La decisión de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de expropiar el capital de la firma petrolera YPF perteneciente a la española Repsol no sólo ha provocado una tormenta de reacciones adversas en las naciones desarrolladas, sino que abre enormes interrogantes sobre el futuro de las inversiones extranjeras en ese país.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manual García-Margallo dijo que con tal decisión Argentina se daba “un tiro en el pie”, dejando entrever que en un mundo globalizado tales políticas a quien más perjudican es al país que las adopta porque le restan credibilidad ante las instituciones financieras y se cierran las puertas del capital.
De hecho según un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Argentina ya había registrado un pronunciado retroceso de la inversión extranjera (una caída de 30 por ciento) en el primer semestre del 2011, en un periodo en el que en el resto de América Latina las inversiones foráneas crecieron 54 por ciento.
Repsol, que en 1999 compró al estado argentino YPF por $13.000 millones de dólares cuando éste decidió privatizarla, está exigiendo ahora una compensación de unos $10,500 millones de dólares, que ya Buenos Aires ha dicho no estar dispuesto a pagar.
Según Repsol, la expropiación es una cortina de humo del gobierno argentino para tapar la crisis socioeconómica que sufre el país, y también responde a que en febrero último se certificó que las reservas petroleras del yacimiento de Vaca Muerta descubierto el año pasado y operado por YPF en la provincia de Neuquén, ascienden de unos 23.000 millones de barriles.
A todo lo anterior, Buenos Aires ha respondido que la empresa española no invirtió lo suficiente en Argentina y que en última instancia se trata de un asunto de soberanía nacional.
Varios países del G-20 criticaron la expropiación de YPF por ser “frontalmente contraria” a los principios del grupo, y avalaron la declaración española según la cual se trata de una “decisión proteccionista que rompe la seguridad jurídica, las reglas del libre mercado y por tanto los mismos pilares del G-20”.
La petrolera española tiene la intención de llevar sus demandas ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una batalla legal que podría ser larga.
Consecuencias
Como telón de fondo, el pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la expropiación e insta a la Comisión Europea a adoptar cuanta medida sea necesaria para evitar que se repitan situaciones como esa, incluida la posibilidad de suspender parcialmente las preferencias arancelarias unilaterales de las que goza Argentina con la UE.
De esas ventajas arancelarias se benefician al entrar al mercado europeo productos tales como los biocombustibles y la materia prima para producirlos; el aceite de soja y girasol; aceites esenciales de limón; crustáceos y filetes de merluza congelados; zumos de cítricos; tabaco, mandarinas y uvas.
Pero en términos de inversiones, ¿Qué podría suceder? En Argentina las nacionalizaciones se reiniciaron en 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, despojó a las firmas francesa Suez y la española Aguas de Barcelona la concesión de aguas de Buenos Aires. Dos años después, su viuda y actual mandataria, Cristina Fernández, volvió a estatizar Aerolíneas Argentinas.
Antes de dichas nacionalizaciones (entre 2001-2005), la renta de la inversión extranjera directa, o sea, el giro que las multinacionales hicieron desde Argentina en forma de dividendos y utilidades hacia el exterior ascendía a $663 millones de dólares anuales. Después, entre 2006-2009, las inversiones no dejaron de crecer pero la cifra de capitales expatriados se duplicó ($1.433 millones dólares).
En el caso de Ecuador, el efecto inmediato fue más visible después de que el presidente, Rafael Correa, expropió en 2006 una concesión de la compañía estadounidense Occidental Petroleum, y en 2010, hizo lo mismo con otra de la ConocoPhillips. Las inversiones extranjeras habían sido entre 2001-2005 de $862 millones de dólares por año. Entre 2006 y 2010 disminuyeron a sólo $389 millones.
Tras la ola de nacionalizaciones emprendida a partir de 2007 por el presidente Hugo Chávez, en Venezuela, fue peor. En los cuatro años precedentes, la inversión extranjera anual promediaba $1.277 millones de dólares, pero después, hasta 2010, el país perdió por año como promedio $788 millones de dólares en inversiones..
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manual García-Margallo dijo que con tal decisión Argentina se daba “un tiro en el pie”, dejando entrever que en un mundo globalizado tales políticas a quien más perjudican es al país que las adopta porque le restan credibilidad ante las instituciones financieras y se cierran las puertas del capital.
De hecho según un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Argentina ya había registrado un pronunciado retroceso de la inversión extranjera (una caída de 30 por ciento) en el primer semestre del 2011, en un periodo en el que en el resto de América Latina las inversiones foráneas crecieron 54 por ciento.
Repsol, que en 1999 compró al estado argentino YPF por $13.000 millones de dólares cuando éste decidió privatizarla, está exigiendo ahora una compensación de unos $10,500 millones de dólares, que ya Buenos Aires ha dicho no estar dispuesto a pagar.
Según Repsol, la expropiación es una cortina de humo del gobierno argentino para tapar la crisis socioeconómica que sufre el país, y también responde a que en febrero último se certificó que las reservas petroleras del yacimiento de Vaca Muerta descubierto el año pasado y operado por YPF en la provincia de Neuquén, ascienden de unos 23.000 millones de barriles.
A todo lo anterior, Buenos Aires ha respondido que la empresa española no invirtió lo suficiente en Argentina y que en última instancia se trata de un asunto de soberanía nacional.
Varios países del G-20 criticaron la expropiación de YPF por ser “frontalmente contraria” a los principios del grupo, y avalaron la declaración española según la cual se trata de una “decisión proteccionista que rompe la seguridad jurídica, las reglas del libre mercado y por tanto los mismos pilares del G-20”.
La petrolera española tiene la intención de llevar sus demandas ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una batalla legal que podría ser larga.
Consecuencias
Como telón de fondo, el pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la expropiación e insta a la Comisión Europea a adoptar cuanta medida sea necesaria para evitar que se repitan situaciones como esa, incluida la posibilidad de suspender parcialmente las preferencias arancelarias unilaterales de las que goza Argentina con la UE.
De esas ventajas arancelarias se benefician al entrar al mercado europeo productos tales como los biocombustibles y la materia prima para producirlos; el aceite de soja y girasol; aceites esenciales de limón; crustáceos y filetes de merluza congelados; zumos de cítricos; tabaco, mandarinas y uvas.
Pero en términos de inversiones, ¿Qué podría suceder? En Argentina las nacionalizaciones se reiniciaron en 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, despojó a las firmas francesa Suez y la española Aguas de Barcelona la concesión de aguas de Buenos Aires. Dos años después, su viuda y actual mandataria, Cristina Fernández, volvió a estatizar Aerolíneas Argentinas.
Antes de dichas nacionalizaciones (entre 2001-2005), la renta de la inversión extranjera directa, o sea, el giro que las multinacionales hicieron desde Argentina en forma de dividendos y utilidades hacia el exterior ascendía a $663 millones de dólares anuales. Después, entre 2006-2009, las inversiones no dejaron de crecer pero la cifra de capitales expatriados se duplicó ($1.433 millones dólares).
En el caso de Ecuador, el efecto inmediato fue más visible después de que el presidente, Rafael Correa, expropió en 2006 una concesión de la compañía estadounidense Occidental Petroleum, y en 2010, hizo lo mismo con otra de la ConocoPhillips. Las inversiones extranjeras habían sido entre 2001-2005 de $862 millones de dólares por año. Entre 2006 y 2010 disminuyeron a sólo $389 millones.
Tras la ola de nacionalizaciones emprendida a partir de 2007 por el presidente Hugo Chávez, en Venezuela, fue peor. En los cuatro años precedentes, la inversión extranjera anual promediaba $1.277 millones de dólares, pero después, hasta 2010, el país perdió por año como promedio $788 millones de dólares en inversiones..