El Tribunal de Defensa de la Competencia ha impuesto a Telefónica una multa de 57 millones de euros, por "afectar gravemente al proceso liberalizador" de la telefonía fija en España, al poner trabas al proceso de preselección de llamadas.
Esta multa, la mayor de la historia del referido tribunal será apelada por Telefónica.
La penalización es el resultado de una denuncia interpuesta por la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones, ASTEL, en diciembre del 2000, al considerar que la compañía dificultaba la preselección de llamadas por parte de sus clientes, la cual permite que un cliente pueda llamar desde su teléfono fijo a través de otras operadoras sin tener que marcar un prefijo previo.
Por este procedimiento, las nuevas operadoras pueden hacerse con nuevos clientes, por lo que se considera un instrumento fundamental para potenciar el incremento de la competencia en la telefonía fija, donde Telefónica de España sigue controlando la mayoría del mercado.