La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció amenazas por parte del gobierno de Argentina en contra del Grupo Clarín a través de espacios publicitarios de televisión.
La SIP también cuestionó que “se deslegitime a la Corte Suprema de Justicia”, que está discutiendo un recurso de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley de Medios.
“Deploramos que el gobierno use un spot para difundir propaganda política en la televisión pública con la intención de amenazar a un medio que no se apega a sus puntos de vista y para presionar a los jueces a emitir un resultado que le favorezca”, expresó Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
“Esta nueva acción se enmarca en las ya conocidas presiones lanzadas contra medios críticos y contra la justicia para que falle a favor del gobierno en torno a la Ley de Medios”, aseguró Mohme, quien también es director del diario La República de Perú
“También pone en entredicho la independencia sobre la que debe sostenerse el Poder Judicial en una democracia”, agregó.
Un anuncio de cuatro minutos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) enfatizó que el próximo 7 de diciembre entrará en vigencia el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 (Ley de Medios), fue transmitido el sábado 22 de septiembre en la televisión pública durante las pausas publicitarias de partidos de fútbol y carreras de automovilismo.
El artículo 161 regula la cantidad de licencias permitidas por la ley para una empresa y en caso de exceder el límite obliga a los multimedios a desprenderse o vender sus permisos o licencias de operación en menos de un año.
Grupo Clarín presentó un recurso de inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161, cuya ejecución se mantiene suspendida tras la aplicación de medidas cautelares ratificadas por la Corte Suprema.
El anuncio oficial advirtió que si antes del 7 de diciembre Grupo Clarín no reduce la cantidad de medios que posee, “el Estado argentino se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares”.
En respuesta a la advertencia del gobierno, Grupo Clarín afirmó en otro aviso publicitario que el 7 de diciembre “no debe suceder nada ni jurídica ni fácticamente con los medios del grupo”.
Si para esa fecha -establecida por la Corte para dictar sentencia- no se produce un fallo, podrían prolongarse las medidas cautelares o se dispondría de un año, el plazo contemplado en la ley, para resolver la disposición.
“Paradójicamente en los últimos años en Argentina hemos visto como el gobierno ha utilizado mecanismos para favorecer y castigar a medios a través de publicidad oficial y licencias de operatividad, entre otros métodos de censura indirecta”, denunció.