La expansión del sector privado en Cuba podría reducirse muy pronto. El comercio autónomo y no estatal, al que se le dio facilidades en 2010 con el permiso gubernamental para poner negocios en marcha, se vería afectado por una medida del gobierno dirigida a incrementar los derechos de aduana para estos comerciantes.
La poco comentada decisión del gobierno cubano, según un reporte de The New York Times, gravaría las importaciones de los nuevos negocios, pudiendo afectar a los 387.000 autónomos del país que poseen desde negocios de hostelería, transporte privado y arreglos informáticos hasta tiendas urbanas improvisadas.
La decisión puede ser consecuencia de la bajada de ventas de las empresas estatales frente al comercio callejero. “Esto podría tener un inmenso impacto, y muestra que el estado no está preparado para competir con el sector privado”, explicó Emilio Morales al rotativo neoyorkino, presidente de la empresa de Miami Havana Consulting Group.
En los últimos 20 meses, y en paralelo al crecimiento del sector privado, se ha
producido una avalancha de importaciones “extraoficiales” procedentes del extranjero, procedentes de países como los EE.UU., Panamá, Ecuador o España.
Al no poder acceder a la totalidad del mercado, los cubanos han recurrido a amigos, familiares y conocidos para obtener productos de otros países, desde comida a iPhones, unas prácticas que han movido más de 1.000 millones de dólares al año desde el año 2009 con la relajación de restricciones por parte del gobierno Obama, según estimaciones de Morales ofrecidas al periódico estadounidense.
Además, los cubanos han acrecentado su actividad económica, revendiendo casas y vehículos por primera vez en 50 años.
El gobierno cubano, al mismo tiempo, está recurriendo al sector privado en algunas de sus transacciones, como la subcontratación de servicios de construcción a operadores independientes o traspasando pequeños negocios del Estado, como cafeterías o tiendas de reparación, a trabajadores de algunas provincias del país.