Una corte en Tokio dictaminó que los japoneses que emigraron a la República Dominicana a fines de la década de 1950, por designio del gobierno, no pueden reclamar daños por las penurias que pasaron en el país centroamericano.
Más de 170 emigrantes demandaron al gobierno japonés por daños y perjuicios, en 2000, sosteniendo que su vida en la República Dominicana era un “infierno” en lugar del “paraíso” que esperaban.
El tribunal japonés sobreseyó la demanda hoy, miércoles, diciendo que los derechos de los demandantes a reclamar daños ya habían expirado.
No obstante, la corte dictaminó que el Estado sí fue responsable por los sufrimientos de los emigrantes.
La mayoría de los emigrantes regresó a Japón en la década de 1960, con apoyo del gobierno, si bien unas 50 familias permanecieron en Latinoamérica.