El Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de difusión en Argentina, anunció que se fragmentará en seis empresas diferentes con intención de acatar la Ley de Medios promulgada por el gobierno y ratificada la semana pasada por la Corte Suprema.
Según un comunicado emitido por la empresa, el grupo “ha decidido separar sus licencias audiovisuales en seis diferentes unidades de negocio, cada cual respetuosa de los límites” establecidos por la legislación.
La ley limita el número de licencias de radio y televisión abierta y por cable que puede poseer un solo dueño, y faculta al gobierno para liquidar las que no se ajusten a lo establecido.
Algunos de sus artículos, de acuerdo con Clarín, se contraponen a la Constitución argentina y además a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El comunicado alude a la vieja controversia entre el grupo y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, y señala que el objetivo de éste es claro: “hacerse de los pocos medios (de prensa) críticos que aún quedan en la Argentina”.
Clarín aclara que se ha dividido obligado por “las circunstancias” y asegura estar convencido de que “en ningún país civilizado el Estado puede desconocer retroactivamente licencias que él mismo otorgó”.
No lo hicieron siquiera “países como Venezuela o Ecuador”, agrega, refiriéndose a estados cuyos respectivos gobiernos han declarado una guerra abierta contra medios de prensa privados.
Según un comunicado emitido por la empresa, el grupo “ha decidido separar sus licencias audiovisuales en seis diferentes unidades de negocio, cada cual respetuosa de los límites” establecidos por la legislación.
La ley limita el número de licencias de radio y televisión abierta y por cable que puede poseer un solo dueño, y faculta al gobierno para liquidar las que no se ajusten a lo establecido.
Algunos de sus artículos, de acuerdo con Clarín, se contraponen a la Constitución argentina y además a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El comunicado alude a la vieja controversia entre el grupo y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, y señala que el objetivo de éste es claro: “hacerse de los pocos medios (de prensa) críticos que aún quedan en la Argentina”.
Clarín aclara que se ha dividido obligado por “las circunstancias” y asegura estar convencido de que “en ningún país civilizado el Estado puede desconocer retroactivamente licencias que él mismo otorgó”.
No lo hicieron siquiera “países como Venezuela o Ecuador”, agrega, refiriéndose a estados cuyos respectivos gobiernos han declarado una guerra abierta contra medios de prensa privados.
