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¿Qué es la Ley de Libertad y qué esperar de nuevas medidas de EE.UU. contra Cuba?


El gobierno de Donald Trump anunció esta semana que permitirá a ciudadanos estadounidenses demandar a docenas de empresas cubanas y entidades que fueron nacionalizadas tras la llegada al poder del fallecido expresidente cubano Fidel Castro a partir de 1959.

El gobierno de Donald Trump anunció esta semana que permitirá a ciudadanos estadounidenses demandar a docenas de empresas cubanas y entidades que fueron nacionalizadas tras la llegada al poder del fallecido expresidente cubano Fidel Castro a partir de 1959.

La medida, que comenzará a aplicarse a partir del próximo 19 de marzo, revive uno de los acápites hasta ahora sin aplicar de la ley Helms Burton o Ley de Libertad (Libertad Act) de 1996.

Lea: EE.UU. autoriza demandas contra entidades cubanas.

La medida busca intensificar la presión contra La Habana, a quien el gobierno del presidente Donald Trump critica por apoyar al presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro.

El anuncio realizado el lunes posterga unos 30 días más, hasta al menos el 17 de abril, parte de la citada ley en virtud de la cual los estadounidenses podrán también llevar a tribunales a las firmas extranjeras que negocian o "trafican" con propiedades estadounidenses nacionalizadas décadas atrás.

A pesar de que el gobierno de la isla dio luz verde al emprendimiento privado en los últimos años, la mayor parte de la economía cubana está bajo el control del Estado y es con frecuencia operado por un "holding" militar conocido como GAESA (consorcio de empresas administradas por militares). La medida tiene la intención de afectar este sector.

Qué es la Ley Helms Burton o LIBERTAD ACT de 1996

El 12 de marzo de 1996, el presidente de EE.UU. William Clinton firmó y puso en vigor la Ley de la libertad cubana y solidaridad democrática (LIBERTAD ACT), también conocida por los nombres de sus impulsores, el senador republicano por Carolina de Norte, Jesse Helms y, el representante demócrata por Illinois, Dan Burton.

En su introducción, la ley indica que busca sanciones internacionales contra el gobierno de (Fidel) Castro en Cuba y planificar el apoyo a una transición que conduzca a un gobierno elegido democráticamente en Cuba.

La iniciativa fue respaldada desde entonces por políticos estadounidenses de origen cubano y estadounidenses opuestos a la política de La Habana.

"Hoy se espera que Estados Unidos tome el primero de una serie de pasos para que el gobierno cubano rinda cuentas por 60 años de crímenes e ilegalidad", escribió en su cuenta en Twitter el senador republicano por Florida, Marco Rubio, poco antes del anuncio del Departamento del Estado el lunes.

¿Qué es el Título III? ¿A cuántas empresas afecta?

El Título III de la ley, que apunta directamente a los extranjeros y compañías foráneas que tienen tratos con empresas de la isla que antes fueron propiedad estadounidense, ha sido aplazado hasta ahora, -cada seis meses-, por todos los presidentes de EE.UU. desde Clinton en 1996.

En uno de sus acápites establece que cualquier compañía no estadounidense que negocie con Cuba puede ser castigada legalmente y sus representantes impedidos, por ejemplo, de obtener visas para ingresar en territorio de Estados Unidos.

"Son aproximadamente 200 empresas del Estado cubano que pueden ser demandadas una vez el Titulo III sea activado", explicó Robert Muse, abogado y experto en leyes y temas vinculados a la política estadounidense hacia la isla.

Muse aseguró que una vez activado el mecanismo no hay marcha atrás posible.

¿Es simbólica la aplicación del Título III?

"Va un poquito más allá de la simbología ya que permite pleitos legales. El problema es que a la hora práctica la autorización está restringida meramente a empresas cubanas y no a empresas extranjeras que son inversionistas o gestores en Cuba", dijo a la Voz de América, Pedro Freyre, director del Departamento Legal Internacional de la firma Akerman, basada en Miami.

Explicó que "recuperar daños y perjuicios de una empresa cubana es un tanto difícil".

Sin embargo, dijo que "le crea un riesgo reputacional y regulatorio a las empresas extranjeras" que accionan con La Habana.

Freyre señaló que los extranjeros que actualmente invierten en propiedades expropiadas a estadounidenses en Cuba como puede ser fábricas de tabacos, emprendimientos mineros y hoteleros, cuya parte cubana sea llevada y sancionada en tribunales estadounidenses, no estaría directamente implicada pero sí podría enfrentar riesgos y dificultades legales posteriores.

"Si es una empresa grande que quiera luego invertir en Estados Unidos va a encontrar que eso impacta sus estados financieros y puede impactar su registro ante la bolsa de Nueva York, por ejemplo, así que ahí es donde viene el riesgo para empresas grandes que están en Cuba", dijo Freyre.

¿Qué permitiría la aplicación total de la ley?

El levantamiento completo de la prohibición podría permitir que miles de millones de dólares en demandas avancen en tribunales de Estados Unidos y, probablemente, enfrente la oposición de socios europeos y Canadá, cuyas compañías tienen importantes participaciones en Cuba.

Además, podría perjudicar a algunas compañías estadounidenses que han comenzado a invertir en la isla tras la apertura política y comercial que inició el expresidente Barack Obama.

Permitir que la disposición entre en vigencia, incluso de manera limitada, podría socavar los esfuerzos del presidente cubano Miguel Díaz-Canel para fomentar la inversión extranjera y promover el turismo.

La agencia Reuters citó a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado quien habría asegurado que el gobierno de Trump consultó con Canadá y socios europeos en sobre cómo proceder.

Lo que opina el gobierno de Cuba

Las autoridades de la isla rechazaron rápidamente el lunes lo que catalogan como el recrudecimiento del embargo que aplica Washington desde hace seis décadas.

El actual presidente Miguel Díaz Canel dijo en su cuenta en Twitter: "Señores imperialistas aprendan de una vez: la dignidad es invencible".

"El ministerio de Relaciones Exteriores rechaza en los términos más enérgicos la nueva escalada en la conducta agresiva de Estados Unidos contra Cuba (...) Esta ley descansa sobre dos mentiras fundamentales: la noción de que las nacionalizaciones llevadas a cabo poco después del triunfo revolucionario fueron ilegítimas o indebidas y que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo la declaración de la cancillería cubana que fue divulgada por medios locales.

El texto sostiene que "todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada que el gobierno de Estados Unidos se negó a considerar".

"Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en Cuba como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia", aclaró la nota oficial cubana.

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