Pese al deterioro de la economía global, de que los países de Europa se hunden en su segunda recesión consecutiva y de que en EE.UU. la recuperación sigue siendo muy lenta e insegura, América Latina y el Caribe se hallan en una situación privilegiada, según recientes datos difundidos por la CEPAL.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo de Naciones Unidas, informó que la región está en un buen momento con una expectativa de crecimiento este año de 3,5 por ciento tras haber batido en 2012 un récord en cuando a inversión extranjera, que alcanzó los 173 mil 361 millones de dólares.

De acuerdo con la CEPAL el incremento de las inversiones de parte de firmas foráneas se explica por el sostenido crecimiento económico de la región –a contrapelo de lo que sucede en el resto del mundo—los altos precios de las materias primas, y la elevada rentabilidad en este momento de los negocios vinculados a los recursos naturales.

La marcada excepción es Venezuela, que a despecho del anuncio de las autoridades de Caracas de que bajo el gobierno de Hugo Chávez se logró recuperar cerca de $427 mil millones de dólares por concepto de ingresos petroleros, otro informe del organismo de la ONU indicó que entre 2010 y 2011 el 29,5 por ciento de los hogares venezolanos vivían en la pobreza.

El caso venezolano es el peor ejemplo de una región que aunque ahora se ve favorecida por el boom en los precios de las materias primas también ha estado en parte lastrada durante la última década por gobiernos de izquierda que proclaman como principal divisa la integración económica, pero que en la práctica se asocian más por razones políticas e ideológicas.

Un análisis publicado esta semana por la revista The Economist destaca que la gestión económica de países como México, Colombia, Chile y Perú, fundadores de la llamada Alianza del Pacífico (AP), apunta en dirección contraria a la aplicada por los gobiernos de izquierda de otro bloque regional, el Mercosur.

Dentro  de cinco días, exactamente el 23 de mayo, los presidentes de las cuatro naciones de la alianza, todas economías de libre mercado que se han subido al tren de la globalización, firmarán un acuerdo para suprimir las tarifas aduanales al 90 por ciento de sus intercambios comerciales como primer paso en el establecimiento de un mercado común.

En el poco tiempo que lleva de existencia, el contraste de la AP con el Mercosur es marcado: los presidentes Costa Rica y Panamá, que han expresado sus deseos de sumarse a la alianza, asistirán a la cita en Cartagena, Colombia, así como los jefes de gobierno de España, Mariano Rajoy; de Canadá, Stephen Harper; el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y representantes de Australia, Japón y Nueva Zelanda.

Sin embargo, desde 1999 el Mercosur negocia infructuosamente un tratado de asociación con la Unión Europea y en más de 20 años de existencia sólo tiene firmados acuerdos comerciales con Israel, Egipto y la Autoridad Palestina.

The Economist cita al excanciller brasileño Luiz Felipe Lampreia, para quien los gobiernos de izquierda que tomaron el poder durante mucho de la última década en los países del bloque, a los que recién se sumó Venezuela, han transformado al Mercosur casi completamente en un “frente político”. Eso explica, por ejemplo, por qué fue suspendido del grupo Paraguay.

A juicio de Lampreia y de muchos otros expertos, bajo la tutela de Brasil, Argentina, Uruguay, y ahora Venezuela, el Mercosur ha hecho suyo el “antiamericanismo” propugnado por el grupo de países que forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una criatura de Hugo Chávez.

Hace ya dos años que el gobierno de Cuba aprobó los llamados Lineamientos de la Política Económica y Social en virtud de los cuales se les permite a los habitantes de la isla hacer cosas que en cualquier país libre son normales pero que durante décadas los cubanos tuvieron prohibidas, como el trabajo privado y la compraventa de automóviles y viviendas.

Aun con numerosas restricciones, porque profesionales como los médicos están excluidos del permiso para ejercer por cuenta propia y el aparato estatal sigue detentando el monopolio del comercio mayorista, el cambio fue significativo después de medio siglo durante el que el único patrono de todo había sido el Estado.

Sin embargo, la aplicación de las tan anheladas reformas marcha a paso de tortuga y en gran medida a tientas, con excesiva cautela, porque el presidente Raúl Castro teme que un brusco giro de timón termine por hacerle perder el control político de una sociedad que durante décadas fue primero manejada con puño de hierro por su hermano, y ahora por él desde 2008.

Lo acaba de confirmar en Madrid un alto asesor económico del gobierno cubano, Hugo Pons, quien dijo a Europa Press que Cuba “está experimentando primero qué resulta para adecuar verdaderamente los procesos a las necesidades que se tienen”. En otras palabras, se avanza tanteando el terreno. "Se va lento pero seguro" y "no se están dando palos de ciego", añadió.

A pesar de ser insuficientes e incompletas, analistas creen que el gobierno se verá obligado a acelerar  las reformas y la transición hacia un modelo de economía mixta, con mayor apertura a la inversión extranjera, tras la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, que la última década salvó a la isla del descalabro económico gracias a millonarias subvenciones.

Sin contar el petróleo que recibe de Caracas, unos 100 mil barriles diarios en condiciones preferenciales, o sea, a precios de “paga lo que quieras y cuando puedas”, la principal fuente de ingresos de la isla proviene de la exportación de servicios profesionales, mayormente médicos y trabajadores de la salud a Venezuela lo que le reporta unos $6 mil millones anuales. Pero la economía venezolana, con una inflación de casi 30%, está hoy al borde del abismo.

Con frecuencia expertos han señalado que las reformas se quedan cortas debido a las escasas de inversiones extranjeras --porque el gobierno no da garantías ni inspira confianza--; a la pobre producción agrícola y de alimentos, y a que en Cuba circulan dos monedas, el peso común y el convertible (CUC).

Esto implica que quienes no disponen de CUC porque no tienen familiares que les envíen dólares o euros desde el extranjero, con el salario que perciben sólo pueden pagar la electricidad y adquirir una canasta básica sumamente limitada, porque para comprar carne de res, pollo, pescado, vestirse o adquirir equipos para el hogar se necesita tener moneda fuerte.

El propio Pons, a cargo de asesorar la implementación de los cambios, admitió que la unificación monetaria es “una necesidad” y que es “algo que se puede resolver de un día para otro, exactamente igual que se creó”. Pero lo cierto es que hasta ahora, dos años después, todavía no ha sucedido y la “actualización del  modelo”, como prefiere llamar el gobierno a las reformas, lo que ha provocado es que se agudicen más las disparidades sociales.

Los servicios de salud y la educación que se brinda a la población, dos sectores de los que la isla presumió ser una potencia mundial, se han desmoronado a nivel de cuarto mundo porque el gobierno decidió no subvencionarlos como antes, y los cubanos, acostumbrados a recibir otras gratuidades, han visto esfumarse los “beneficios” que la Revolución les vendió como privilegios a cambio de restringirles las libertades.

Por ahora solamente los autorizados a trabajar por cuenta propia en la isla están obligados a pagar impuestos. Pero con un salario promedio que equilave a sólo unos $20 dólares mensuales, pronto todos los cubanos tendrán que abonar gravámenes sobre sus ingresos, si no fuese así—dijo Pons—, “¿de dónde saca el dinero el Estado para poder resolver los problemas de la sociedad?"

Tres semanas después de celebradas elecciones en Venezuela, la situación política en el país está lejos de estabilizarse y el gobierno del presidente Nicolás Maduro parece inclinado a cumplir la amenaza que hizo de que iba a “radicalizar la revolución” tras las protestas populares en rechazo a la legitimidad de su apretado su triunfo en los comicios.

El viernes, el líder de la oposición Henrique Capriles mencionó la posibilidad de activar un referendo revocatorio a fin de adelantar elecciones legislativas, durante un acto de desagravio en Caracas a los legisladores opositores que fueron agredidos esta semana por diputados oficialistas en la Asamblea Nacional.

La trifulca parlamentaria estalló después de que el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, persistió en prohibir el derecho a la palabra a los diputados opositores por negarse a reconocer como legítimo al gobierno de Maduro. Entre las víctimas de la golpiza estuvieron los diputados opositores Julio Borges y María Corina Machado, a la que le propinaron cuatro fracturas en la nariz.

Capriles, quien había impugnado previamente de manera oficial el resultado de los comicios tras las negativa del Consejo Nacional Electoral de revisar uno por uno los sufragios, dijo estar seguro de que si se convoca a un referendo para preguntar al pueblo si quiere que se renueve el parlamento “me atrevo a decirles que votaría el 80 o el 90 por ciento del país”.

En declaraciones hechas al diario El Nuevo Herald, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, dijo que el gobierno “viene desarrollando el guión de una neodictadura” porque se siente en desventaja por la pérdida de respaldo electoral, y al perder la fuerza de los votos está recrudeciendo los mecanismos de represión.

Ledezma señaló que “el gobierno pretende por la fuerza silenciar la protesta cívica del pueblo que no solamente denunció fraude electoral sino que reclama urgentemente soluciones a los graves problemas del país, problemas como el desabastecimiento de alimentos, la devaluación de la moneda venezolana y la galopante corrupción”.

A pesar de la política de fuerza del oficialismo, el alcalde estima que como factores alentadores está el hecho de que la oposición hoy en día está más unida en un frente común contra el chavismo y también que el gobierno de Maduro no parece ser capaz de conseguir el grado de respaldo que en su tiempo tuvo entre los venezolanos Hugo Chávez.

En el ámbito internacional, Maduro crispó primero las relaciones con el gobierno de España, cuando el ministro de exteriores español, José Manual García-Margallo, pidió un recuento rápido de votos tras las elecciones en Venezuela, y el viernes lo hizo con Perú cuando llamó a consultas a su embajador en Lima después de que el canciller peruano, Rafael Roncagliolo, solicitó a las autoridades venezolanas tolerancia y diálogo entre los venezolanos.

Durante su visita a México el viernes, interrogado sobre si consideraba legítimo el recién electo gobierno de Maduro, el presidente Barack Obama dijo que EE.UU. está observando el uso de "mano dura contra la oposición" en Venezuela y acotó:  "creo que todo el hemisferio ha estado observando la violencia, las protestas, la mano dura contra la oposición".

Tras la detención en Caracas el pasado miércoles de un ciudadano estadounidense, a quien las autoridades venezolanas acusan de ser un agente de inteligencia financiado por intereses extranjeros para hundir al país en “una guerra civil”, las tensiones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela parecen haber alcanzado un nuevo punto de ebullición.

El ministro del Interior venezolano, Miguel Rodríguez Torres, dijo que el estadounidense Timothy Hallet Tracy, detenido por orden expresa del presidente Nicolás Maduro, era parte de un plan de “la derecha” para desconocer los resultados de las elecciones del pasado 14 de abril, fomentar la violencia y desestabilizar a Venezuela.

Según al alto funcionario venezolano, Caracas presume que el detenido pertenece a alguna organización de inteligencia porque sabe “cómo infiltrarse” y tras asegurar que estaría financiado por ONG de otros países dijo que sus intenciones eran llevar a Venezuela a una guerra civil para provocar la intervención de una potencia extranjera.

Rodríguez vinculó a Tracy con jóvenes de la denominada Operación Soberanía, de la que forman parte estudiantes que organizaron protestas populares en Venezuela, primero para exigir que se informara al pueblo sobre el estado de salud real del presidente Hugo Chávez cuando aún estaba en vida, y luego para demandar la celebración de comicios justos y transparentes.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) difundió el viernes una declaración en la que sostiene que Tracy, de 35 años, es un documentalista que ha sido productor y consultor de cine y televisión en California, y ha estado en Venezuela desde 2012 filmando acontecimientos relacionados con la actualidad de ese país.

El comunicado apela a las autoridades venezolanas a que permitan a los periodistas hacer su trabajo sin interferencias y dice que el gobierno del presidente Maduro “debe presentar evidencia basada en hechos que respalden sus acusaciones o de los contrario liberar inmediatamente” al estadounidense.

A resultas del incidente, el vocero del Departamento de Estado William Ostick rechazó “categóricamente” la acusación de que EE.UU. esté buscando desestabilizar o causar daños a Venezuela, donde las tensiones internas han ido en aumento por la negativa del Consejo Nacional Electoral de proceder al recuento de votos demandado por la oposición.

El incidente del periodista estadounidense fue precedido por una airada reacción del canciller venezolano, Elías Jaua, quien calificó de “inaceptables” declaraciones hechas por la secretaria de Estado Adjunta de EE.UU. para América Latina, Roberta Jacobson, según las cuales “la mitad de los venezolanos” no confían en los resultados de los comicios del 14 de abril.

Venezuela vendió el año pasado unos 900 mil barriles de petróleo diarios a EE.UU., que sigue siendo su principal comprador de crudo, pero ambos países están sin embajadores en sus respectivas capitales después de que Chávez retiró en 2010 el plácet a Larry Palmer, designado por la Casa Blanca como jefe de su legación en Caracas, y Washington respondió pidiéndole al embajador venezolano, Bernardo Álvarez, que se fuera.

Aunque el presidente Maduro recién anunció el nombramiento del diputado oficialista Calixto Ortega como encargado de negocios de Venezuela en Washington y declaró que sus aspiraciones son las de incrementar el diálogo entre ambos países, al menos hasta ahora, los hechos apuntan en la dirección contraria.

El ambiente de los últimos días en la Casa Rosada de Buenos Aires ha sido de creciente preocupación por la magnitud de la indignación de muchos argentinos frente a las políticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por las persistentes manifestaciones populares en reclamo de justicia y contra la corrupción.

Miles de personas se lanzaron a las calles el jueves en la capital y otras ciudades del país en la tercera protesta multitudinaria que se lleva a cabo contra el gobierno en menos de un año y marcharon contra la reforma con la que la presidenta ha dicho que quiere “democratizar” la justicia. El grito a voz en cuello de los manifestantes fue: ¡Ladrones, ladrones!, y desfilaron bajo consignas como la de “Basta ya de impunidad”.

Las protestas convocadas a través de las redes sociales vienen siendo ya el panorama común tras el desgaste político de un gobierno que ha ido perdiendo estrepitosamente su popularidad, pero la del jueves fue la primera en la que participaron juntos todos los dirigentes de los principales partidos de la oposición, históricamente muy fragmentada, desde la Unión Cívica Radical hasta el peronismo no kirchnerista.

El impacto del nuevo cacerolazo parece haber sido mayúsculo en las filas del oficialismo y para la propia presidenta, que tal vez no esperaron que tuviera tal resonancia, y aun cuando la agencia oficial de noticias Télam difundió un comunicado de la policía federal según el cual los manifestantes en la capital y en el resto del país sumaron sólo 178 mil –la mitad de los calculados en la marcha del 8 de noviembre último—son pocos los que dan crédito a esa cifra tan reducida.

La gran preocupación del gobierno de Fernández de Kirchner, que hasta ahora se benefició de la división entre sus adversarios políticos, es que de cara a las elecciones legislativas de este año el panorama cambie. De hecho, entre los carteles portados por la multitud el jueves en Buenos Aires había uno que abogaba por una “Oposición unida”, y otro que anticipaba un año “2015 sin Cristina”.

En medio de los temores de que el oficialismo trate de imponer cambios a la Constitución para que Fernández de Kirchner pueda postularse a la reelección en el 2015 –algo que ha sido descartado por la presidenta—la mayor irritación del momento entre los argentinos es la reforma judicial concebida por la mandataria y ahora en manos del Senado y la Cámara de Diputados.

El proyecto de reforma judicial, que resta poder de decisión a los jueces y limita las medidas cautelares que se pueden adoptar contra el gobierno, como la que favoreció al mayor grupo de prensa argentino, Clarín, al que la presidenta Fernández le ha declarado una guerra abierta, ha sido criticado por la oposición como un paso del oficialismo para acumular poder.

El más reciente informe anual del Departamento de Estado en Washington sobre la situación de los derechos humanos en América Latina denuncia presiones de parte del gobierno argentino sobre medios de prensa y periodistas como violaciones de la libertad de expresión, y también alude a corrupción con impuinidad en instituciones del gobierno.

Según la presidenta Fernández de Kirchner nada detendrá su reforma para “democratizar” la administración de justicia en Argentina. Pero la última palabra sobre su futuro político y el del kirchnerismo la tendrán los votantes en las legislativas de octubre próximo cuando se renueven la mitad de los diputados y un tercio de los senadores, que serán un anticipo de las presienciales de 2015.

Cientos de miles de esos electores llevan meses protestando por la inseguridad económica en Argentina, la alta inflación, los controles monetarios que les impiden comprar dólares, y porque además, dicen, quieren ser una democracia en la que haya división de poderes, no una dictadura, ni parecerse a Cuba o a Venezuela.

A pesar de haber vivido largos años de bonanza petrolera gracias a los altos precios del crudo, el extinto presidente Hugo Chávez ha dejado a quien resulte electo su sucesor en los comicios de hoy en Venezuela un país cuya economía se deshace en pedazos, una industria en gran medida diezmada y una sociedad víctima de la violencia y el odio de clases.

El designado sucesor de Chávez y ahora presidente electo, Nicolás Maduro, prometió mantener los acuerdos de cooperación petrolera que su mentor suscribió con gobiernos aliados en América Latina, empezando por Cuba, y que a juicio de muchos expertos en vez de impulsar el Socialismo del Siglo XXI promovido por el chavismo lo que han conseguido es desangrar la economía venezolana.

De la empresa estatal petrolera venezolana (PDVSA), que aporta el 90 por ciento de los ingresos en moneda fuerte de la nación, provino el grueso de los fondos que Chávez destinó a programas de “desarrollo social”, incluidos favores políticos, que desde 1999 se estima que ascendieron a más de $179 mil  millones de dólares, un gasto que de acuerdo con analistas económicos es insostenible.

En adición, Venezuela ostenta la mayor tasa inflacionaria de Latinoamérica, que según datos oficiales fue de 20,1 por ciento en 2012, pero que en febrero último de forma anualizada ya se había incrementado a 22,8 por ciento, con efectos devastadores para las familias de menores ingresos, tanto, que según el más reciente informe de CEPAL, en sólo un año los hogares venezolanos incapaces de proveerse la canasta básica, pasaron de 27,8 a 29,5 por ciento.

El gobierno trató de frenar la inflación con regulaciones más severas que a la larga han deprimido más la producción nacional y exacerbado la escasez de productos. De hecho, la devaluación monetaria dictada en febrero y en virtud de la cual el dólar pasó a cotizarse de 4,3 bolívares a 6,3 bolívares, impulsó nuevamente la espiral de precios y dio paso a un nuevo ciclo inflacionario.

La depauperada industria nacional es otro de los lastres que heredará el nuevo mandatario después de que Chávez expropió numerosas firmas petroleras, eléctricas, siderurgias, bancos y también empresas alimenticias, papeleras y plantas textiles. Como resultado de esa política aún quedan pendientes en tribunales de arbitraje internacional más de 20 casos de demandas multimillonarias que forman parte del legado que recibirá el nuevo gobierno.

La abultada deuda nacional, que rebasa el 50 por ciento del Producto Interno Bruto, es también uno de los grandes obstáculos que figuran en el camino. A fines del 2012, la deuda sólo de PDVSA -- el único mesías económico capaz de librar al país de sus apuros financieros--, se elevó casi 15 por ciento hasta sumar $40 mil 26 millones de dólares.

En añadidura a los tormentos económicos, el nuevo mandatario tendrá que hacer frente también a un odio de clases que ha sido utilizado como divisa por el chavismo y que ha azuzado los índices de homicidio en el país hasta convertirlo en uno de los más peligrosos por violentos en el mundo. Según estimados del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) el 2012 terminó con 21 mil 692 personas muertas, 12,2 por ciento más que en 2011.

Ante la obstinada negativa de los legisladores republicanos, el presidente Barack Obama se está viendo forzado a buscar una solución negociada sobre el presupuesto del próximo año fiscal, a mitad de camino entre sus exigencias de recibir más ingresos provenientes de nuevos impuestos y las demandas republicanas de reducir los gastos en programas de prestación social.

En una alusión a su propuesta de presupuesto que esta entrante semana enviará al Congreso, Obama dijo este sábado en su mensaje semanal a la nación que sus intenciones son las de reducir el déficit a la vez que consigue incorporar nuevos ingresos al presupuesto federal para financiar proyectos que creen puestos de trabajo e impulsen la educación y el adiestramiento laboral.

“No tenemos que escoger entre uno u otra de estas metas, podemos hacer ambas cosas”, resaltó en el mensaje el presidente sobre su plan, que incorpora algunos elementos de la última oferta que hizo en diciembre pasado al líder republicano y presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, que fue rechaza porque contemplaba más de $1 billón en aumentos impositivos.

El proyecto de Obama establece recortes de gastos e incrementos de ingresos que darían como resultado rebajas del deficit de casi otros $2 billones en 10 años, en adición a $2,5 billones en reducciones que el presidente destaca haber puesto ya en vigor mediante leyes.

Sin embargo, el aspecto más polémico de su plan, que él mismo reconoce "no es el ideal",  estaría en que además de buscar un aumento en los impuestos, fundamentalmente a los ricos, prevé reducciones en programas que benefician a los pobres, los veteranos y los ancianos, especialmente al Medicare, seguro de salud pública para mayores de 65 años e incapacitados.

En el capítulo de los impuestos habría $580 mil millones en nuevos gravámenes a los que se oponen los republicanos, pero también una fórmula que afectaría los ajustes inflacionarios que se hacen por aumentos en el costo de vida y que reducirían los ingresos a millones de beneficiarios de programas del gobierno.

“Es un compromiso que estaré dispuesto a aceptar –dijo el presidente en su mensaje-- a fin de salir del ciclo de decisiones a corto plazo y forzadas por la crisis en que hemos estado envueltos, y centrarnos en el crecimiento de nuestra economía y de nuestra clase media a largo plazo”.

Obama puntualizó en su mensaje que puede reducirse el abultado déficit fiscal de la nación mediante “rigurosas reformas” en el Medicare para fortalecerlo en el futuro, y promulgando “una reforma tributaria de sentido común que incluya cerrar a los ricos los actuales resquicios de derroche tributario”.

Aún está por ver si el presidente logra que los republicanos cedan en su negativa de plano a elevar los impuestos y si su propuesta negociadora de afectar en cierta medida los beneficios sociales no lo distancia de quienes dentro de las filas demócratas han sido hasta ahora sus mayores aliados.

En una declaración difundida la víspera, Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la mayor central de sindicatos del país, históricamente afiliada a los demócratas, dijo que Obama “debe abandonar estos erróneos recortes en los beneficios y en su lugar enfocarse en buscar apoyo en el Congreso para invertir en la creación de empleos”.

Si en vida los maratónicos discursos de Hugo Chávez y las noticias relacionadas con sus exabruptos y sus decisiones políticas no dejaban mayor espacio a la vida privada de los venezolanos, por obra del gobierno su figura ha cobrado ahora una nueva y más cosmológica dimensión, la de Cristo de los pobres.

Desde su fallecimiento, la huella de Chávez no ha desaparecido de las arengas del oficialismo ni de los espacios de la televisión estatal, mediante la repetición de sus discursos, con fotografías enormes desplegadas en los edificios públicos, y a través de la deliberada convocatoria de que en las elecciones del 14 de abril Venezuela saldrá a votar por un “santo”.

Los esfuerzos por dar un sitial divino a Chávez y presentarlo como un líder supremo, trascendente, un muerto que desde el cielo sigue llevando las riendas del país tiene sólo como paralelo la veneración inculcada en Cuba—aún en vida—a Fidel Castro, y como único antecedente la impuesta por regímenes totalitarios en torno a figuras como Lenin, Mao, y los descendientes de Kim Il Sung.

Un semana después de su muerte, el día que el cardenal Jorge Bergoglio fue elegido primer Papa latinoamericano, el presidente encargado de Venezuela y su sucesor, Nicolás Maduro, llegó a decir: “Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas (el cielo), está frente a frente a Cristo. Alguna cosa influyó para que se convoque a un Papa suramericano".

El paroxismo de su canonización gubernamental ha llegado a extremos como los de unos dibujos animados parte de un video preparado para la campaña electoral de Maduro en los que se ve a Chávez cuando es recibido presuntamente en el cielo por personalidades históricas como Simón Bolívar y Evita Perón.

En el video de un minuto, producido por Vive TV, red integrante del Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela, y en el que Chávez aparece ataviado con su tradicional chaqueta de tres colores, los de la bandera de Venezuela, también se ven recibiéndolo en su Paraíso al expresidente chileno Salvador Allende, y al guerrillero comunista Che Guevara.

La conmemoración de la Semana Santa ha sido una ocasión propicia para que el oficialismo haya utilizado la figura del extinto gobernante con fines proselitistas y por estos días estampitas con la figura de Chávez aparecieron a a las puertas de los templos en Caracas junto a las imágenes de vírgenes y de Jesucristo, tradicionalmente difundidas en la fecha.

La intención de crear para Chávez un profano altar de la política pero ungiéndolo como “Jesucristo de los pobres” fue puntualmente rechazada por el Arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa Savino, quien en una misa de Jueves Santo advirtió que no se puede comparar a ningún gobernante con Jesucristo.

"Jesús está en un nivel divino, trascendental, religioso y sobrenatural. No puede haber un Cristo nuevo y diferente a Jesús de Nazaret”, dijo el cardenal, cuya homilía fue  recibida con aplausos y vivas de los feligreses que colmaban la Catedral, y a quienes el prelado pidió profesar la fe católica con orgullo "en tiempos cuando (en Venezuela) soplan vientos de rechazo hacia Dios".

Si algún político albergaba la esperanza de que tras la muerte del presidente Hugo Chávez las relaciones entre Washington y Caracas podían mejorar, cada día se hace más evidente que no será así al menos si su sucesor y presidente encargado Nicolás Maduro logra retener el poder en Venezuela.

Ya hasta se comenta que con Maduro dirigiendo Venezuela las relaciones con Washington podrían ser más tirantes. Bastaría con recordar que horas antes de anunciar la muerte de Chávez, el entonces vicepresidente expulsó a dos agregados militares estadounidenses de Caracas y acusó a Washington de un complot para desestabilizar al país.

Después, Maduro declaró tener evidencias de una conspiración promovida por EEUU para asesinar al candidato de la oposición, Henrique Capriles, con el fin de incitar a una rebelión en Venezuela.

Ahora, a todo eso se suman las revelaciones hechas el pasado miércoles por el ex secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Asuntos Hemisféricos Roger Noriega, quien testificó ante el Subcomité sobre Terrorismo de la Cámara de Representantes en Washington sobre la presencia del grupo terrorista Hezbolá en las Américas, una organización que opera en Líbano pero que es financiada por el gobierno iraní.

Según el testimonio de Noriega, ampliado luego en una entrevista concedida al diario El Nuevo Herald, funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela se han convertido en agentes del grupo islámico Hezbolá, dándole apoyo material y logístico a sus actividades terroristas y proporcionándole además miles de pasaportes para que sus miembros puedan viajar con cobertura venezolana cuando ingresan a otros países.

Uno de los que habría recibido tal documentación es Mosen Rabani, un exdiplomático iraní sobre quien pesa una orden de captura de INTERPOL por su participación en atentados cometidos en Buenos Aires, uno contra la embajada de Israel en 1992 y otro en 1994 contra la Asociación Mutual israelí, la AMIA, donde murieron 85 personas.

Ya se sabía que Chávez apoyaba a Hezbolá como resultado de su estrecha alianza con Irán, y las pruebas habían salido a flote en el 2009, cuando fuerzas especiales israelíes capturaron material bélico –incluyendo municiones, granadas y cohetes- enviados por el gobierno venezolano al grupo terrorista.

Pero según el ex alto funcionario estadounidense ahora se teme que esa cooperación pueda incrementarse porque Maduro “no parece contar con la fortaleza ni la inteligencia—dijo-- como para evaluar el costo potencial que este tipo de relación podría tener para Venezuela”.

Al testificar ante el Congreso, Noriega aseguró que dentro de las altas esferas del gobierno chavista figuran funcionarios que son antijudíos radicales, y también dijo que el grupo terrorista libanés tiene campos de entrenamiento en territorio venezolano.

De acuerdo con la denuncia, el grupo Hezbolá ha tenido colaboradores durante más de una década ocupando puestos de relieve en el gobierno venezolano, entre ellos el ex ministro del Interior y actual gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, nacido en Líbano de origen sirio y que durante cuatro años tuvo en su puño la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería en Venezuela.

La asunción del cardenal argentino Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice en el Vaticano alienta la esperanza en obispos, sacerdotes y millones de fieles de que el Papa podrá torcer el curso de la tendencia que en las últimas décadas hizo abandonar la Iglesia a muchos creyentes.

En sus primeras declaraciones públicas, ante una multitud congregada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco puso de relieve su origen latinoamericano aún siendo el nuevo Obispo de Roma: “Me parece que mis hermanos cardenales han elegido a uno que es de muy lejos… Pues aquí estoy. Quisiera agradecer su voto de confianza”.

Para romper con el éxodo de feligreses, el Papa Juan Pablo II dijo hace más de tres décadas que la Iglesia necesitaba emprender una nueva evangelización, y en ocasión de conmemorarse el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II, Benedicto XVI proclamó el Año de la Fe, que el Papa Francisco será el encargado de impulsar.

Como primer Pontífice no europeo de la Iglesia en 13 siglos, el Papa Francisco está llamado a frenar la pérdida de fieles del catolicismo en su patria grande: Latinoamérica, donde la Iglesia concentra su mayor cantidad de fieles en el mundo (39 por ciento, con Brasil y México a la cabeza), pero donde en los últimos 50 años muchos católicos se convirtieron en protestantes.

De acuerdo con Roberto Blancarte, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, alrededor de mil 400 católicos dejaron la Iglesia diariamente entre los años 2000 y 2010, y mientras en 1970 el 90 por ciento de los latinoamericanos eran católicos, esa proporción se ha reducido como promedio a 70 por ciento.

El propósito de revitalizar la Iglesia en América Latina puede haber influido, según expertos, en la elección del cardenal argentino como nuevo Papa, un argumento que se añade a todos sus méritos personales, puesto que sólo el 17 por ciento de los purpurados que integraron el Cónclave procedían de Latinoamérica, mientras que el 53 por ciento eran europeos.

Que el Papa sea jesuita también es señalado como un factor a su favor frente a la labor proselitista de las sectas evangélicas en la región. Desde que en 1549 se estableció en Brasil,  y luego en Uruguay, Paraguay, Argentina, México y Centroamérica, las misiones de la orden de la Compañía de Jesús se destacaron por su compromiso con los oprimidos.

Sin embargo, que el Papa Francisco logre recuperar para la Santa Sede el terreno perdido en Latinoamérica sólo por el hecho de ser hispano es lo que está por ver. A pesar de su lucha tenaz de 26 años, de haber visitado casi todos los países de la región y de haber sido venerado en ella como pocos Pontífices -- aun siendo europeo--, Juan Pablo II no lo consiguió.

A pesar de haberse proclamado redentor de los pobres y de la justicia y la prosperidad en Venezuela,  las cifras que deja atrás el fallecido presidente Hugo Chávez luego de 14 años de gobierno hablan por sí solas:

Petróleo

A pesar de poseer las mayores reservas conocidas de petróleo (entre 15 y 18 por ciento del total mundial), la producción de crudo venezolano se sitúa en la actualidad en torno a los 2,5 millones de barriles diarios, un millón menos que cuando Chávez llegó al Palacio de Miraflores.

Venezuela concentra sólo 3,5 por ciento de la producción global de petróleo en comparación al 13 por ciento de Arabia Saudita, que le sigue en proporción de reservas.

La producción se desplomó notablemente la última década como consecuencia de la hostilidad del gobierno de Chávez con las petroleras internacionales, y de ineficiencias administrativas y falta de inversiones en el sector. La renta petrolera representa aproximadamente 90 por ciento de los ingresos de divisas del país.

Violencia

Según estimados del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) el año 2012 terminó con 21 mil 692 personas muertas como resultado de la violencia, 12,2 por ciento más que en 2011.

Las cifras ofrecidas por el OVV, que representan un trágico récord, colocan a Venezuela como el segundo país más violento del mundo con una tasa de 73 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Caracas es la ciudad más violenta de Venezuela y una de las más inseguras en el mundo con una tasa promedio de 122 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Inflación

Pese a regir en el país el control de precios y de cambio, en los últimos siete años Venezuela registró una inflación que figura entre las más altas de América Latina.

Entre 2009 y el año pasado los precios de los alimentos y productos en general aumentaron 90 por ciento. Y los primeros dos meses del 2013 la inflación ya acumula 5 por ciento de avance, el doble del 2,6 por ciento que experimentó en el mismo lapso del año pasado.

La inflación anualizada con respeto a febrero del año pasado mantiene su incremento y ya se sitúa en 22,8 por ciento, frente al 22,2 por ciento resgistrado el mes anterior.

Devaluación

La devaluación del 32 por ciento del bolívar (la moneda nacional) decretada el pasado mes de febrero favorece al gobierno porque reduce su déficit en términos reales al incrementar la cantidad de bolívares por petrodólares, pero inevitablemente generará una mayor inflación en detrimento de los venezolanos.

Expropiaciones

Entre los años 2002 y 2012 el gobierno venezolano expropió 1.168 empresas (41 por ciento de ellas en el sector de la construcción –básico en cualquier economía- , y 24 por ciento en el sector agroindustrial).

A despecho del gran número de empresas nacionalizadas, el crecimiento del sector público no ha generado más riqueza para el país.

Pobreza

Aun cuando los precios del petróleo han estado por encima de los $100 dólares el barril y en 1999 se situaban apenas arriba de los 20 dólares, el país se ha empobrecido.

Según el más reciente informe de la CEPAL, en sólo un año el porcentaje de hogares venezolanos cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir la canasta básica, pasó de 27,8 a 29,5 por ciento. Y lo mismo ocurrió con el indicador de indigencia o pobreza extrema. La proporción de familias con ingresos que no podían sufragarse la alimentación, subió de 10,7 a 11,7 por ciento del total de hogares venezolanos.

Inversiones Extranjeras

Antes de Chávez asumir el poder, Venezuela recibió en 1998 una inversión extranjera directa neta de $3 mil 9 millones de dólares, pero desde entonces y hasta el 2011, el promedio fue de menos de millones anuales, según datos del Banco Mundial (BM).

Las trabas puestas por el gobierno para hacer negocios en el país ocasionaron el último año una caída del 20 por ciento de la inversión extranjera directa. Un reciente informe del BM colocó a Venezuela en el puesto número 180 de un total de 185 países analizados sobre las condiciones favorables existentes respecto a los negocios.

De acuerdo con el documento, sólo la República Democrática del Congo, Eritrea, la República del Congo, Chad y la República Centroafricana ponen más obstáculos que Venezuela a los nuevos negocios.

Deuda

En los últimos años Venezuela se ha hecho cada más dependiente de préstamos concedidos por China, así como de créditos privados para la industria petrolera.

Al término del año pasado, la deuda financiera de PDVSA, la empresa petrolera estatal que genera los mayores ingresos en divisas para el país, se elevó casi 15 por ciento a $40 mil 26 millones de dólares.

Por mucho que se ha dicho y condenado, la libertad de expresión sigue estando maniatada en Cuba, la prensa libre está fuera de la ley, los periodistas independientes son considerados como enemigos públicos número uno por el Estado y las naciones democráticas de América Latina que comparten foros internacionales con el gobierno de la isla hacen poco o nada por denunciarlo.

Recientemente, un balance del 2012 hecho por la organización Reporteros sin Fronteras (RF) subrayó que la represión contra blogueros y periodistas disidentes se intensificó en Cuba por segundo año consecutivo, que era peor en los últimos meses, y llamó a los gobiernos latinoamericanos “con quienes Cuba busca la integración” a darle prioridad a tales denuncias en sus nexos con La Habana.

Poco antes, RF había demandado a las autoridades cubanas que pusieran freno a las detenciones, a la violencia física, al hostigamiento y las campañas de desprestigio contra periodistas y blogueros independientes, y además que derogaran la Ley 88, conocida en la isla como Ley Mordaza, y que el gobierno utiliza para encarcelar arbitrariamente a sus y críticos y opositores.

En octubre último, en su 68 Asamblea General en Sao Paulo, Brasil, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Cuba persistía una "absoluta represión contra las libertades individuales, de prensa y de expresión", que el gobierno de Raúl Castro continuaba aplicando la censura y la represión a medios y periodistas, además de seguir utilizando la prensa como un medio de propaganda gubernamental.

Ahora es el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) el que ha divulgado esta semana un reporte en el que subraya que las autoridades cubanas no adoptaron el año pasado “ninguna medida de peso para promover la libertad de expresión", y que a pesar de las tan cacareadas reformas impulsadas en la isla la censura seguía inconmovible y los periodistas no habían dejado de ser detenidos y encarcelados.

En su informe anual titulado “Ataques a la prensa” y presentado en Naciones Unidas, CPJ sitúa a Cuba en el noveno lugar entre los países con mayor censura en el mundo, y aunque en 2012 fueron menos comunes las detenciones prolongadas de periodistas, señala, sí hubo arrestos por corto tiempo y campañas de acoso durante coberturas de relieve como la visita a la isla del Papa Benedicto XVI.

Entre los periodistas independientes que fueron objeto de hostigamiento durante todo el año CPJ menciona  a la bloguera Yoani Sánchez, quien junto a otros estuvo más de 24 horas detenida en julio cuando viajó al oriente de la isla para tratar de informar sobre el juicio relacionado con la muerte del disidente Oswaldo Payá, en un accidente de tránsito que la familia del opositor siempre ha puesto en duda.

Otra de las arbitrariedades denunciadas por la SIP es la que atañe al periodista Calixto Martínez Arias, de la agencia informativa independiente Hablemos Press, quien fue arrestado en septiembre pasado y encarcelado por “desacato” después de haber sido el primero en advertir de un brote de cólera en Cuba y de la aparición luego de casos de dengue.

Hace dos semanas, la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional declaró a Martínez Arias prisionero de conciencia y demandó al gobierno cubano que el periodista independiente sea puesto de inmediato en libertad.

Desde hace meses los expertos daban por impostergable una devaluación de la moneda venezolana, pero para evitar las consecuencias electorales de una medida que en cualquier escenario siempre acarrea perjuicios inmediatos al bolsillo de la población el gobierno la había pospuesto una y otra vez.

Días atrás, el primer vicepresidente del Banco Central de Venezuela, Eudomar Tovar, había declarado que en el país no existían "condiciones para un ajuste cambiario". Pero la situación dio un vuelco de repente este viernes cuando el ministro de Finanzas, Jorge Giordani, y el presidente del Banco Central de Venezuela Nelson Merentes, anunciaron lo contrario.

En el quinto ajuste que lleva a cabo el gobierno del presidente Hugo Chávez desde que impuso el control monetario hace una década, el tipo oficial de cambio pasará a partir del 13 de febrero de 4,3 bolívares por dólar a 6,3, una devaluación de casi 32 por ciento, la de mayor magnitud decretada hasta ahora.

A pesar de que en la década de los años 1970 el bolívar era una de las más sólidas monedas en América Latina, en 2004 se devaluó a 1.920 por dólar, y luego a 2.150 (2005), hasta que en 2008 las autoridades decidieron emitir una nueva moneda con tres ceros menos de valor nominal, y en 2010 fijaron un cambio dual de 2,15 bolívares por dólar para bienes prioritarios y de 4,3 para el resto de las operaciones con divisas.

Sin embargo, la nueva tasa  de cambio de 6,3 representa apenas la tercera parte del trueque vigente en el mercado negro, y además de tardía expertos consideran la medida insuficiente para poder compensar  los grandes desajustes fiscales que afronta el gobierno y poner freno a las agudas distorsiones de la economía nacional.

Por el contrario a la devaluación adoptada en 2010, la depreciación será válida para todos los sectores de la economía, sin tasas preferenciales para los productos básicos. La explicación es que a pesar de que una buena parte de estos productos tienen precios regulados por el gobierno, el país terminó el 2012 con una inflación del 20 por ciento.

Un año antes había sido mayor (27.6 por ciento), pero en 2013 el país ya registró una tasa del 3.3 por ciento sólo en enero, lo que parece haber puesto los pelos de punta al gobierno. De hecho la inflación en Venezuela y Argentina figuraron en el 2011 entre las cinco más altas del mundo, junto con Bielorrusia, Etiopía e Irán.

Según un informe difundido por la prestigiosa revista The Economist, Caracas es en la actualidad la novena ciudad más cara del mundo, al mismo nivel de capitales de países  desarrollados como Tokio o París, y el llamado índice Big Mac, que compara el poder adquisitivo de diferentes países, sitúa al bolívar como la moneda más sobrevalorada en todo el planeta.

La nueva depreciación del bolívar supone un duro golpe para las empresas extranjeras con inversiones en la nación suramericana, pero el mayor impacto se sentirá en la mesa de los venezolanos que como gran paradoja viven en un país que posee las mayores reservas de petróleo conocidas en el mundo.

A despecho de que los elevados precios del crudo los últimos años debieron haber engrosado ostensiblemente las arcas públicas de Venezuela, el país importa, según cifras oficiales, el 40 por ciento de los alimentos que consume. Legisladores y miembros de la oposición dicen que la cantidad real es mayor: al menos 70 por ciento.

La decisión adoptada por el gobierno argentino de establecer una “comisión de la verdad” con las autoridades de Irán para investigar el ataque terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, equivale a un sellar un pacto con el asesino para investigar el crimen y ponerle nombre y apellido al victimario.

El extinto presidente argentino Néstor Kirchner respaldó siempre las solicitudes de extradición formuladas por los tribunales argentinos contra el ex presidente de Irán, Alí Akbar Hashemi Rafsanjani, y el actual ministro de defensa de ese país, Ahmad Vahidi, acusados de haber estado implicados en el atentado antijudío, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

La justicia argentina también libró en 2006 una orden de captura internacional por la misma causa contra el exjefe del servicio secreto iraní Alí Fallahijan; el exministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati; el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, y otros tres funcionarios.

El atentado contra la AMIA fue precedido por otro a la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 que provocó la muerte de 29 personas y sigue siendo una herida abierta en Argentina. Pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dado un giro de 180 grados a la política que mantuvo en vida su esposo.

El gobierno argentino ha dicho que el objetivo es terminar de esclarecer las causas, autores y circunstancias de la explosión que sembró destrucción y muerte en la AMIA, y el canciller, Héctor Timerman, aseguró que el pacto con Irán no suplantará la acción judicial. En otras palabras, se designará por ambas partes una comisión investigadora integrada por cinco juristas de terceros países.

Lo insólito del caso es que la comisión interrogará en territorio de Irán, bajo protección del gobierno de ese país, a los sospechosos cuyos nombres figuran en las listas de captura de la Interpol. Según declaró al diario argentino La Nación el padre de una de las víctimas del atentado, Luis Czyewski , es como si los aliados antes de los juicios de Nuremberg hubiesen armado una comisión especial para ver si juzgaban o no a los nazis y cómo lo hacían.

Quienes apoyan la decisión alegan que la presidenta Fernández cree sinceramente que de esa manera sacará del punto muerto en que se hallan las investigaciones de la masacre porque Teherán se negó siempre a cooperar.

Hay quien subraya, en cambio, como los diputados Patricio Bullrich y Eduardo Amadeo del Grupo de Acción Política por la Unidad (GAPU) que la justicia argentina ya llegó a la verdad tras investigaciones exhaustivas que culpan a los iraníes del atentado, y que la salida dada ahora al caso favorece las intenciones de Teherán de levantar una cortina de humo, desviar la atención y dar a la larga por terminado el asunto.

Algunos analistas consideran que el paso dado por Buenos Aires responde a que la presidenta argentina ha terminado cediendo a la presiones de su amigo y aliado el gobernante venezolano Hugo Chávez, quien bajo los auspicios del régimen de Cuba logró tenderle una alfombra roja al mandatario iraní, Mahmoud Ahmadinejad, y ya le procuró a Teherán fuertes alianzas en América Latina con los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Por lo pronto, el gobierno de Israel ha declarado sentirse “asombrado" y “no entender” el significado del acuerdo. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, dijo que EE.UU. está “escéptico” en cuanto a los resultados porque los antecedentes de Irán en materia de cooperación internacional son del todo deficientes.

El presidente cubano, Raúl Castro, viajó a Chile para asumir la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en una cumbre que pone de relieve el retorno de Cuba al concierto de naciones de la región, aun cuando la isla sigue siendo el único país del área con un sistema político unipartidista y antidemocrático.

La CELAC, que este fin de semana celebra su primera cumbre en Santiago de Chile, fue creada en 2011 en Caracas por iniciativa del presidente venezolano, Hugo Chávez, bajo el lema de buscar una vez más la tantas veces pospuesta integración regional, pero con el énfasis puesto en rescatar políticamente a La Habana y excluir de la ecuación hemisférica a Estados Unidos.

Chávez, que convalece de una cuarta operación de cáncer  en Cuba y cuya probabilidad real de volver a asumir el poder es mantenida por las autoridades cubanas y venezolanas en el más absoluto hermetismo, será el gran ausente de la cita, que estará precedida por una cumbre de la CELAC con la Unión Europea.

Aludiendo a la presencia en Chile de jefes de estado europeos para el cónclave, el diario chileno El Mercurio destacaba esta semana que las dos estrellas de la cumbre van a ser la canciller alemana, Angela Merkel, y Castro: la primera “por su capacidad, en esa gran democracia que es Alemania, de combinar liderazgo con popularidad (…) Castro, porque preside uno de los poquísimos países totalitarios que quedan”.

Los intentos por volver a incorporar a Cuba al concierto hemisférico de naciones dieron su primer gran paso en firme en 2009, cuando por presiones mayormente de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina, la Organización de Estados Americanos (OEA) anuló la expulsión que pesaba sobre La Habana desde 1962.

La real intención de los países miembros de la denominada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) nunca fue reincorporar a Cuba a la OEA puesto que La Habana siempre dejó claro que tampoco le interesaba hacerlo, sino más bien crear un nuevo foro regional en el que no figuraran ni Estados Unidos ni Canadá. Así fue que surgió la CELAC.

De cualquier manera, aunque los partes oficiales lo oculten, la visita a Chile de Raúl Castro no estará exenta de contratiempos desagradables para el gobernante y de coyunturas políticas difíciles de sortear sólo con sonrisas diplomáticas y expresiones de luego veremos.

Muchos chilenos recuerdan aún la intromisión de Cuba en el país durante la convulsa época que rodeó al breve gobierno socialista del presidente Salvador Allende y su derrocamiento en un golpe por el  general Augusto Pinochet, y de hecho antes de la llegada del gobernante cubano para la cumbre  ya hubo manifestaciones, de simpatizantes y detractores de la Habana, ante la embajada de la isla en Santiago.

El partido conservador chileno Unión Demócrata Independiente (UDI), integrante de la coalición de gobierno, acusa al gobierno cubano de dar amparo a los guerrilleros de izquierda que asesinaron en un atentado en 1991 al senador Jaime Guzmán, fundador de esa agrupación, y exigen que Cuba colabore en la investigación del crimen.

La UDI difundió la víspera un anuncio pagado en la prensa en el que califica a Raúl Castro de “uno de los principales dictadores del mundo occidental” y reclama que sean llevados a juicio los responsables del atentado, quienes incluso se sospecha que puedan estar residiendo aún en la isla.

Por lo pronto, el presidente chileno, Sebastián Piñera, ha dicho que pedirá formalmente a Castro la cooperación de su gobierno para que se esclarezca el asesinato de Guzmán.

El mercado laboral de Estados Unidos no se ha recuperado con la rapidez esperada ni en la medida suficiente, pero a diferencia de años anteriores los jóvenes recién graduados de universidades que encuentran empleo en sus profesiones tienen ahora una ventaja que con la crisis económica se había desvanecido, la de empezar a trabajar con salarios más altos.

De acuerdo con una reciente encuesta hecha por la Asociación Nacional de Colegios (universitarios) y Empleadores (ANCE) , el salario promedio inicial recibido por los profesionales titulados en el 2012 se situó en el orden de los $44 mil 455 dólares anuales, tres y medio por ciento más que el año anterior, el mayor incremento que se registra desde 2008.

Por supuesto, algunos dieron el salto de la aulas a oficinas, institutos, corporaciones o laboratorios con mayor remuneración que otros, en dependencia de sus diferentes especialidades, y los salarios fluctúan de un monto de $36 mil 988 dólares para los graduados de Humanidades hasta los $61 mil 913 para los que ostentan un diploma en ingeniería.

Después de los ingenieros, los más favorecidos son los licenciados en ciencias de computación, que ha  empezado a dar sus primeros pasos como profesionales con un salario promedio de $59 mil 221 dólares, según la ANCE.

Con todo, el estudio revela que la mayor cantidad de nuevos graduados contratados en su especialidad fueron los que de una manera u otra tienen que ver con ramas de la educación (444 mil 500), que fueron también los que vieron crecer en mayor proporción sus primeros salarios ($40 mil 668 como promedio), con un aumento de 5,4 por ciento respecto al 2011.

En segundo lugar por número de contrataciones figuran los egresados de carreras relacionadas con servicios técnicos, profesionales y científicos, que incluyen especialidades como contabilidad, arquitectura, ingeniería y empleos de computación. En tercer y cuarto lugar quedaron, respectivamente, los titulados en las ramas de la salud y sectores del gobierno.

Con todo, a pesar de los alentadores incrementos salariales, el mercado laboral incluso para los graduados universitarios sigue siendo deficitario, y un estudio adicional llevado a cabo con egresados de la enseñanza superior en 2012 indicó que menos de 30 por ciento recibieron ofertas de empleo antes de la graduación.

A modo de comparación, en Japón, según cifras difundidas esta semana por el gobierno, un estimado del 75 por ciento de los estudiantes universitarios del último curso, que se gradúan en marzo entrante, ya cuentan con propuestas de trabajo desde el pasado 1ro. de diciembre.

Según estadísticas del Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo de los titulados universitarios con 24 años de edad o menos fue de 7,7 por ciento en 2012, casi el doble de la de los graduados con mayor edad, y superior en más de dos puntos porcentuales a la de antes del comienzo de la recesión.

El año que recién terminó fue de plácemes para la Reserva Federal (FED) de EE.UU. porque a pesar de que la economía del país estuvo meses al borde de un “abismo fiscal”, el desempleo no ha dejado de acosarla y todavía no se han solucionado a largo plazos los peligros del déficit y su abultada deuda fiscal, el Banco Central estadounidense obtuvo beneficios récord.

Puede parecer un contrasentido pero no lo es, porque luego de cuatro años de políticas monetarias nada convencionales la FED no ha logrado estimular la economía todo lo deseado sin embargo  el total de activos en sus arcas creció sostenidamente.

Ese aumento se debe a que tras la crisis del 2008, el Banco Central encabezado por Ben Bernanke comenzó a comprar bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, entre otros con el propósito de preservar a un nivel muy bajo los tipos de interés con la esperanza de reactivar la economía y socorrer al sistema financiero.

En virtud del mecanismo, la FED recambia títulos de próximo vencimiento por otros de largo plazo para presionar a la baja las tasas de interés. El plan original preveía que sería suficiente hacerlo hasta el 2014, pero en diciembre pasado, Bernanke anunció que el banco comprará deuda hipotecaria por $ 40 mil millones de dólares mensuales, y mantendrá el tipo de interés entre el cero y el 0,25 por ciento hasta mediados de 2015.

Aunque no todos parecen compartir igual opinión sobre la prórroga dentro del Banco Central, la FED dio muestras de que su fórmula para dejar definitivamente atrás la crisis sigue siendo la de aplicar una relajación monetaria fuera de lo común. Y no sólo impuso un incremento de los programas de recompra de bonos, algo que muchos expertos no esperaban, sino que dijo que mantendrá tal política hasta que se considere que la recuperación económica es “sustancial”.

Como se sabe, la FED no ha logrado conseguir que la economía crezca aún al ritmo e intensidad necesarios, pero por cuarto año consecutivo sus ingresos se han incrementado como la espuma. Solamente tras el estallido de la crisis, de 2007 a 2008, su total de activos subió de $0,91 a $2,24 billones de dólares (en la actualidad son de $2,92 billones).

Hasta entonces sus beneficios nunca habían superado los $40 mil millones de dólares pero gracias a la compra de activos para imprimir liquidez al mercado en 2009 registró ingresos récord de $46 mil 100 millones.

Más aún, la suma aportada al Tesoro de la nación por la FED el año pasado ascendió a $88 mil 900 millones de dólares, de los cuales su mayor parte ($80 mil 500) fueron fruto de intereses de los activos adquiridos por el Banco Central, como bonos y títulos de duda relacionados con hipotecas.

De acuerdo con la FED, el pago hecho al Tesoro en 2012 superó en 17, 9 por ciento al abonado en 2011, cuando el gobierno federal recibió $75 mil 400 millones de dólares del Banco Central.

Para que se tenga una idea del dinero ganado por la FED, en 2011 sus beneficios no sólo fueron superiores a los de los cinco mayores bancos de EE.UU.: JP  Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Goldmand Sachs, sino también a las ganancias, sumadas,  de dos grandes corporaciones como Exxon Mobil y Apple.

Los estadounidenses respiraron aliviados horas después de la llegada del año nuevo cuando el Senado y la Cámara de Representantes lograron concretar un acuerdo que durante meses no habían podido conseguir, para evitar una subida de impuestos llamada a afectar principalmente a la clase media.

Las dilaciones que retrasaron la adopción del acuerdo pusieron de relieve una vez más lo difícil que viene resultando en los últimos tiempos a demócratas y republicanos encarar los grandes retos del país y dar una solución bipartidista al déficit fiscal de EE.UU. y a los problemas de fondo de su economía.

Cierto que por primer vez en veinte años las familias ricas con ingresos superiores a los $450 mil dólares anuales pagarán impuestos más altos, aunque no como el presidente Barack Obama pedía que fuese: a las que ganan más de $250 mil, una promesa de su campaña electoral. Pero tampoco sus adversarios republicanos lograron todo lo que querían.

Aunque el acuerdo convirtió en permanentes exenciones fiscales para la clase media heredadas del gobierno del presidente George W. Bush y prorrogó el subsidio por desempleo que beneficia a dos millones de estadounidenses, la subida de gravámenes a alrededor del 0,6 por ciento de la población aportará al fisco ingresos muy inferiores comparados con lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que crecerá el déficit la próxima década.

En virtud del acuerdo sobre el ”abismo fiscal” los legisladores decidieron además aplazar la decisión acerca de cómo distribuirán más de $110 mil millones de dólares en recortes de gastos públicos como la asistencia a jubilados e incluso varias partidas del presupuesto del Departamento de Defensa.

De modo que a dos meses vista, demócratas y republicanos tendrán de nuevo ante sí los mismos desafíos que desde hace rato vienen arrastrándose sin solución definitiva  y se encontrarán ante la disyuntiva de adoptar una drástica rebaja de las prestaciones sociales o volver a elevar el límite de endeudamiento del país.

La trampa en la que se hallan atrapados ambos partidos no ha variado. Los demócratas no quisieran reducir ni un dólar a gastos gubernamentales como los relacionados con los beneficios por desempleo y las subvenciones al Medicare (seguro de salud pública para los mayores de 65 años). Y los republicanos no quieren afectar, entre otros, el presupuesto del Pentágono.

Las negociaciones para llegar a un consenso de cómo cortar, cuánto, dónde sí y dónde no, podrían convertirse en la repetición de un proceso que en el pasado ya fue agónico y decepcionante. En la situación actual todos reconocen que la única salida es un pacto presupuestario que resuelva a largo plazo la reducción del déficit y la deuda, lo que exigiría concesiones políticas de ambos partidos que hasta ahora no han estado dispuestos a hacer.

Para elevar las incertidumbres, EE.UU. acaba de alcanzar el tope de $16,4 billones de dólares fijado como “techo” de su deuda, y aunque tendrá dos meses más para seguir pagando a tiempo sus obligaciones, no existe todavía la certeza de que los republicanos vayan a aceptar elevar ese límite sin obtener a cambio fuertes rebajas en el gasto público.

Los peligros económicos que enfrenta EE.UU. siguen siendo tan peliagudos que la agencia Standard & Poor's decidió mantener la rebaja que hizo en agosto pasado de su calificación crediticia a AA+ con tendencia negativa porque no considera que el acuerdo sobre el “abismo” vaya a mejorar la situación fiscal del país, y al igual que el año pasado la salud política y legislativa estadounidense “se ha vuelto menos predecible y estable”.