Políticas represivas contra el narcotráfico serían las principales responsables de la violencia que viven muchos países de Latinoamérica, coincidieron expertos que participan en un foro sobre el tema en Costa Rica.
“Si aceptamos que siempre habrá algún tipo de mercado de drogas, lo que hemos creado es la forma más peligrosa de mercado ilegal, socialmente dañino y con capacidad para corromper instituciones”, dijo Mike Trace, presidente del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas del Reino Unido, durante la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, que reúne a unos 400 expertos, autoridades y diseñadores de políticas de seguridad de la región.
En el encuentro, respaldado por la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), el salvadoreño José Miguel Cruz, catedrático de la Universidad de la Florida, afirmó que el discurso oficial que atribuye todos los problemas de seguridad al narcotráfico solo ha agravado el problema.
Más y más recursos se invierten en “entrenar y equipar cuerpos de seguridad, se recurre a los militares y se crean comandos tácticos especiales”, pero las cifras de homicidios se siguen disparando, afirmó.
Así se ve en Centroamérica, señaló, especialmente Guatemala, El Salvador y Honduras, que exhibe cifras de muertes violentas similares a las que tenía en la década de 1980, en medio de cruentas guerras civiles.
Represión en vez de prevención
Xiuh Tenorio, de la Secretaría de Gobernación de México, afirmó que bajo el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, el país ha revertido la estrategia de guerra frontal implementada por su predecesor, el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), ya que fue un “fracaso”.
Durante la gestión de Calderón se hicieron inversiones enormes en seguridad, el número de policías se incrementó de 12 mil a 37 mil y, paralelamente, la incidencia de homicidios pasó de 11.806 en 2006 a 22.480 en 2011, precisó.
“Todos los delitos se incrementaron prácticamente en un 100% y el consumo de drogas aumentó sostenidamente”, lo cual demuestra el fracaso de la estrategia.
El gobierno mexicano “ha introducido un elemento que estaba ausente del modelo y que ahora es su componente más importante: la prevención social”, aseguró Tenorio.
“Estamos trabajando con más de $200 millones de dólares adicionales en combatir las causas que provocan la drogadicción y la violencia”, algunas de las cuales son el crecimiento de la población, la inequidad social, la desintegración familiar y las deficiencias en la educación.
Según Trace, el mundo tiene que reorganizar sus objetivos y aceptar que siempre habrá una demanda para las drogas en todas las sociedades.
“Esa demanda, junto a la rentabilidad del negocio de la distribución, siempre va a garantizar la existencia de un mercado de las drogas en todas partes del mundo y no es realista intentar eliminar ese mercado con políticas represivas”, expresó.
La respuesta adecuada es enfocar los esfuerzos en mejorar los servicios de tratamiento y fortalecer el sistema de salud para combatir la adicción, según Trace.
