En medio del conflicto que protagonizan los indígenas de la región colombiana del Cauca, quienes buscan expulsar de su territorio tanto a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como al Ejército, un nuevo protagonista está generando mayor polémica.
La exsenadora Piedad Córdoba, quien se ha destacado por mediar en la liberación de los secuestrados en poder de la guerrilla, apareció invitando a los nativos del Cauca a alzarse contra el Gobierno.
“Nosotros en marcha patriótica y con una serie de organizaciones tomamos la decisión de dar a conocer internacionalmente este problema (..) Nosotros vamos a recoger firmas para revocar el mandato a los congresistas e inclusive deberíamos tumbar hasta el presidente de la República”, afirma Córdoba frente a cientos de indígenas en un video revelado por los medios.
El video ha generado varias reacciones entre los funcionarios colombianos. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, pidió que se investigue a Córdoba por los delitos de instigación, asonada, concierto para delinquir, entre otros, tras calificar el documento visual como “noticia criminal”.
Ante esta petición el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, sostuvo que primero analizará el video, para determinar si la exsenadora incurrió en algún delito y posteriormente iniciar la respectiva investigación.
Por su parte, el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pidió a Córdoba no favorecer el terrorismo en el Cauca y resaltó que ella ha hecho “un trabajo humanitario que siempre hemos reconocido y respetado.
“Ojalá se dedicara solamente a eso y no a buscar este tipo de desórdenes y comportamientos que no son buenos para Colombia y que en últimas le hacen un favor al terrorismo", señaló el ministro Pinzón a la prensa.
El conflicto en el Cauca se generó luego de que los indígenas exigieran al presidente de Colombia la expulsión de todos los grupos armados de su territorio, incluyendo las fuerzas del Estado. En medio de la disputa, los nativos desalojaron a la fuerza a cientos de soldados de una base militar, a quienes el gobierno colombiano ubicó nuevamente.
Piedad Córdoba perdió su cargo en el congreso en el 2010, luego de que la Procuraduría General de la Nación la inhabilitó para ejercer cargos públicos por presuntos nexos con la guerrilla de las FARC.