paz y han sido denunciados por las autoridades del gobierno interino de Jeanine Áñez por los delitos de fraude electoral, sedición y terrorismo.

De acuerdo con una cita de INFOBAE Romero se considera “un perseguido político” y asegura que no se han respetado sus derechos al no considerar su estado de salud.

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