El gobierno colombiano afirmó que el exmagistrado español, Baltasar Garzón no cuenta con un aval de la Presidencia para ser mediador entre los indígenas y el estado, en medio de la polémica que ha generado la acción de los indígenas para expulsar del territorio tanto a las fuerzas del Estados, como a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Garzón, exmagistrado español y actual asesor de la misión de paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia, se reunió este domingo con un grupo de autoridades y consejeros indígenas en la localidad de Miranda para buscar una salida pacífica.
No obstante, el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, afirmó que el jurista no es un vocero oficial del gobierno.
El presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, James Yatacué, dijo que luego de que Garzón actúe como interlocutor entre el presidente y los indígenas, esperan dar el “debate directo” con el mandatario acerca de sus demandas.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, quien visitó Toribío la semana pasada, anunció que no va a retirar a los militares de la zona. Sus dichos fueron rechazados por los líderes indígenas, quienes dijeron que desmantelarían las trincheras de los soldados y los campamentos de las FARC “por la vía de hecho”. Pese a los alegatos de los aborígenes, el mandatario reafirmó su posición este fin de semana: “No hay la más mínima posibilidad de que ordene el despeje (militar) de un solo centímetro de nuestro territorio”, aseguró.
Yatacué explicó que la guardia civil indígena de la zona, compuesta por unos 3 mil miembros, es capaz de mantener el control territorial siempre y cuando la guerrilla también se retire.
La situación en el Cauca afecta a más de 115 mil indígenas que habitan el sector. Unos 2.500 aborígenes y campesinos han sido desplazados. Este fin de semana, una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja entregó ayuda a cerca de 1.500 personas en la región.
Baltasar Garzón trabaja como asesor de la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos en Colombia desde 2011.
Públicamente, Santos ha apoyado su gestión en dicho país, pese a que el pasado 9 de febrero el tribunal supremo español condenó al ex magistrado a 11 años de inhabilidad por ordenar escuchas entre presos y sus abogados durante una investigación de presuntos actos corruptos en la administración pública del país europeo.