El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas criticó con severidad al gobierno de Cuba por reiterados abusos contra los derechos humanos y demandó una investigación "imparcial, exhaustiva y sin demora" por la muerte de al menos 202 presos en las prisiones de la Isla entre 2010 y 2011.
En un exhaustivo informe, un panel de expertos del comité deploró la nula, escasa o extemporánea información proporcionada por las autoridades cubanas sobre los prisioneros en las cárceles, y destacó el notorio caso del preso político Orlando Zapata Tamayo, muerto a los 42 años de edad tras una prologada huelga de hambre el 23 de febrero de 2010.
También se refirió a la falta de información disponible respecto al caso del opositor político Juan Wilfredo Soto García, de 46 años, quien murió el 8 de mayo de 2011 en la ciudad de Santa Clara, días después de haber sufrido una brutal golpiza por parte de la policía, según denunciaron la propia víctima antes de fallecer y grupos de disidentes.
Los 10 expertos independientes y de diferentes nacionalidades que integraron el comité documentaron numerosos casos de detenciones arbitrarias, y denunciaron “el uso de figuras penales ambiguas como la ´peligrosidad social predelictiva´ para justificar medidas de seguridad, restricciones a la libertad de circulación, operativos de vigilancia invasiva, agresiones físicas y otros actos de intimidación y hostigamiento” contra la población.
El comité dijo disponer de datos sobre cientos de detenciones por corto tiempo, que sólo en lo que va de año ya suman 2.400, y llamó a poner fin a los arrestos en base a “figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas” y también a los llamados “actos de repudio” de turbas progubernamentales que acosan permanentemente a los disidentes y las Damas de Blanco .
Demandó además "garantizar el respeto de las libertades personal y de libre circulación, incluido su derecho a retornar a Cuba, a las personas excarceladas bajo "licencia extrapenal", y criticó “la falta de independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo tanto de la judicatura como de la función de los abogados".
Los expertos criticaron con aspereza el empleo en la isla de “métodos coercitivos en interrogatorios, en particular la privación del sueño, reclusión en condiciones de aislamiento y exposición a cambios bruscos de temperatura” para obtener confesiones mediante “coacción”.
Específicamente sobre la situación en las cárceles, el panel dijo seguir "sumamente preocupado" debido a informes recibidos respecto a “condiciones de hacinamiento, malnutrición, falta de higiene e insalubridad y atención médica inadecuada”.
Aunque las autoridades cubanas niegan tener responsabilidad en las 202 muertes ocurridas en prisiones de la isla entre 2010 y 2011, el comité de la ONU urgió a investigarlas no sólo sin demora sino también de “modo eficaz”, y a permitir de una vez y por todas la visita a la isla del relator especial de la ONU para la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Según uno de los juristas miembro del comité, el gobierno de Cuba se ha comprometido nuevamente a “arreglar una visita” del actual relator, aunque sin precisar fecha. En el pasado, La Habana ya hizo igual compromiso, pero en la práctica durante décadas ha impedido que organizaciones de derechos humanos tengan acceso a las cárceles de la isla.