Una nueva iniciativa legislativa crearía en EE.UU. un ciberimpuesto pues contempla el cobro de tributos fiscales a algunas de las compras que se realicen por Internet.
La nueva ley obligaría a las compañías que ofrecen productos a través de la red, a cobrar gravámenes en las cuentas que estén vigentes en el estado donde resida el comprador, en reemplazo de la decisión adoptada en 1992 por la Corte Suprema "Quill vs. North Dakota", que prohíbe el cobro de impuestos por compras online.
Según diversas fuentes, la medida contempla que si el usuario realiza una compra por Internet a una compañía de otro estado, esa compañía tendría que cobrar el impuesto vigente en donde reside el comprador, recolectar el dinero y luego enviarlo a las arcas del estado correspondiente.
El Departamento de Comercio de EE.UU., ha reportado que las compras por Internet están generando ingresos superiores a los $200 mil millones de dólares. En este sentido se incrementaron 15% en el 2011 respecto al 2010, según la firma especializada comScore.
Varios de los principales vendedores en la red como Amazon, gobiernos estatales y centros comerciales, han manifestado estar de acuerdo con la nueva ley, al considerar que pueden ofrecer mejores precios.
Para David French, vicepresidente de relaciones gubernamentales de la Federación Nacional de Minoristas, la medida acabaría con “la ventaja injusta que tienen los vendedores (en la web) sobre la tienda local”, ya que los consumidores terminan pagando más baratos los productos por Internet sin pagar impuestos, según declaró a la BBC.
De otra parte, compañías como Overstock o eBay, se oponen a la medida tras
argumentar que afectará a las pequeñas tiendas en Internet que no tienen el andamiaje para recolectar el impuesto por venta. Estas empresas ya recolectaron más de 25.000 firmas (online) en contra de la propuesta.
Actualmente, en 45 estados del país es obligatorio pagar impuesto por ventas virtuales, pero las compañías no lo cobran ya que no existe un sistema para hacerlo, situación que causa multimillonarias pérdidas para los gobiernos estatales.