América Latina

Condena a El Salvador por masacres

Las matanzas se registraron al principio de la guerra civil que durante 12 años vivió este país centroamericano y según la sentencia de la Corte, fueron llevadas a cabo por el ejército salvadoreño.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes y un residente de El Mozote, colocan una ofrenda floran en el monumento que honra las víctimas de la masacre que tuvo lugar en 1981.
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes y un residente de El Mozote, colocan una ofrenda floran en el monumento que honra las víctimas de la masacre que tuvo lugar en 1981.
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Voz de América - Redacción
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló al estado salvadoreño como responsable del asesinato de campesinos durante las masacres de la región de El Mozote, en 1981 y exigió reabrir las investigaciones.

Las matanzas se registraron al principio de la guerra civil que durante 12 años vivió este país centroamericano y según la sentencia de la Corte, fueron llevadas a cabo por el ejército salvadoreño.

El Mozote y otras localidades aledañas, pertenecientes al departamento de Morazán, en la zona oriental del país, fue una zona de persistente presencia guerrillera, habitadas en ese tiempo por campesinos simpatizantes de los rebeldes y familiares de los combatientes, que constituían “los grupos de masas” que daban apoyo logístico a la guerrilla.

La sentencia de este tribunal, basado en San José, exige reabrir investigaciones y condena a El Salvador a indemnizar a los familiares de al menos un millar de mujeres, hombres, niñas y niños asesinados por el ejército, en lo que calificó en un comunicado de prensa, como "un plan sistemático de represión al que fueron sometidos determinados sectores de la población, durante el conflicto armado interno por el que atravesó El Salvador de 1980 a 1991".

La Corte señaló además que se dieron "diversas violaciones que sufrieron las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas ejecutadas" así como al saqueo y destrucción de sus propiedades, a arrestos y encarcelamientos injustificados, bajo la impunidad.

En virtud de los Acuerdo de Paz firmados en 1992, el gobierno y la guerrilla acordaron una Ley de Amnistía General en base a la cual nunca fueron procesados los responsables de los hechos.

Ya notificado, el estado salvadoreño tendrá que reabrir la investigación contra los sospechosos de realizar las masacres, sobreseída hace 19 años, evitar que la amnistía los proteja y que sean castigados; permitir el retorno de los habitantes desplazados e implementar un programa de desarrollo de la zona afectada y otro de atención a las víctimas sobrevivientes, entre otras medidas.

El presidente salvadoreño Mauricio Funes, en nombre del Estado, ha pedido perdón públicamente por esta y por otras masacres que se dieron durante la guerra.
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