El presidente venezolano Nicolás Maduro ha asegurado estar dispuesto a hablar con la oposición para dar solución a la crisis en el país y de hecho ya lo hizo oficialmente dos veces, pero la intención del gobierno parece ser la de entablar un diálogo de sordos.
Una de las principales demandas de los opositores, la promulgación de una amnistía para los presos políticos durante las protestas antigubernamentales que dieron inicio hace más de dos meses, ha sido rechazada de plano por el presidente Maduro.
Como resultado de las manifestaciones más de dos mil personas han sido arrestadas, pero solo 406 fueron liberadas, mil 314 se hallan en libertad bajo medidas cautelares, y 96 son mantenidas en prisión, según el Foro Penal Venezolano.
En adición a decenas de estudiantes presos, las autoridades tienen encarcelado ya desde hace dos meses al líder opositor Leopoldo López—acusado entre otros cargos de asociación para delinquir—, y a dos alcaldes, a quienes condenaron a penas de prisión por no impedir las protestas populares.
De hecho, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, declaró esta semana que Venezuela necesita una ley de amnistía y que la iglesia no entendía por qué líderes opositores como Leopoldo López tenían que estar en celdas “incomunicados”.
En otra muestra de intolerancia y persecución política sin tregua contra sus críticos más relevantes, el gobierno venezolano destituyó de su cargo a la diputada opositora María Corina Machado.
El propio José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, un organismo que por mayoría de sus estados miembros ha rehusado actuar contra la represión en Venezuela, señaló que la destitución de Machado no era “la mejor salida” para el diálogo.
Amnistía Internacional figura entre las numerosas instituciones que han demandado al gobierno de Venezuela respeto a los derechos humanos y han increpado a un diálogo político sin violencia, pero los hechos ponen de relieve que las autoridades no escuchan esos reclamos.
Coincidiendo con la celebración del Viernes Santo, manifestantes de nuevo protestaron la víspera contra el gobierno en las calles del municipio capitalino de Chacao y fueron reprimidos por la policía con bombas lacrimógenas.
Representantes del movimiento estudiantil venezolano, que ha estado en la vanguardia de las protestas, reiteraron esta semana que no se sentarán a dialogar con el gobierno mientras no se cumplan sus exigencias.
Entre estas están una amnistía para los jóvenes detenidos durante las protestas, que el diálogo se dé con el nuncio apostólico y un representante de la Conferencia Episcopal Venezolana como mediadores y que las reuniones sean transmitidas por radio y televisión.
Pero el gobierno ha desoído la petición, y esta misma semana fue el propio presidente Maduro quien minimizó las expectativas del diálogo cuando afirmó que no piensa “retroceder ni un milímetro” y descartó que las protestas vayan a abrirle paso a un cambio en el país.
Una de las principales demandas de los opositores, la promulgación de una amnistía para los presos políticos durante las protestas antigubernamentales que dieron inicio hace más de dos meses, ha sido rechazada de plano por el presidente Maduro.
Como resultado de las manifestaciones más de dos mil personas han sido arrestadas, pero solo 406 fueron liberadas, mil 314 se hallan en libertad bajo medidas cautelares, y 96 son mantenidas en prisión, según el Foro Penal Venezolano.
En adición a decenas de estudiantes presos, las autoridades tienen encarcelado ya desde hace dos meses al líder opositor Leopoldo López—acusado entre otros cargos de asociación para delinquir—, y a dos alcaldes, a quienes condenaron a penas de prisión por no impedir las protestas populares.
De hecho, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, declaró esta semana que Venezuela necesita una ley de amnistía y que la iglesia no entendía por qué líderes opositores como Leopoldo López tenían que estar en celdas “incomunicados”.
En otra muestra de intolerancia y persecución política sin tregua contra sus críticos más relevantes, el gobierno venezolano destituyó de su cargo a la diputada opositora María Corina Machado.
El propio José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, un organismo que por mayoría de sus estados miembros ha rehusado actuar contra la represión en Venezuela, señaló que la destitución de Machado no era “la mejor salida” para el diálogo.
Amnistía Internacional figura entre las numerosas instituciones que han demandado al gobierno de Venezuela respeto a los derechos humanos y han increpado a un diálogo político sin violencia, pero los hechos ponen de relieve que las autoridades no escuchan esos reclamos.
Coincidiendo con la celebración del Viernes Santo, manifestantes de nuevo protestaron la víspera contra el gobierno en las calles del municipio capitalino de Chacao y fueron reprimidos por la policía con bombas lacrimógenas.
Representantes del movimiento estudiantil venezolano, que ha estado en la vanguardia de las protestas, reiteraron esta semana que no se sentarán a dialogar con el gobierno mientras no se cumplan sus exigencias.
Entre estas están una amnistía para los jóvenes detenidos durante las protestas, que el diálogo se dé con el nuncio apostólico y un representante de la Conferencia Episcopal Venezolana como mediadores y que las reuniones sean transmitidas por radio y televisión.
Pero el gobierno ha desoído la petición, y esta misma semana fue el propio presidente Maduro quien minimizó las expectativas del diálogo cuando afirmó que no piensa “retroceder ni un milímetro” y descartó que las protestas vayan a abrirle paso a un cambio en el país.
