En las discusiones tomaron parte la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen; los senadores Robert Menéndez (demócrata) y Marco Rubio (republicano), y los congresistas republicanos por Florida Mario Díaz-Balart y David Rivera.
Un comunicado difundido por la oficina de Ros-Lehtinen indicó que los representantes de la compañía informaron a los legisladores haberse tomado “muy en serio las acusaciones” y haber abierto una investigación para determinar en qué medida IKEA o sus suministradores pueden haberse visto involucrados en tales prácticas.
Los ejecutivos de la firma fabricante de muebles y artículos del hogar aseguraron a los legisladores que en la actualidad tienen en vigor mecanismos “para prevenir que tales atrocidades se repitan, y que (IKEA) no hace ni hará negocios con el régimen cubano”, dijo el comunicado.
Ros-Lehtinen indicó que seguirá recabando información de IKEA acerca del progreso de la indagación, y que también continuará instando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que inicie una investigación formal sobre el asunto.
“El empleo de prisioneros políticos en trabajos forzosos en cualquier parte del mundo es algo que no debe ser ignorado (…) Estados Unidos debe exigir a las compañías que operen en su territorio que rindan cuenta por sus pasadas transgresiones, no importa el tiempo que haya transcurrido desde que las cometieron”, señaló la congresista.