Decenas de miles de migrantes centroamericanos pasan cada año por México de camino a Estados Unidos, en una peligrosa jornada.
Solo un pequeño grupo llega a la frontera sin ser robado, golpeado o violado, sea por ladrones o agentes mexicanos.
Rafael Lara Grajales es un pueblo en el medio de la ruta que lleva a Estados Unidos, una estación ferroviaria donde los trenes hacen escala de una hora, y donde sus habitantes rara vez rechazan a los migrantes.
Siempre hay allí unos pocos pesos o un taco para ellos.
La simpatía de los pobladores se convirtió en activismo el pasado 12 de octubre, cuando gente golpeada o herida comenzó a salir de una de las casas.
Más de 60 personas que estaban en la residencia dijeron que habían sido recogidos por la policía, la cual los entregó a unos secuestradores.
Los criminales los encerraron en la casa, les robaron el dinero y pertenencias y los obligaron a desnudarse.
Los rehenes fueron golpeados y torturados para que dieran el nombre de sus familiares, a quienes los delincuentes pedían un rescate de hasta 5 mil dólares por su liberación. Muchos dicen haber estado detenidos por días y que pocos fueron dejados en libertad pese a que se pagaron las recompensas.
Esa tarde del 12 de octubre la ira y el temor ayudaron a los rehenes a rebelarse contra dos de sus captores presentes, quienes huyeron luego de apuñalear a una persona.
Los pobladores de Rafael Lara Grajales, que celebraban el Día de Colón, vieron salir a los cautivos y les ayudaron dándoles ropa, comida y restañando sus heridas.
A los que no huyeron, cerca de dos docenas, les dieron refugio, y cuando llegó la policía, ayudaron a capturar a dos de los presuntos secuestradores y otras dos cómplices que estaban alojadas en un hotel local.
Pero la policía también encerró a los migrantes con los bandidos y el pueblo se indignó, porque creía que los agentes estaban conspirando con los secuestradores para dar muerte a los indocumentados.
La gente apedreó el vehículo y lo rodeó frente al municipio, rescatando a los migrantes y ayudándolos a huir. Dos camionetas de la policía fueron incendiadas y en el enfrentamiento, ocho personas fueron detenidas.
Al final, buscando puerta por puerta, los policías re-arrestaron a 21 migrantes. 15 han sido deportados y seis están detenidos para que sirvan como testigos de los eventos del 12 de octubre.
Los cuatro presuntos secuestradores enfrentan cargos de contrabando de personas y secuestro y están detenidos en Puebla.
La fiscalía dijo que las autoridades han absuelto de culpa a cinco policías que estaban de turno el día de los hechos, pero continúan investigando otros cinco agentes.
Funcionarios de derechos humanos del estado dicen que empezaron a recibir informes de abuso policial a migrantes en el pueblo desde marzo. El alcalde Juan Abundio Torres, rechazó las acusaciones de corrupción y dijo que la protesta fue provocada por sus oponentes políticos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga cómo la policía y el gobierno manejaron la situación.