El 2012 se va y los venezolanos aún no saben si para el año que llega seguirán siendo gobernados por el presidente Hugo Chávez, una incertidumbre nacional a la que se suma ahora la noticia que les confirma que viven en uno de los países más violentos e inseguros del mundo.

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reportó que las cifras de homicidios simples y múltiples han aumentado en la nación y que este año finalizará con al menos 21 mil 692 personas muertas.

La cifra supone una tasa nacional de 73 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una proporción récord, que en Caracas, la capital, es aún mucho mayor (122).

Al final del 2011 los venezolanos terminaron diciembre pensando que tal y como decía el gobierno se había producido un milagro y Chávez estaba curado de cáncer, al cierre de un año que por demás fue declarado como el más violento en la historia de Venezuela.

Ahora, ni lo uno ni lo otro: en las actuales circunstancias pocos piensan que la suerte del presidente sea la misma, y lo que ya se consideraba una triste cifra en materia criminal (con 19.336 personas asesinadas en un año) en lugar de disminuir ha sido superada.

Incluso la tasa oficial de homicidios, que se queda por debajo de la informada por la organización no gubernamental, y es de 50 por cada 100 mil habitantes, rebasa ampliamente las de los otros países considerados entre los más violentos en la región.

Según el director de OVV, Roberto Briceño, la tasa de asesinatos en Colombia fluctúa entre 32 y 34 muertes por cada 100 mil habitantes, la de Brasil entre 23 y 24, y en México es de 22.

Pero lo peor no queda ahí. De acuerdo con la OVV, Venezuela es uno de los seis países más violentos del mundo y uno de los pocos en América Latina donde no sólo la criminalidad es muy elevada sino que también se incrementa por año.

El informe constata un aumento de los asesinatos en las casas, en las calles, en las cárceles y además, como promedio, durante el año murió a diario un policía.

Ya no sólo es que muchos gobiernos repriman la libertad de expresión, no protejan o acosen hasta la asfixia a los medios de prensa independientes, ahora es además que a los periodistas se les asesina.

Según la organización Reporteros sin Fronteras, cuya misión es defender a la prensa libre en todo el mundo,  2012 ha sido el año más mortífero para los trabajadores de la información.

Un informe de balance del año de Reporteros revela que 88 periodistas murieron en el ejercicio de su profesión, la suma más trágica en casi dos décadas que la organización lleva compilando estas cifras. Todos perdieron la vida en medio de conflictos armados, atentados, o a manos de grupos asociados al crimen organizado, a islamistas o “por orden de oficiales corruptos”.

De acuerdo con el reporte, difundido esta semana, “el número históricamente elevado de periodistas asesinados en 2012 (33 por ciento más) se atribuye principalmente al conflicto en Siria, al caos en Somalia y a la violencia de los talibanes en Paquistán”. Y la tendencia a incrementarse no deja de aterrorizar: en 2010 fueron 58, y en 2011, 67.

Además de Siria, Somalia y Pakistán, entre los países con más riesgo para la integridad física de los trabajadores de la prensa figura México, donde están a merced del narcotráfico, la corrupción y la infiltración de la mafia entre las autoridades locales o federales, según el reporte, que da cuenta de la muerte de seis en el 2012.

Con cinco periodistas asesinados, le sigue Brasil, donde tres “habían denunciado la influencia de los cárteles en los sectores políticos y económicos locales—dice Reporteros--, otros dos eran periodistas-blogueros, que en general corren importantes riesgos cuando denuncian la implicación de una autoridad o un caso de corrupción”.

El secretario General de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire, ha subrayado que la impunidad de que gozan los autores de estos crímenes contribuye a que continúen las violaciones a los derechos humanos, en particular al derecho a la libertad de expresión, algo fehacientemente corroborado por las estadísticas.

En adición al aumento de asesinatos, que no incluye los de 47 hombres y mujeres que asumieron voluntariamente la función de reporteros y fotógrafos para dar a conocer atropellos en sus respectivos países, el informe denuncia que 1.993 periodistas fueron agredidos o amenazados, 38 secuestrados, 73 tuvieron que huir de su país, y 144 blogueros fueron detenidos.

Se subraya que en lo que toca a América Latina, la represión contra blogueros y periodistas disidentes volvió a intensificarse en Cuba por segundo año consecutivo. Y mientras Perú conserva el récord de agresiones anuales, que se aproxima al centenar, los incrementos más alarmantes se registran en Argentina, Brasil y México.

La excepción es Colombia, que es el único que experimentó una baja en lo concerniente a las agresiones. Sin embargo, precisa el reporte, el país no deja de ser uno de los más violentos del continente para los periodistas, junto con Honduras y México.

Si como se sabe el ejercicio de la prensa libre es un garante primordial de la democracia y del respeto a los derechos humanos, y los periodistas los encargados de hacerlo cumplir, el informe de Reporteros sin Fronteras ilustra patéticamente lo mal que andan las cosas en el mundo.

Se estima que en Estados Unidos hay al menos 270 millones de armas de fuego en manos de particulares, casi una per cápita, lo que posiblemente pasaría inadvertido de no ser por la frecuencia con que su uso por individuos con trastornos psíquicos ha dado lugar a matanzas escalofriantes.

Después de las cometidas en Columbine (1999), en Virginia Tech (2007), y en Denver (en julio pasado) la matanza de este viernes en una escuela de Newtown, Connecticut, ha sido la peor, con saldo de 27 muertos, entre ellos 20 niños, lo que vuelve a poner en carne viva el debate nacional sobre la posesión de armas de fuego.

El autor de la masacre, identificado por las autoridades como Adam Lanza, de 20 años de edad, aparentemente con problemas mentales, tenía en su poder tres armas de fuego, todas registradas legalmente a nombre de su madre.

Una legislación aprobada por el Congreso en Washington en 1993, la 'ley Brady', obliga a verificar los antecedentes penales y psiquiátricos de quienes vayan a adquirir armas de fuego, pero como se ha dicho repetidamente  a la hora de aplicar la ley existen fallas.

“Como nación, hemos sufrido demasiadas de estas tragedias en los últimos años—dijo tras el suceso el presidente Barack Obama--.  Tenemos que unir fuerzas y tomar medidas significativas para prevenir más tragedias como esta”.

Pero como muchos otros en el país, el estado de Connecticut, donde ocurrió el tiroteo, no exige un permiso especial para poseer rifles o pistolas, y sólo requiere que el comprador sea mayor de 21 años. Las leyes estatales tampoco obligan a poseer un permiso especial para comprar rifles o escopetas, sólo cuando se trata de pistolas.

Los partidarios de la posesión de armas de fuego, que son mayoría en el país, amparan su defensa en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que, efectivamente, les garantiza ese derecho. Y en la práctica las tienen en sus hogares millones de cazadores, coleccionistas y ciudadanos respetuosos de la ley quienes además no consideran que el estado tenga obligación de protegerles y esgrimen el derecho a la autodefensa.

Los que se oponen a la posesión de armas alegan que a pesar de los controles existentes también tienen acceso a ellas miles de asesinos y desequilibrados mentales. El gran argumento de los grupos de presión contra la posesión de armas de fuego es que estas son disparadas contra más de 100.000 personas al año, y sólo en 2010 hubo más de 30.000 víctimas.

Sin embargo, los legisladores que defienden la posesión también son muy activos, y organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, fundada hace más de un siglo como una pequeña organización de entusiastas de las armas y cazadores, se ha convertido en la actualidad en uno de los grupos políticos con más poder en el país.

No obstante, el hecho más significativo es que sólo uno de cada cuatro estadounidenses, un número récord, está a favor de una prohibición total de la posesión de armas de fuego en el país, según reveló a fines del año pasado una encuesta hecha por la firma  Gallup. Eso a pesar de que el sondeo se llevó a cabo escasos meses después del balazo dado en plena vía pública a la congresista Gabrielle Giffords en Arizona, un suceso que conmocionó a todo el país.

En medio de un escenario en el que unos sostienen que las armas no matan por sí solas mientras otros apuntan que estas son las causantes de que el país esté poseído por una cultura de la violencia, las autoridades se ufanan de que en la última década se hicieron 100 millones de revisiones de antecedentes penales a la hora de vender un arma de fuego y se negaron más 700 mil. Lo que está claro es que algo en el sistema no funciona bien.

El cariz que han ido tomando los acontecimientos en Siria indica que el régimen del presidente Bashar al-Assad podría estar jugándose las últimas cartas para no perder la guerra y el poder, y esta semana cobró fuerza el rumor de que el acorralado gobernante podría estar buscando en el extranjero un sitio donde refugiarse, y que ese lugar podría ser un país de América Latina.

Las especulaciones de un eventual asilo de Assad han tenido como fundamento el viaje que hizo a fines de noviembre a Cuba, Venezuela y Ecuador el vicecanciller sirio Faisal al-Miqdad, quien habría sido portador de cartas escritas por el propio Assad y dirigidas a los gobernantes de esos países. Las reuniones en las tres capitales fueron confirmadas por el embajador sirio en Caracas.

Está fuera de duda que los gobiernos de esas tres naciones apoyan a Assad, pero en momentos en que los combates se han intensificado en los alrededores de Damasco y la comunidad internacional ha advertido seriamente a Siria contra el uso de armas químicas, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, negó el jueves que el presidente sirio haya pedido asilo en Quito.

A propósito de los rumores, el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo que EE.UU. está al tanto de ofertas informales de asilo al gobernante sirio pero que en este momento Washington no tiene “conocimiento formal de ofrecimientos concretos".

Rusia, que en el pasado había sido también mencionada como posible destino del presidente sirio, ya negó esa posibilidad por conducto de su canciller, Serguei Lavrov, y aunque en febrero pasado el gobierno de Túnez brindó eventual refugio a Assad, aún se desconoce si ese podrá ser el caso de Cuba y de Venezuela.

Aunque en La Habana siempre han abundado las muestras de solidaridad con el régimen sirio, Fidel Castro nunca se atrevió a dar albergue a ningún “aliado” de Cuba que pudiese llegar a ser considerado un genocida. Y no hay nada que indique que su hermano Raúl Castro vaya a obrar de manera diferente.

En Venezuela, donde aún sigue siendo incierto que por razones de salud el presidente Hugo Chávez pueda completar su tercer mandato, Assad estaría corriendo un peligroso albur. Incluso muchos piensan que si alguno de los tres países se decidiera a dar el paso, sólo le concedería refugio temporal.

Es muy difícil sea cual sea su paradero que Assad evite ser procesado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.  De hecho, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, ya pidió que el gobierno sirio sea juzgado por tales crímenes contra la población civil siria.

Los antecedentes de asilos incómodos son numerosos en Latinoamérica, como el del dictador paraguayo Alfredo Stroessner , en Brasil; el del Sha de Irán, Mohamed Reza Palhevi, en Panamá, y el del tirano comunista alemán Erich Honecker, recibido como refugiado en Chile por razones humanitarias.

Pero a diferencia de estos, si Assad se aventurara a buscar refugio en América Latina, el diario digital GlobalPost decía esta semana que su caso podría tener similitud con el del oficial nazi de las SS Adolf Eichmann, quien huyó a Argentina y años después fue capturado, juzgado en Israel y condenado a morir en la horca por su responsabilidad en el Holocausto.

El foco de la atención sobre el Oriente Medio ha girado inadvertidamente las últimas semanas hacia el viejo conflicto israelí-palestino y los choques entre islamistas y laicos en Egipto, que han hipotecado las aspiraciones de la Primavera Árabe en ese país. El mundo parece haber olvidado la guerra en Siria, que ya dura 20 meses y no da señales de cuándo acabar.

Esta semana los combates entre las fuerzas armadas sirias y la oposición armada han llegado otra vez a los alrededores de Damasco, exactamente a la zona del aeropuerto a unos 27 kilómetros al sureste de la capital, donde el régimen del presidente Bashar al Assad cortó las comunicaciones para levantar un muro entre la opinión pública y la realidad.

Según los llamados Comités de Coordinación Local de la oposición, los servicios de Internet y de telefonía fija y móvil dejaron de funcionar en la mayoría de las zonas de Damasco y  sus inmediaciones, y también hubo cortes en las provincias centrales de Hama y Homs, en Deraa y Suaida, en el sur, en Tartus, en el oeste,  y en otras partes del país.

El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, grupo opositor con sede en Londres, estima que desde que se inició la rebelión contra Assad en marzo de 2011, podrían haber muerto más de 36 mil personas entre soldados, civiles y desertores.

Las masacres ocurren casi a diario. El ejército ataca ciudades indiscriminadamente porque Assad se siente acorralado, y en una de sus más recientes operaciones las fuerzas militares sirias bombardearon un hospital en la ciudad de Alepo y mataron a 40 personas.

Pero este es sólo uno más de los trágicos sucesos que vienen desangrando a diario al país. El domingo 10 menores de edad murieron en un bombardeo de la aviación del régimen en la localidad de Deir al Asafir, al sureste de Damasco. Según dijeron testigos, los niños estaban jugando en la calle cuando les sorprendió el ataque.

Los representantes de la oposición tampoco han dado muestras de una representatividad popular que les haya granjeado la confianza de la comunidad internacional. Y en un esfuerzo integrador se creó a principios de mes tras un acuerdo alcanzado en Doha (Qatar) una nueva Coalición Nacional de Fuerzas de la Oposición y Rebeldes (CNFORS).

La coalición desplazó del primer plano al Consejo Nacional Sirio (CNS) que hasta ahora fungía como grupo aparentemente aglutinador de las fuerzas antigubernamentales, sin haber dado muestras de garantizar el respeto a todas las minorías que combaten hombro a hombro contra el gobierno de Assad y que cuentan en el panorama político nacional.

De hecho también ha habido denuncias de ejecuciones sumarias y de otras atrocidades cometidas por rebeldes contra soldados del régimen, y de que bajo el paraguas de la oposición se cobijan grupos islamistas radicales que no están interesados en establecer una democracia que garantice los derechos fundamentales para todos en el país.

En adición, se estima que el número total de refugiados sirios excede ya los 400 mil, hombres mujeres ancianos y niños que huyen de la guerra hacia las naciones vecinas: Libano, Jordania, Irak y Turquía. Y según teme la ONU esa cifra podría llegar muy pronto a  los 700 mil.

Lo realmente lamentable es que el conflicto, que ha cobrado proporciones de tragedia y trascendido las fronteras sirias, no haya podido ser hasta ahora frenado por Naciones Unidas, cuya razón de ser y mandato principal es el de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Casi la mitad de los 75 cubanos presos durante la Primavera Negra de 2003 era periodistas. Todos fueron procesados mediante juicios sumarios acusados de atentar contra la “integridad”  y la “independencia” de la isla y sentenciados a penas de hasta más de 20 años de prisión.

Cuando ocho años después, el último de ellos fue  excarcelado y muchos terminaron en el destierro, algunos pensaron que tocaba a su fin un negro período de atropellos y violaciones contra la libertad de expresión. Pero no, el gobierno cubano sigue acosando e intimidando a los periodistas independientes con arrestos arbitrarios y golpizas.

En su más reciente denuncia esta semana sobre la situación de la libertad de expresión en la isla, la organización Reporteros sin Fronteras condenó “las represiones que han venido aumentando durante los últimos meses”, y llamó especialmente a los países de América Latina “con quienes Cuba busca la integración” a darle prioridad al tema de la libertad de información en sus relaciones con La Habana.

Pero lamentablemente entre los países de la región a los que va dirigida la solicitud están Venezuela, donde la prensa libre lleva años hostigada y privada de derechos; Ecuador, donde el presidente Rafael Correa le ha declarado la guerra a la libertad de expresión; Bolivia, donde el gobierno encañona a los periodistas como enemigos, y Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández se comporta de manera similar frente a los medios de difusión independientes.

Reporteros cita en su informe sobre Cuba el caso de José Antonio Torres, corresponsal del propio diario del gobernante Partido Comunista, Granma, condenado en julio pasado a 14 años de prisión tras ser enjuiciado por “espionaje”  al escribir una serie de reportajes críticos contra la gestión del gobierno.

También menciona a Calixto Ramón Martínez Arias, periodista independiente y corresponsal del centro de información Hablemos Press, quien se declaró en huelga de hambre para protestar por sus condiciones carcelarias luego de ser detenido hace dos meses por “desacato”, tras divulgar la existencia de brotes de cólera y de dengue en la isla antes de que el gobierno lo hiciera.

Según la organización, los arrestos de periodistas y la confiscación de sus computadoras y otros medios de trabajo ocurren en medio de una alarmante ola represiva puesta en práctica contra los opositores en la isla, y constata las detenciones este mes de Roberto de Jesús Guerra, Jaime Leygonier y Enyor Díaz Allen –todos de Hablemos Press– interrogados y amenazados por la policía.

La embestida incluye el arresto hace poco más de una semana de un grupo de activistas pacíficos, entre ellos Antonio Rodiles, y de 16 personas que fueron acusadas de “desorden público e indisciplina social”. Reporteros sin Fronteras destaca que entre ellos se hallaba la bloguera Yoani Sánchez, quien estuvo detenida junto a su esposo, el periodista Reynaldo Escobar.

El Comité de Protección a los Periodistas, con sede en Nueva York, ha pedido a las autoridades de la isla poner fin a la utilización de detenciones, violencia física, vigilancia y campañas de desprestigio contra periodistas y blogueros independientes, y derogar la Ley 88 (conocida como Ley Mordaza) empleada para encarcelar arbitrariamente a los críticos del régimen. Pero La Habana, como de costumbre, no ha respondido.

Hace sólo trece meses Cristina Fernández fue reelecta como presidenta de Argentina con el 54 por ciento de los votos, pero el apoyo popular que la aupó a la Casa Rosada y le dio prácticamente carta blanca para gobernar parece estar esfumándose por día a juzgar por la multitudinaria protesta que el jueves inundó las principales arterias de Buenos Aires, en una manifestación que los mayores diarios del país, Clarín y La Nación, calificaron de “histórica”.

Un portavoz del gobierno estimó el número de manifestantes en la capital en unos 700 mi, sin contar las decenas de miles que se sumaron a la demostración en las cabeceras de provincia, en ciudades como Córdoba, Mendoza y La Plata, y quienes hicieron lo mismo en el extranjero frente a las embajadas y consulados argentinos, desde la vecina Chile hasta Australia.

Apenas habían transcurrido dos meses desde las protestas de septiembre pasado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires contra la presidenta, después de los cacerolazos del 2009 por el aumento de los impuestos. Pero la de la ahora ha sido sin dudas la de mayor magnitud y tal vez resonancia desde que Néstor Kirchner y hoy su viuda, Cristina Fernández, tomaron las riendas del país en 2003.

Los reclamos populares se han ido sumando y han ido en aumento: el descontento por la inseguridad, las restricciones en la adquisición de moneda extranjera, y una hiperinflación que ronda el 25 por ciento y que el gobierno volviendo la cara a lo que dicen los economistas, para mayor irritación de la ciudadanía, asegura que no pasa del 10.

También hay molestia ante los denodados esfuerzos del gobierno por amordazar a la prensa independiente, por la corrupción en los poderes públicos, y por las alegadas pretensiones del oficialismo de reformar la Constitución para librarle de obstáculos legales el camino a Cristina Fernández y permitirle un tercer mandato.

Un gran cartel enarbolado durante la manifestación a todo lo ancho de la Avenida Santa Fe, en Buenos Aires, decía: “Aún estamos a tiempo de pisar el freno antes de caer en una dictadura chavista”, en alusión a la presunta “venezuelización” de Argentina.

Significativamente, momentos antes de las protestas, María Grabiela, la hija del gobernante de Venezuela, Hugo Chávez, estaba en la Quinta de Olivos, según revela una foto en la que la joven se ve sonriente y pegada a Cristina Fernández, y una nota que publica en su cuenta de Twitter en la que la califica a la mandataria argentina de “queridísima” y dice haber compartido con ella “gratos momentos”.

De acuerdo con la policía, en los alrededores de esa misma quinta, la residencia privada de la presidenta, se agolparon unos 30 mil manifestantes inconformes con sus políticas.

Coincidiendo con la gran efervescencia popular, el gobierno argentino comunicaba que, por indicación de sus médicos, Cristina Fernández no asistirá a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz porque es un viaje muy largo que la sometería a los efectos del “jet lag” cuando tiene el compromiso de asistir a la cumbre de UNASUR, en Lima, el 30 de noviembre.

En medio del silencio oficial por las manifestaciones, la primera reacción fue la del senador oficialista y exministro Aníbal Fernández, quien atribuyó la movilización a una maniobra de la oligarquía para desestabilizar al país y dijo con arrogancia que “la protesta ni me quitó el sueño ayer ni me lo quita hoy”. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, declaró que “podrán salir con las cacerolas que quieran, pero no van a poder” cambiar la política del gobierno.

Sin embargo, el clima político en el país no es como para que el gobierno se desentienda tranquilamente del entorno, cuando su asilamiento se acrecienta debido a los permanentes desplantes a la prensa, las distancias que la presidenta interpone entre ella y los periodistas, el bloqueo informativo de parte de sus ministros a los medios, y una desbordada decepción popular que el mes pasado también sumó a las protestas a cientos de policías de los cuerpos de Prefectura y Gendarmería y a suboficiales de la marina.

La cuenta es sencilla. La población de origen hispano es la de más rápido crecimiento en Estados Unidos, y si en las pasadas elecciones de 2008 la fuerza de su sufragio ya se consideraba influyente en las de este año con más razón, puesto que ahora hay 23 milllones 700 mil latinos aptos para votar.

Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO),a los comicios del 6 de noviembre podrían acudir a los colegios electorales un récord de hasta 12,2 millones de hispanos, 26 por ciento más que hace cuatro años, cuando su participación alcanzó proporción histórica en una elección presidencial en el país.

En los comicios de 2008, el 67 por ciento de los hispanos votaron por Obama y sólo el 31 por ciento lo hizo por su entonces contendiente John McCain e históricamente los latinos en general se han inclinado a favorecer más a los demócratas que a los republicanos. El gran problema es que el abstencionismo entre los hispanos es alto, de alrededor del 50 por ciento.

Conscientes de esa realidad, a ambos partidos les preocupa mucho no sólo cuántos hispanos saldrán a votar sino dónde, porque su sufragio promete ser clave en algunos estados considerados claves por lo reñida que es allí la contienda, especialmente en Colorado, Florida y Nevada en incluso en Virginia, Iowa y Carolina del Norte.

Ese es el motivo por el que los demócratas ha apostado fuerte al voto hispano en esos estados para tratar de mantener la ventaja latina obtenida por Obama en 2008 , que fue de 61 por ciento en Colorado, de 57 por ciento en Florida y de 76 por ciento en Nevada.

Por eso el Partido Demócrata ha invertido grandes sumas de dinero en anuncios electorales en español, que según el diario The New York Times prácticamente duplican lo gastado por los republicanos: $8,9 millones frente a los $4,6 millones que destinó con ese fin el equipo de Romney.

Analistas destacan el caso típico de Florida, donde el poderoso voto cubanoamericanos es mayoritariamente republicano pero en los últimos años se ha visto equilibrado por el de los puertorriqueños residentes en el estado, que tienden a votar demócrata.

Eso sin contar que de acuerdo con las autoridades electorales de ese estado si hasta 2002 había más votantes hispanos registrados como republicanos, la cuenta se ha invertido y de los latinos inscritos para votar este año el 30 por ciento son de ese partido y el 38 por ciento demócratas.

Pero una cosa es lo que dicen las estadísticas y otra podría ser por quién decidan votar los electores de esa comunidad el próximo martes. Muchos de los votantes aún afectados por los destrozos del huracán Sandy podrían sentirse desestimulados a acudir a las urnas, sobre todo en Nueva York y Nueva Jersey, donde en 2008 el 78 por ciento del voto hispano fue para Obama.

Además, faltando sólo cuatro días para los comicios, en lo que sin duda es una muy mala noticia para los demócratas, el Departamento de Trabajo informó la víspera que el índice de desempleo entre los hispanos subió a 10 por ciento y sigue estando por encima del promedio general del país (7,9 por ciento).

Previamente, una encuesta de NBC/Telemundo/Wall Street Journal difundida hace dos semanas, reveló que sólo el 68 por ciento de los hispanos se sentían motivados a ir a votar, una proporción menor que el 76 por ciento que dijo estarlo cuando se hizo el mismo sondeo antes de las elecciones de 2008.

Las condenas por corrupción emitidas por la justicia brasileña contra dirigentes históricos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y un ex ministro que fue la mano derecha de Luiz Inácio Lula da Silva tras asumir el poder en Brasil en enero de 2003, dejan inevitablemente un paréntesis abierto en el legado político del expresidente.

En un juicio sin precedentes en la historia del país, La Corte Surpema brasileña halló culpables de corrupción entre otros el exjefe de gabinete del mandatario, José Dirceu, así como el expresidente del PT, José Genoino y el extesorero, Delubio Soares, por un soborno a legisladores que en el 2005 estremeció los cimientos del gobierno de Lula.

El escándalo conocido como mensalão (gran sueldo) se derivó de una trama ilegal en virtud de la cual parlamentarios aliados recibían “mensualidades” a cambio de votos en el Congreso, una operación que según el fallo de los magistrados de la Corte dirigió Dirceu, declarado visto para sentencia por asociación para delinquir y corrupción activa.

De acuerdo con el sumario de la causa, luego de ganar las elecciones de 2002, el PT tejió una red de corruptelas que en buena medida utilizó dinero público para financiar ilegalmente campañas y además sobornar a diputados y dirigentes políticos, con la intención de otorgar en la práctica al partido la mayoría parlamentaria no había logrado alcanzar en los comicios.

Durante más de dos meses, el máximo tribunal buscó determinar la responsabilidad de políticos, legisladores, dirigentes históricos del PT y empresarios complotados para comprar apoyo político a favor del gobierno, y al final del proceso declaró culpables a un total de 25 acusados y absolvió a 12.

La primera sentencia emitida por la corte ha sido contra el empresario Marcos Valerio, dueño de la empresa de publicidad SPM&B y calificado como el principal ejecutor material del mensalão, quien recibió una condena de 40 años de prisión y deberá pagar una multa de un millón 400 mil dólares.

El resto de las sentencias contra los miembros de la red de corrupción más escandalosa puesta al descubierto en Brasil serán emitidas en las próximas semanas y prometen ser todas severas, incluso la de Dirceu, quien ha dicho haber sido víctima de un “linchamiento” político y de que ni siquiera se le haya concedido el beneficio de la presunción de inocencia.

La mayor inquietud del PT, que fue fundado por el propio Lula en 1980, es que las condenas contra los principales políticos que contribuyeron a que el partido obtuviera un poder que todavía conserva puedan a la larga minar el arraigo y la popularidad lograda por la agrupación en la última década.

Aunque el empresario Valerio declaró el mes pasado que él sólo era un “mensajero de lujo” en la trama y que “todo lo que hacía era del conocimiento de Lula”, la fiscalía nunca incluyó en la causa al expresidente, quien desde el principio guardó distancias del escándalo y aseguró que no sabía nada del asunto.

La oposición brasileña dice que el exmandatario debía haber sido juzgado por el mensalão pero Lula alega que ya él fue absuelto en las urnas cuando fue reelecto en 2006, cuando dejó el poder con una popularidad récord de 80 por ciento, y cuando su heredera política y sucesora, Dilma Rousseff, fue electa presidenta. El tiempo dirá quién tiene la razón.

La labor de la prensa libre en América Latina se ha venido haciendo cada vez más azarosa en los últimos años no sólo por las amenazas de muerte que reciben a diario muchos periodistas sino también debido a los insultos de algunos presidentes y el permanente hostigamiento de parte de sus gobiernos que llega incluso al acoso judicial.

Según una declaración suscrita por la recién concluida asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que terminó esta semana en Sao Paulo, Brasil, “la violencia contra la integridad física de los periodistas y la creciente intolerancia de gobiernos autoritarios constituyen los principales problemas que afronta la prensa independiente hoy en el continente”.

La SIP mencionó entre los países de la región donde existe mayor hostilidad con los periodistas a Venezuela, Ecuador, México, Honduras y Argentina, nación donde “"una serie de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos (...) configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo".

Entre esos casos se cita la guerra declarada por el gobierno de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández contra el mayor grupo de prensa del país, Clarín, a lo que se añaden las constantes denuncias de periodistas independientes a quienes no se da acceso a la información pública porque los ministros y secretarios de Estado tienen prohibido abrir sus puertas a diarios y canales de televisión que no son oficialistas.

Uno de los funcionarios de la SIP, el director del diario El Comercio de Lima, Francisco Miró Quesada, destacó que la hostilidad con la prensa libre se ha agravado no sólo en Venezuela, sino también en otros países latinoamericanos debido a la tendencia de que gobiernos electos democráticamente ejercen luego de una manera autoritaria el poder.

Además de los múltiples improperios proferidos en público por el presidente Hugo Chávez contra periodistas nacionales y extranjeros, la SIP ya había calificado de "flagrante atentado contra la libertad de prensa" las acciones del gobierno contra la cadena Globovisión, y en esta ocasión volvió a criticar al mandatario venezolano junto a los de Argentina y Ecuador por tratar de “silenciar” al periodismo independiente en sus respectivos países.

Durante la asamblea también se denunció que en los últimos seis meses 13 periodistas fueron asesinados en México, Honduras, Brasil y Ecuador “por el solo hecho de realizar su trabajo”, y al asumir como nuevo presidente de la SIP, el ecuatoriano Jaime Mantilla Anderson, director general del diario Hoy, subrayó que las libertades viven un “momento peligroso” en la región.

Mantilla incluso no pudo asistir a la reunión de Sao Paulo debido a la arremetida de ataques que en este momento enfrenta su periódico por parte del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y en su discurso de aceptación al nombramiento reiteró desde Quito que “la prensa independiente en Ecuador continúa acosada por el gobierno”.

Entre los hechos más notorios del enfrentamiento del presidente ecuatoriano Rafael Correa con la prensa libre está su demanda contra los directores y el editor de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, que los habría obligado a cumplir tres años de prisión y a pagar $40 millones de dólares en concepto de daños por “difamación”. 

También figuran la decisión del gobierno de Correa  de dejar de poner publicidad oficial pagada en la prensa independiente (calificada de discriminatoria por la SIP), la prohibición de que sus ministros concedan entrevistas a un grupo de medios privados, y el cierre de medios de prensa críticos del presidente.

La mayor parte de la atención mundial se la roban las guerras y cuando se habla de la trágica muerte de miles de personas en uno u otro sitio del planeta—como sucede ahora por ejemplo en Siria-- el hecho por lo general está relacionado con un conflicto bélico. Pero la humanidad tiene otro enemigo tanto o más letal: el hambre.

Según el más reciente informe del Índice Global del Hambre (IGH), al menos en una veintena de países del mundo el hambre ha alcanzado niveles “alarmantes” y el empleo “insostenible” de las tierras, el agua y la energía están poniendo en peligro además la seguridad alimentaria de los habitantes más pobres del planeta.

Aunque de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el hambre se redujo en América Latina y el Caribe en la última década y en vez de 65 millones de personas ahora la padecen 49 millones (uno de cada 12 latinoamericanos), la cifra no deja de ser conmovedora.

El hecho es que globalmente, cerca de 870 millones de personas han  padecido desnutrición crónica desde el año 2010 hasta la fecha (una octava parte de la población mundial), y mientras la humanidad presume de sus avances tecnológicos y de sus conquistas en pos del futuro la gente sigue muriendo de hambre.

Y muchas veces no son las guerras las que más víctimas ocasionan. Por poner sólo un ejemplo, en México, entre 2001 y 2010 hubo más muertes por hambre que las causadas por la violencia. Según el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, en ese periodo fallecieron 85 mil 343 personas por desnutrición, comparadas con las 49 mil 804 víctimas registradas durante los enfrentamientos con el narcotráfico.

Para muchos sigue siendo inaceptable que en pleno siglo XXI, con el nivel de desarrollo económico sin precedente logrado por el mundo, más de 100 millones de pequeños de menos de cinco años de edad coman menos de lo que necesitan, y que la desnutrición infantil provoque la muerte cada año de más de 2 millones y medio de niños.

Sucede con mayor incidencia en países como Burundi, Eritrea, Etiopía, Chad y Haití, los cinco con más hambre en el mundo. Los otros donde la falta de alimentos es también «alarmante», según el informe, son: Timor Oriental, República Centroafricana, Islas Comoras, Sierra Leona, República de Yemen, Angola, Bangladesh, Zambia, Mozambique, India, Madagascar, Níger, Yibuti, Sudán y Nepal.

Pero significativamente la hambruna también hace estragos en naciones cuyos gobiernos se proclaman campeones de políticas sociales en beneficio de los sectores más desposeídos de la población, como Bolivia y Ecuador.

De acuerdo con el informe del IGH, publicado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, Haití encabeza la relación de países de Latinoamérica y el Caribe de los más hambreados con un índice de 30,8, seguido por Guatemala (12,7), Bolivia (12,3), República Dominicana (10), Ecuador (7,5), y El Salvador (5,7).

Lo peor es que a la indolencia o ineficacia de los gobiernos para lidiar con el hambre en sus respectivos países se suman las inclemencias climáticas que en los últimos años han sido impredeciblemente rigurosas, las inundaciones, las sequías y la degradación medioambiental que amenazan la agricultura en una buena parte del planeta.

El mayor interesado en ganar su tercera reelección este domingo en los comicios en Venezuela es el presidente Hugo Chávez pero no menos que él lo está el gobierno de Cuba, cuyo sustento económico depende en buena medida de la ayuda que recibe de su colega y aliado el gobernante venezolano.

Tras el colapso de la antigua Unión Soviética en los albores de los años 1990, Chávez se transformó en salvador del régimen cubano cuya economía quedó al borde del colapso tras perder las subvenciones que recibía de Moscú.

Sólo en créditos que nunca fueron pagados los rusos estiman que perdieron unos $20 mil millones de dólares en la isla. Pero la cifra real es incalculable, y con mejor certeza la describió el propio gobernante cubano entonces, Fidel Castro, cuando dijo poco después: “Para nosotros fue como si dejara de salir el sol”.

El crudo que los soviéticos suministraban a Cuba llegó a convertirse en maná para la economía de la isla, un rol salvador que ahora cumple el petróleo venezolano. De hecho, la isla produce unos 50 mil barriles diarios pero consume el triple, y el déficit lo llena el crudo que en condiciones preferenciales Chávez envía a La Habana.

En números gruesos los intercambios comerciales también favorecen al gobierno de Castro. Según cifras oficiales cubanas, en el 2010 el comercio total sumó $6 mil millones de dólares de los cuales $4 mil 300 correspondieron a ventas de Caracas a La Habana y mil 700 millones de la isla. En teoría, sólo ese año, la diferencia de $2 mil 600 millones Cuba la debe, si es que llega a pagarla.

Los dos países tienen suscritos decenas de acuerdos de cooperación en materia de educación, salud, agricultura y deportes que expertos estiman en unos mil 600 millones de dólares, entre los que están incluidos al menos unos 30 mil médicos y técnicos de la salud cubanos que prestan servicios en el programa Barrio Adentro.

El candidato presidencial de la oposición venezolana, Henrique Capriles, dijo que Venezuela paga unos 4 mil millones de bolívares al año (más de $700 millones de dólares) por esos acuerdos, cuando debería pagar la quinta parte.

También declaró que está dispuesto a sufragar si es necesario el servicio de los médicos cubanos pero no a seguir regalando petróleo al gobierno de la isla, porque en el fondo, “detrás de eso –subrayó– estamos financiando un modelo político”, en alusión al Socialismo del Siglo XXI impulsado por Chávez bajo la tutoría de La Habana.

Se explica que haya mucha preocupación en los medios oficiales de la isla de un triunfo de la oposición en Venezuela, y que incluso a los médicos cubanos el gobierno de Raúl Castro les haya instruido que asusten a sus pacientes venezolanos con que van a perder la asistencia hospitalaria gratuita si Chávez no gana en los comicios.

El temor fundamental es que la economía cubana colapse incluso de manera peor que cuando se desplomó la Unión Soviética. El economista independiente cubano Oscar Espinosa Chepe lo ha descrito así: “"La moribunda economía cubana está sosteniéndose por la ayuda venezolana, si se cortara ese cordón umbilical esto sería el desastre".

Pero en La Habana también hay una preocupación adicional y no menos inquietante: podría perderse el sostén que representa Venezuela para dar vida a gobiernos en Latinoamérica como los de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, y otros asociados a un viejo proyecto hemisférico de Cuba que ha sido, bajo el pretexto de la integración regional, promover políticas hostiles contra Estados Unidos.

Inseguro de lo que sucederá en las urnas el próximo 7 de octubre, molesto del vigor demostrado en su maratónica campaña electoral por el candidato de la oposición, Henrique Capriles, y muy preocupado además de que su adversario sea 18 años más joven que él, el presidente Hugo Chávez arreció en las última semanas los insultos contra su rival.

Chávez, quien llegó a amenazar con que el país se vería envuelto en una guerra civil si la oposición se hacía del poder, nunca dejó en cambio de dar por seguro su triunfo en cada uno de sus mítines y discursos electorales. Pero en una de sus más recientes arengas en la ciudad de Coro dijo a sus seguidores que no podían cantar victoria. “Tenemos que redoblar el paso”, advirtió.

En ese mismo acto volvió a atacar a Capriles, esta vez con mayor saña, y le llamó “mediocre”, analfabeto sin ideas, “majunche (basura)”, afirmó que no había servido ni como alcalde, y tras hacer de la ofensa su arma preferida señaló que las encuestas “serias” le estaban dando a él la delantera en las elecciones. “No cómodamente –dijo—pero estamos ganando”.

Lo cierto es que el presidente venezolano se negó a ir a un debate público con su oponente, y por si fuera poco ha echado mano a todo su poder avasallador como gobernante autoritario y hace poco más de una semana dejó a su adversario con la palabra en la boca frente a las cámaras de televisión.

Los canales privados transmitían un acto en el que hablaba Capriles, cuando Chávez decidió que era él a quien los venezolanos debían ver y escuchar y recurrió a su potestad para “encadenar” a los medios de difusión públicos y privados y sencillamente, sin más dilación, sacó a su rival del aire e hizo su aparición en pantalla.

De acuerdo con el boletín Alerta Electoral, que aglutina a organizaciones no gubernamentales, periodistas y académicos, Chávez se ha "encadenado" más de 70 horas desde que arrancó la campaña electoral el 1ro. de julio. Su argumento es que no renunciará a la difusión obligatoria para transmitir sus mensajes al país y evitar así, dijo,  que los medios privados silencien los logros de su "revolución".

Sin embargo, en ninguno de esos mensajes Chávez se ha atrevido a abordar uno de los aspectos más machacados por su oponente y que no hubiese podido aludir en el debate que le propuso Capriles: por qué desde que él asumió el poder en el país ya son más de 160 mil los muertos a causa de la inseguridad pública.

Chávez parece estar cada vez más inquieto porque aunque la mayoría de las encuestas, en gran parte realizadas por firmas cercanas a su gobierno, llegan a darle hasta 20 por ciento de ventaja en las intenciones de voto, otras han empezado a concederle una leve delantera a Capriles, y un tercer grupo los da prácticamente empatados.

El detalle está, según los entendidos, en que los sondeos que confieren a Chávez mayor apoyo muestran también un amplio porcentaje de electores indecisos. Son los que no saben aún por quién se decidirán o temen decir por quién piensan hacerlo habida cuenta del miedo que el presidente ha inculcado en los venezolanos de lo que les podría pasar si no votan por él.

Y los temores no son infundados. En 2003, en el país se lograron recolectar cerca de cuatro millones de firmas para convocar a un referendo revocatorio presidencial. Las autoridades electorales, plegadas al gobierno, entregaron las listas con los nombres de esas personas al partido oficialista. Como resultado, Chávez pidió depurar a Venezuela de “contrarrevolucionarios”, y miles de trabajadores públicos perdieron su empleo.

Ahora que las convenciones demócrata y republicana quedaron atrás y la campaña electoral en Estados Unidos entró en su recta final, los debates presidenciales del mes próximo constituyen el último recurso que les queda a los candidatos para conseguir el impulso decisivo de los electores antes del 6 de noviembre, día de la votación.

Históricamente, ha habido debates televisados entre los candidatos a la Casa Blanca en 10 comicios presidenciales, y según expertos, en alrededor de la mitad de ellos la imagen proyectada al público por los contendientes ha sido decisiva a la hora de la elección. El presidente Barack Obama y su rival, Mitt Romney, lo saben y llevan semanas preparándose.

El candidato republicano ha participado últimamente en menos actos públicos de lo acostumbrado, y ha sido porque se toma muy en serio el propósito de ser certero, efectivo y convincente a la hora de subirse al podio frente a frente con Obama y ha estado ensayando los debates, en los que su gran desafío será probar que las políticas del presidente han fallado y que las suyas son las que necesita el país.

Pero Obama tampoco se ha cruzado de brazos,  lleva tiempo estudiando al detalle los gestos y las posiciones que asume Romney y también practicando los debates. El consejo que le han dados sus asesores es que sea breve en sus parlamentos y respuestas, teniendo en cuenta su tendencia a extenderse como orador. “Tiene que hablar más corto, eso es todo", ha sido el jefe de su campaña, David Axelrod.

Todo estará a prueba

El asunto es que todo puede decidirse frente a las cámaras, bajo la mirada y el oído de decenas de millones de estadounidense en busca del menor indicio que los convenza o que los defraude, cuando todo estará definitivamente en juego, los conocimientos de política exterior y economía, la articulación de las ideas y la forma de hablar. Pero sobre todo la confianza que infundan y el carisma con que se expresen.

Las intenciones son claras. Romney criticará las políticas adoptadas por el presidente, desde el programa de reforma de salud hasta su idea de que el país es hoy menos respetado en el mundo, pero el énfasis lo pondrá en el estado de la economía. Obama, por su parte, tratará de hacer ver que con un triunfo de su contrincante sólo los ricos estarán mejor.

La importancia de los debates, cuánto pueden influir en el público, se palpa. El más reciente y mejor ejemplo lo encarna el estrepitoso desplome del aspirante a la nominación presidencial republicana Rick Perry, que entró a la campaña con el aval de ser gobernador de uno de los mayores estados del país, con la aureola política que buscaban los conservadores, pero sus meteduras de pata en los debates terminaron haciendo añicos sus aspiraciones.

El primero de los debates Obama-Romney será en la Universidad de Denver, Colorado, el 3 de octubre, y estará enfocado en temas de política nacional, mientras que el segundo tendrá lugar en la Universidad Hofstra, en Nueva York, el 16 de ese mismo mes. El tercero y último se efectuará el 22 de octubre en Boca Raton, Florida, y se centrará en política exterior. Los candidatos vicepresidenciales, Joe Biden y Paul Ryan, tendrá el suyo el 11 de octubre en Danville, Kentucky.

Una encuesta difundida esta semana por la cadena NBC y el diario The Wall Street Journal señaló que Obama le lleva la delantera por cinco puntos (50-45 por ciento) a Romney en las intenciones de voto. Otros sondeos también le dan cierta ventaja al presidente en estados considerados claves como Colorado, Wisconsin, Florida, Ohio, Virginia y Nevada.

Todo eso podría cambiar de golpe si en las pocas semanas que restan para la votación la economía da muestras de que empeora o la inestabilidad en el Oriente Medio –ya crítica—se agudiza más. Pero especialmente si Romney no hace un buen papel en los debates. Y los hispanos, cuyo sufragio es calificado de crucial en estos comicios, estarán mirando.

Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés) unos 12 millones de hispanos votarán en las elecciones de noviembre, 25 por ciento más que en los comicios de 2008, aunque si todos los latinos en edad para votar se registraran y acudieran a las urnas, esa cifra casi se duplicaría a 23,5 millones.

La imagen de un pueblo desgarrado por una guerra fratricida que en medio siglo ha causado un número tan incalculable como aterrador de muertos podría ser pronto cosa del pasado de prosperar las negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pactadas para dar inicio el 8 de octubre próximo en Oslo, Noruega, y proseguir luego en La Habana, Cuba.

El más esperanzado es el pueblo colombiano, que ha visto impotente cómo se desangra el país luego de dos intentos fallidos por lograr la paz, el último de ellos durante las conocidas como negociaciones del Caguán, bajo el mandato del entonces presidente Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002.

Esta vez, el llamado “canciller de las FARC”, Rodrigo Granda,  ha dicho desde La Habana que la guerrilla está “en un proceso muy serio y muy profundo” y que quiere “preservarlo”. Y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha asegurado que "tiene toda la determinación para poner fin al conflicto" y ha puesto de plazo “meses” y “no años” para llevar a buen término las negociaciones.

La decisión de Santos es respaldada por el 77 por ciento de los colombianos y el 54 por ciento de ellos dijeron sentirse optimistas sobre el resultado del diálogo, según un sondeo difundido esta semana en Bogotá por la firma Ipsos Napoleón Franco. Sólo el  23 por ciento de los encuestados manifestaron que no aprueban el inicio de las conversaciones con las FARC.

Los obstáculos que aún quedan por sortear para que las negociaciones fructifiquen todavía son muchos. El primero de ellos, y tal vez el mayor, es el de poder conjugar justicia y paz, puesto que sobre los cabecillas de las FARC pesan infinidad de delitos. Sólo por citar un caso, el principal negociador de la guerrilla, Iván Márquez, acumula 28 condenas a prisión y 198 órdenes de captura.

Homicidio en concurso con terrorismo, homicidio agravado, secuestro con extorsión, hurto calificado agravado, reclutamiento ilícito de menores, tentativa de homicidio agravado, terrorismo, lesiones personales, y rebelión figuran entre los cargos imputados a Márquez por la justicia colombiana.

Para Estados Unidos, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, es uno de los “terroristas” más buscados e integra la lista de medio centenar de jefes de las FARC imputados desde 2006 como responsables de narcotráfico. De hecho uno de los principales negociadores designados por la guerrilla, alias Simón Trinidad, cumple 60 años de cárcel tras ser extraditado en 2004 a EE.UU. y enjuiciado por secuestro y tráfico de drogas.

El “canciller” Granda dijo que las FARC se siguen oponiendo terminantemente a la extradición de guerrilleros a EE.UU. por “un problema de soberanía nacional”  y que por lo tanto habría que “ cambiar algunos artículos de la Constitución” colombiana.

A cambio de deponer las armas, en adición a sumarse a la vida polìtica del país las FARC buscarían  inmunidad para sus jefes, otro hueso duro de roer en las negociaciones porque ya la Comisión de Paz del Congreso de Colombia advirtió que los inculpados por delitos de lesa humanidad  "no pueden ser objeto de indultos ni amnistías".

Según la encuesta de Ipsos, el 68 por ciento de los colombianos no está de acuerdo con el perdón para los guerrilleros y el 80 por ciento opinó que los que han sido capturados no deben salir de las cárceles. Además, el 65 por ciento no ve con buenos ojos que el gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sea uno de los "acompañantes" del proceso.

Eso sin contar que observadores subrayan que La Habana no es un sitio neutral ni adecuado para negociar la paz, porque durante décadas el régimen de la isla dio refugió, entrenó, financió y auspició a movimientos guerrilleros en Latinoamérica, incluida las FARC. Cuba sigue figurando además en la lista del Departamento de Estado de los países que patrocinan el terrorismo.

Otro asunto espinoso en la agenda, si finalmente se acuerda la desmovilización de las FARC, es el de los niños guerrilleros y si estos declaran contra sus captores o se les hace asumir la responsabilidad de los delitos que han cometido.

De acuerdo con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en la última década decidieron desmovilizarse 3.400 guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que estaban en sus filas desde que eran niños. Al igual que  Pinzón, muchos colombianos siguen considerando "intolerable" y "perverso" el reclutamiento forzoso de menores por parte de ambas guerrillas.

La noticia de que podría alcanzarse la paz con las FARC ha dado nuevo aliento a los colombianos, que durante décadas han visto desangrarse al país a manos de guerrilleros alzados en armas en nombre de la justicia social contra las instituciones del Estado y que luego revelaron no ser otra cosa que vulgares delincuentes, terroristas y narcotraficantes.

Pero si las expectativas son muchas, la posibilidad de poder concertar un acuerdo honorable con grupos que durante tantos años además de actores políticos han sido protagonistas del crimen todavía pende de un hilo. Después de dos infructuosos intentos por lograr la paz con la guerrilla, en la década de 1980 y bajo la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), el pueblo colombiano no pierde nada, el gobierno aparentemente tampoco. Sin embargo a las FARC no le queda otra opción real.

Los éxitos alcanzados en los últimos años por las fuerzas armadas contra la guerrilla, primero bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y ahora durante el de Juan Manuel Santos; la muerte de cinco de sus principales cabecillas, y las deserciones en masa dentro de sus filas, no dejan a las FARC claramente otra salida que la de ser derrotados militarmente o claudicar.

Pero su intención, obviamente no es esa. La instalación oficial de la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno colombiano y los de la guerrilla en Oslo (Noruega) es un hecho meramente simbólico. Los acercamientos preliminares estuvieron negociándose en La Habana entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de este año, y va a ser precisamente en Cuba donde se llegue o no a un acuerdo.

No es casual que las conversaciones tengan lugar luego de sonadas derrotas militares de las FARC, sino cuando además Cuba –cuyo gobierno ha sido por décadas mentor y gestor de las guerrillas en el continente— esté apostando a nuevos modelos de poder con fachada electoral para la extrema izquierda latinoamericana. Ejemplos más representativos: Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” ha dicho que la guerrilla va a las conversaciones sin “arrogancias ni rencores” y que está dispuesta a desmovilizarse, pero que sus hombres llegan a “este nuevo intento de reconciliación asediados”. La frase es un reproche a la decisión del presidente Santos de que mientras se dialogue no habrá alto el fuego.

Para llenar de tranquilidad al país y también como respuesta a quienes critican su decisión de sentarse a hablar con las FARC –y tal vez también con el ELN- , un enemigo prácticamente vencido, Santos ha dicho que esta vez no habrá despeje de territorios ni cese de operaciones militares, que la mesa de diálogo tendrá tiempo limitado,  “meses, no años” y que si “no hay avances, sencillamente no seguimos".

A pesar de que la guerrilla dijo que ya no tiene rehenes porque renunciaron a los secuestros como “política”, Clara Rojas, quien estuvo años secuestrada por las FARC tras ser capturada junto a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, dijo tener constancia de que en lo que va de 2012 la guerrilla ha tomado como rehenes entre 10 y 15 civiles, por los que ha pedido rescate.

Antes de que se conocieran los nombres de los negociadores de las FARC, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, aseguró que las órdenes de captura que pesan sobre ellos serían levantadas, lo que en materia jurídica sería uno de los puntos más controversiales del diálogo, puesto que los tres cabecillas designados por la guerrilla para encabezar las negociaciones enfrentan 268 órdenes de captura y condenas, entre otros delitos, por asesinato, terrorismo, narcotráfico, secuestro y extorsión.

Se trata de Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', número dos de las FARC; "Jesús Santrich", miembro del Estado Mayor de la guerrilla y cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte, y Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, “Simón Trinidad”, que cumple en EE.UU. 60 años de cárcel por el secuestro en 2003 de tres estadounidenses, y cuya participación en las negociaciones ha sido calificada de “irreal” por el presidente colombiano.

Además de lo peliagudo que sería sin duda eximir de crímenes a los principales cabecillas de la guerrilla, muchos de ellos perseguidos por la justicia no sólo colombiana sino también por la estadounidense, el proceso de paz emprendido por Santos tiene sus detractores en la propia Colombia, quienes alegan que no se puede confiar en las FARC, que el diálogo debilita la política de seguridad nacional, y que no se debe negociar con un enemigo que está casi aniquilado.

El mayor crítico es el expresidente Uribe, quien sostiene que además de erróneo es “grave” dar inicio a un proceso de paz “sin el cese de actividades criminales por parte del terrorismo”.

Las plataforma política aprobada en la Convención Nacional Republicana recién concluida en Tampa, Florida, postula en su aparatado titulado "Fortaleciendo lazos en las Américas” que los líderes del partido apoyan resueltamente las verdaderas democracias de la región y se oponen al narcotráfico y a la subversión promovida por regímenes marxistas.

El documento que, de resultar ganador en las elecciones de noviembre el candidato a la presidencia Mitt Romney oficiaría más como pauta que como programa político de pormenorizado cumplimiento, deja no obstante en claro que un nuevo gobierno republicano ofrecería resistencia “a la influencia extranjera en nuestro hemisferio”.

Desde el primer momento, la plataforma define que los republicanos son “el partido de la paz mediante la fuerza” y reprocha al gobierno del presidente Barack Obama haber dado la espalda a Latinoamérica y permitido que el gobierno de Venezuela se haya convertido en una “amenaza creciente” para la seguridad de EE.UU. en el hemisferio.

“En vez de apoyar a nuestros aliados democráticos en la región, el presidente ha priorizado el acercamiento con nuestros enemigos”, señala, y hace especial mención al caso de Venezuela, que en los últimos tres años se ha convertido—dice—: “en un estado narcoterrorista, transformándose en una avanzada iraní en Hemisferio Occidental”.

Sin mencionar por su nombre al presidente Hugo Chávez, el documento apunta que “el régimen actual concede pasaportes o visas venezolanas a miles de terroristas del Oriente Medio, ofreciendo así un refugio seguro a los entrenadores, operativos, reclutadores y recaudadores de fondos de Hezbola”, grupo terrorista islámico radicado en el Líbano y respaldado por los iraníes.

La plataforma también destaca que “la guerra contra las drogas y contra el terror” se han convertido en un mismo empeño en la región, en una clara alusión a la cruenta batalla que se libra en México contra el crimen organizado, y en Colombia contra la guerrilla de las FARC, grupo terrorista que presuntamente ha contado con anuencia y ayuda de autoridades venezolanas.

El documento resalta además el carácter “anacrónico” del régimen en Cuba, reafirma su solidaridad con el pueblo de la isla, y dice oponerse a “cualquier sucesión de poder dinástica de la familia Castro”. En adición reitera entre las condiciones para suprimir el embargo comercial a La Habana, “la legalización de partidos políticos y medios (de prensa) independientes, además de elecciones libres y justas con supervisión internacional”.

Aunque en la Convención la mayor parte de los discursos estuvieron centrados en asuntos de política interna, con predominio de los temas económicos, no faltaron las alusiones respecto a Venezuela y Cuba. La exsecretaria de Estado Condoleezza Rice, por ejemplo, mencionó a “los defensores de la democracia en Venezuela”, y el senador Marco Rubio, hizo un aparte en sus palabras para referirse a la isla.

“Antes de empezar, en una noche tan importante para nuestro país, —dijo— quiero con su permiso dedicar solo unos segundos para hablar de otro país, a pocos cientos de millas de nuestra costa, donde nacieron mis padres. Alli no hay libertad y esta noche pido que oren para que Cuba también goce pronto de libertad”.

De la misma manera, al principio de su discurso el propio candidato presidencial Romney aludió a Cuba al recordar la existencia de un pueblo que vive oprimido a  escasa distancia del territorio estadounidense, y más adelante al criticar la política exterior de Obama por las concesiones que según los republicanos la Casa Blanca ha hecho al régimen de Fidel y Raúl Castro.

Se ha señalado que el compañero de fórmula de Romney, el candidato a la vicepresidencia, Paul Ryan, en el pasado votó repetidamente como congresista a favor de suprimir el embargo comercial de Washington al gobierno de La Habana.

Pero según el también congresista republicano Mario Díaz-Balart, Ryan ha cambiado de opinión últimamente porque ha tenido oportunidad de conocer a fondo la realidad que existe en la isla. A juicio de Díaz-Balart, un gobierno de Romney- Ryan no adoptaría una política de medias tintas ni con Caracas ni con La Habana.

Aparte de los imprevistos sobresaltos que puedan ocasionar en Tampa los miles de manifestantes que las autoridades de la ciudad esperan como protagonistas de protestas y la evolución de la tormenta tropical Isaac, que amenaza con azotar como huracán el sur de la Florida, la Convención Nacional del Partido Republicano promete ser la semana entrante un gran evento político sin grandes sorpresas.

Como ha sucedido en todas estas convenciones desde hace décadas, el triunfador en las elecciones primarias que antecedieron a la Convención, a menos que ocurra lo hasta ahora no visto, tiene asegurada la nominación. Esta vez el candidato a la Presidencia es Mitt Romney, y su compañero de boleta como vice es el joven congresista ultraconservador Paul Ryan, del estado de Wisconsin.

Durante la magna reunión partidista de Tampa, Mitt Romney se esforzará en proyectar su imagen a la nación no sólo como la del empresario exitoso y conocedor que puede sacar a EE.UU. del atolladero económico—la aureola que hasta ahora con mayor fuerza ha enarbolado a lo largo de su campaña-- sino también como la del líder que es capaz de garantizar tanto la prosperidad como la seguridad del país.

Pero lo más atractivo del cónclave republicano quizás no sea la formalización oficial de la candidatura de Romney como el rival del presidente Barack Obama, sino el impacto que tenga en la Convención la todavía fresca designación de Ryan como segundo en la fórmula republicana para disputarles la Casa Blanca a los demócratas.

Bien visto por el movimiento conocido como Tea Party, el congresista de 42 años es un ultraconservador en materia económica y fiscal, arquitecto de un proyecto de presupuesto que busca reducir radicalmente el gasto federal, y que se opone a todo aumento de impuestos y también al aborto, lo que en 2010 lo llevó a decir a la revista The Weekly Standard que él era “100 por ciento partidario de la vida”.

Luego de haberse anunciado oficialmente la selección de Ryan como el número dos de la boleta de Romney, el equipo de campaña electoral de Obama difundió el mensaje de que el candidato a vicepresidente prohibiría el aborto, incluso en los casos de violación e incesto, además de que sus ideas tributarias han sido señaladas por los demócratas como hostiles para el ciudadano común.

Algunos expertos políticos consideran que desde que las elecciones de 1996, en las que el también congresista Jack Kemp acompañó en la fórmula republicana al candidato presidencial Bob Dole, no ha habido un aspirante a la vicepresidencia de EE.UU. tan conservador en materia económica y social como Paul Ryan.

Eso ha dado a los demócratas un elemento adicional para decir que Romney, quien durante mucho tiempo fue visto como un político moderado, ha terminado plegándose a los intereses del Tea Party y de que a la larga han prevalecido en la filas republicanas  los conservadores radicales que favorecen a los más ricos, lo que constituye, dicen, un mal presagio para la clase media.

De cualquier manera, en términos generales, la incorporación del talentoso y joven congresista ha dado mayor ímpetu político a la campaña electoral de Romney, aunque su nombramiento no parezca haber entusiasmado mucho a los hispanos, que en los comicios del 6 de noviembre próximo sumarán 11 de cada 100 electores registrados para votar.

Según el más reciente sondeo del diario The Wall Street Journal y las cadenas de televisión Telemundo y NBC News, el 63 por ciento de los electores hispanos en el país dijo que votaría por la fórmula presidencial demócrata Obama-Joe Biden, y sólo el 28 por ciento indicó que lo haría por los candidatos republicanos, Romney-Ryan.

Con todo, el rol con el que emerja Ryan de Tampa, y el mensaje que logre transmitir uno de los oradores estelares de la Convención, el influyente senador hispano Marco Rubio, una estrella naciente en el partido republicano, podrían dar un impulso importante a las aspiraciones de Romney.

De modo que aunque no se esperen sorpresas en la Convención, la aceptación que consigan o el rechazo que provoquen las propuestas republicanas en la expectante opinión pública nacional, especialmente entre los electores independientes, sí tendrán repercusiones en las urnas el 6 de noviembre.

A medida que se acortan las semanas que restan para los comicios del  6 de noviembre en EE.UU., el presidente Barack Obama y su virtual rival, el republicano Mitt Romney, han intensificado una guerra de anuncios publicitarios que cada vez deja menos espacio al debate de ideas y está haciendo de la campaña en pos de la Casa Blanca un mero ejercicio de rivalidad.

El demócrata y su contrincante republicano han cruzado espadas en numerosos asuntos que van desde el pago de impuestos y el sistema de salud pública hasta acusarse mutuamente de mentir, y mientras Romney ha insistido en su experiencia económica como exitoso empresario, Obama se ha esforzado por hacer ver que sus aciertos han sido personales y no en bien de la nación.

Esta semana un nuevo “spot” de televisión de la campaña de reelección de Obama vincula a Romney con recortes en la educación según el plan de presupuesto defendido por su compañero de boleta, el recién nominado candidato republicano a la presidencia Paul Ryan.

El comercial no menciona a este último por su nombre pero critica a Romney por apoyar planes para reducir la ayuda universitaria a casi 10 millones de estudiantes, que es precisamente lo que según la Casa Blanca sucedería de adoptarse el proyecto de presupuesto defendido por Ryan.

Precisamente en su mensaje semanal este sábado, el presidente retoma el tema de la educación para recalcar que el presupuesto que defienden casi todos los republicanos implicaría “más recortes a la educación para poderles reducir los impuestos a los millonarios y multimillonarios”.

El nuevo comercial de Obama, difundido en los muy disputados estados de Colorado, Iowa, Nevada, Ohio y Virginia, también ataca a Romney por decir que los jóvenes debe tomar dinero prestado de sus padres si lo necesitan para sus estudios superiores o para comenzar un negocio.

La guerra de los anuncios no da treguas, y esta semana la campaña de Romney también empezó a difundir un “spot” que promete fortalecer el seguro médico público para los mayores de 65 años (Medicare) y proteger los programas de asistencia que favorecen a los ancianos, los que ambos candidatos se acusan mutuamente de querer eliminar.

Un locutor dice en el comercial que los votantes de mayor edad han estado aportando parte de sus ingresos para financiar el Medicare con la idea de obtener esa asistencia médica respaldada por el Estado cuando más la necesitan, y acusa a Obama de haber reducido $716 mil millones de dólares de ese programa para pagar por su reforma del sistema de salud.

Recientemente , Romney se apartó de los tópicos más usuales en esta contienda, en su mayor parte relacionados con la economía, los empleos, y los impuestos y dijo que el presidente Obama le ha declarado “la guerra a la religión". El republicano, que es mormón, se refirió a los métodos anticonceptivos con idea de ganarse el apoyo de los electores católicos.

La clave está en que cuando sólo faltan poco más de dos meses para las elecciones, y los sondeos de intención de voto muestran números muy parejos, ninguno de los dos candidatos escatima la oportunidad de abrir fuego contra algo que haya dicho su contrincante.

Defendiendo sus planes de desarrollar fuentes energéticas alternativas, Obama se burló esta semana de Romney por haber dicho que “no se puede manejar un auto con molinos de viento".

Hablando a una muchedumbre de simpatizantes en Iowa, el presidente dijo que si su rival conociera lo que se ha estado haciendo en ese estado sabría que “cerca de 20 por ciento de la electricidad que se consume (allí) proviene del viento, que alimenta a hogares, industrias y empresas de manera limpia y renovable".

Romney, por su parte acusó a Obama de haberle "declarado la guerra al carbón", y arremetió en Ohio contra el presidente por haber dictado nuevas regulaciones ambientales que, según dijo, forzaron al cierre de decenas de plantas de energía.

A menos de dos meses de las elecciones, el fortalecimiento de las milicias bolivarianas en Venezuela al estilo de las creadas en Cuba por Fidel Castro hace temer a muchos que el presidente Hugo Chávez incumpla su promesa de respetar el resultado de la votación en los comicios, y que en caso de perderlos recurra a la fuerza de las armas para conservar el poder.

Esta misma semana, la prestigiosa revista The Economist señaló en un  comentario que si Chávez trata de desacatar el voto popular, aunque la Constitución de 1999 les confiere un rol no partidista, las fuerzas armadas podrían determinar cuál será el desenlace de las elecciones.

La publicación recordó que el actual ministro de Defensa, general Henry Rangel Silva, dijo en 2010 que el ejército estaba “casado” con el proyecto del presidente y que el propio Chávez ha subrayado más de una vez que los militares son “chavistas”. Según la revista, si estos le fallaran, el gobernante podría tratar de aferrarse al poder por otros medios.

En términos concretos, tales medios serían las milicias bolivarianas, cuya fuerza se estima en al menos unos 125.000 hombres armados, y que desde el año pasado el ex senador opositor Pablo Medina denunció que iba a “ser usada para controlar las calles, reprimir las protestas y aplastar una revuelta popular en caso de que Chávez pierda las elecciones del 2012”.

Siguiendo el mismo modelo de militarización de la sociedad adoptado en Cuba, el 24 de marzo de 2011 Chávez puso en vigor la llamada “Educación para la Defensa Integral”, que asigna a la milicia nacional la misión de impartir clases obligatorias de instrucción militar en las escuelas, liceos y universidades.

Concebidas como un cuerpo militar cuya obediencia y lealtad está sujeta a Chávez y no al estado venezolano, sectores de la oposición han señalado que las milicias responden a un modelo “totalitario” que les confiere un papel protagónico en defensa del proyecto político del presidente y en su plan a futuro de convertir al país en un enjambre de comunas.

En un acto en el Palacio de Miraflores en abril del año pasado, Chávez subrayó que a su revolución “no la tumba nadie” y dio como garantía, según dijo entonces, el hecho de que “las milicias junto con el Ejercito, la Marina y la Aviación, son el núcleo sólido del Poder Militar de la nación".

Además de servir para intimidar a quienes se oponen a su gobierno y del empleo que pueda hacerse de ellas en caso de una derrota del chavismo en las urnas el 7 de octubre, Chávez les ha asignado un rol principal a las milicias en la llamada “guerra de todo el pueblo”, una doctrina de plaza sitiada puesta en boga desde hace décadas por los hermanos Fidel y Raúl Castro en Cuba, con sus Milicias de Tropas Territoriales.

Pese que ya lleva en el poder más de 13 años, Chávez no ha podido completar a plenitud su proyecto político, y según expertos precisamente por eso busca valerse de las milicias bolivarianas para mantener a raya cualquier eventual foco de disidencia entre los militares profesionales y acabar de consolidar su “revolución”.

La diputada venezolana María Corina Machado envió esta semana una carta a la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional en la que revela el contenido del denominado Plan Sucre,  oficialmente descrito como “Líneas Generales del Plan de Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la Defensa Integral de la Nación”.

Según dijo Machado al diario El Nuevo Herald, el documento convierte a todos los ciudadanos en “combatientes”, busca crear un “ejército guerrillero” y en su página 22 dispone “potenciar a la Milicia Territorial, teniendo como meta alistar a un millón de milicianos para el año 2013, y dos millones para el 2019”.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil dio inicio esta semana al juicio de 38 políticos, empresarios y banqueros, acusados de articular el mayor caso de corrupción en el país, y que cuando se destapó en 2005 puso contra las cuerdas al gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el Procurador General de la República, Roberto Gurgel, se trata del “más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y de desvío de dinero público de la historia de Brasil”, que ha dado lugar a un voluminoso expediente judicial de casi 50 mil páginas que sería avalado con declaraciones de más de 600 testigos.

La lista de los acusados incluye a tres exministros y un grupo de dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores (PT), agrupación de izquierda que presumía ser abanderada de la ética y que desde hace casi una década gobierna Brasil, primero con Lula y luego con su heredera política, la actual mandataria Dilma Rousseff.

Denominado el “juicio del siglo” y también conocido como el ´mensalao´ (mensualidad que presuntamente recibían los parlamentarios por apoyar al gobierno), el caso comenzó a investigarse hace siete años, y el fiscal general dice tener pruebas suficientes para demostrar que los acusados armaron un sofisticado andamiaje delictivo para sobornar a legisladores.

En primer plano entre los implicados sobresale el exjefe de gabinete de Lula, José Dirceo, un ducho "zapador" político que en la década del 60 se entrenó como guerrillero en Cuba, que llegó a tener una gran influencia en el gobierno y que cuando estalló el escándalo terminó renunciando y fue expulsado del Congreso.

Aunque a todos se les acusa de asociación para delinquir, peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude, delitos por lo que podrían ser condenados a penas de hasta 45 años de prisión, de acuerdo con Gurgel, Dirceo fue el promotor y principal protagonista de la red, que según el sumario de la causa tenía un núcleo político, otro financiero y una rama operativa.

La fiscalía sostiene que el sistema operaba a través de un publicista propietario de varias firmas mediante contratos para hacer campañas a favor del gobierno, y los fondos no utilizados eran entregados a parlamentarios o sus asesores. Todo salió a flote en 2005, pero las operaciones ilícitas se remontan a la campaña electoral de 2002 que llevó a Lula al poder.

La denuncia que destapó la olla la hizo el exdiputado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño (PTB), quien en junio de 2005 dio la voz de que el PT había pagado grandes sumas de dinero para sobornar a legisladores a cambio de apoyo al Ejecutivo en el Congreso.

Lula, que desde un inicio negó saber de la existencia de la red, salió indemne del escándalo y logró ser reelegido para un segundo mandato presidencial que se prolongó hasta diciembre de 2010. Pero la inocencia del expresidente de 66 años, al parecer curado de un cáncer de laringe, podría estar bajo la lupa durante el tiempo que dure el juicio.

Medios de prensa brasileños subrayan la trascendencia que podría tener el juicio por el caso de corrupción más grave ocurrido en el país desde que el expresidente Fernando Collor de Melo renunció en 1992 cuando el Congreso se disponía a destituirlo.

Algunos analistas presumen que, por su envergadura y por el hecho de que sea la cúpula histórica del oficialista PT la que está involucrada en el escándalo, el juicio podría sanear de una vez y por todas la moral de los políticos en Brasil. Pero el desenlace del proceso y sus repercusiones aún están por ver.

Si todos los caminos conducen a Roma como asegura el dicho, al menos una buena parte de los que utilizan los narcotraficantes en Latinoamérica parecen pasar por Venezuela, y aunque el gobierno del presidente Hugo Chávez diga lo contrario parece estar haciendo bien poco o nada por impedirlo.

Desde que en 2005 Chávez cortó todos los lazos de Venezuela con la agencia antidrogas estadounidense (DEA), su gobierno ha hecho ver que los narcotraficantes no hallan paz en su país, y con frecuencia se muestra algún que otro embarque de cocaína confiscado, y se da cuenta del descubrimiento de un laboratorio clandestino o de una pista de aterrizaje destruida.

Pero un reportaje publicado esta semana por el diario The New York Times asevera que lo que vio uno de sus periodistas en una remota región de las vastas llanuras venezolanas fronterizas con Colombia, que la guerrilla de las FARC ha convertido en mayor punto de tráfico de cocaína hacia EE.UU., demuestra que tales éxitos en gran medida son exagerados.

Según el Times, una pista de aterrizaje clandestina en la selva que el gobierno había dado por desactivada está nuevamente en operaciones, recuperada por los traficantes que operan con las FARC colombianas, “sin señales de que los soldados hubiesen colocado cargas explosivas para destruirla o prevenir que pudiera ser utilizada nuevamente”.

El ex gobernador del estado fronterizo de Apure, Luis Lippa, dice que los narcos se han “apoderado” del espacio aéreo venezolano, y el diario destacó la existencia de un mapa de las rutas aéreas de los narcos elaborado por EE.UU. con ayuda de radares que muestra que los vuelos parten de allí rumbo norte al Caribe, luego giran a la izquierda hacia Centroamérica, desde donde la droga es trasladada después por traficantes mexicanos bien establecidos.

Sin proporcionar mayores detalles, las autoridades venezolanas anunciaron en mayo pasado haber reducido a la mitad el número de vuelos ilícitos llevados a cabo por los narcos sobre su territorio, pero EE.UU. sostiene que la lucha antinarcóticos que libra el gobierno de Chávez está minada por la corrupción.

De acuerdo con la oficina de política antidrogas de la Casa Blanca, se estima que más de 200 toneladas de cocaína, una cuarta parte de la que fue embarcada desde Latinoamérica en 2010, pasó por territorio venezolano. Detrás de esos movimientos estarían grupos de las FARC, que controlan una porción importante del trasiego de la droga en la región.

El designado nuevo jefe del Comando Sur de EE.UU., general John Kelly, señaló en una reciente audiencia en el Congreso en Washington que  miles de toneladas de narcóticos llegan a Estados Unidos cada año, “sobre todo desde Venezuela por diversos medios: lanchas rápidas, sumergibles y avionetas”.

En abril pasado, Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro que hace cumplir las sanciones contra estados, organizaciones e individuos que atentan contra la seguridad nacional de EE.UU., corroboró que en Washington hay preocupación “por lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de narcotráfico".

Entre 2008 y 2011, esa oficina señaló a siete altos militares y funcionarios del gobierno de Chávez y los acusó de tener nexos con narcoterroristas, entre ellos al actual ministro de Defensa venezolano, el general Henry Rangel Silva, quien ha abogado públicamente por una mayor “cooperación” con las FARC.

Hace tres meses, medios de prensa estadounidenses y venezolanos, dijeron que un ex magistrado, Eladio Aponte, presuntamente destituido en Venezuela por sus nexos con el narcotráfico, tras lo cual huyó del país, habría declarado a la DEA que altos oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana y dirigentes chavistas estaban implicados en el tráfico de drogas.

El ex magistrado dijo, según las fuentes, que tales operaciones son dirigidas directamente por Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional venezolana; el Ministro Rangel Silva, y el también general Cliver Alcalá, jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército. El gobierno de Chávez desmintió todas las acusaciones.

Pero hasta abril pasado, había en la lista de la OFAC 258 referencias a "Venezuela", en las que aparecen identificadas empresas, entidades y personas a las que EE.UU. les atribuye vínculos con fondos producto del narcotráfico.

El recrudecimiento de los combates en Damasco y su propagación a la ciudad de Alepo, la capital económica del país, después de más de año y medio de iniciadas las revueltas contra el presidente Bashar al Assad en Siria, son una señal de que el  desmoronamiento del régimen parece haber llegado a un punto sin retorno en el país.

El ejército ha embestido con saña contra los barrios del sur de Damasco, donde los rebeldes redoblaron la ofensiva luego de casi una semana de combates en la capital que ponen de relieve el carácter de guerra civil con que según muchos gobiernos en las capitales de Europa y del mundo árabe describen la crisis política en Siria.

El pánico de la población, exacerbado por los partes no oficiales que cifran el número de muertos en más de 19.000 desde que estallaron las protestas populares a fines de enero del año pasado, aumenta por día, y según la agencia de ONU para los refugiados, son más de 120.000 los sirios que han huido a Líbano, Jordania, Turquía e Irak.

Tras el atentado esta semana en el que murieron en Damasco cuatro altos oficiales del círculo más cercano al presidente al Assad, entre ellos el ministro de Defensa y su propio cuñado, el general Asef Shawkat, han crecido los rumores de que el ejército está decidido a echar mano a todas las armas a su alcance para acabar con la sublevación, que el régimen atribuye a “terroristas”.

Lo cierto es que después del atentado y del funeral de los generales, que tuvieron lugar el viernes y a los que no asistió al Assad, han crecido las especulaciones acerca del paradero del gobernante, que van desde que éste piensa resistir hasta que ya estaría haciendo las maletas para tratar de ponerse a salvo.

Los rumores sobre esta última posibilidad cobraron fuerza después de que el embajador ruso en París, Alexander Orlov, dijo a Radio Francia Internacional que el mandatario sirio había aceptado “que tiene que irse pero de manera civilizada”. El régimen de Damasco lo desmintió de inmediato, y Moscú declaró que las palabras del diplomático habían sido “mal interpretadas”.

El incidente sirvió para subrayar la que hasta ahora ha sido la postura común tanto de Siria como de su mayor aliado, Rusia: al Assad no se va, aunque en realidad, según expertos, dado el grado de deterioro de su régimen al gobernante no le quedarían más que tres opciones, y ninguna sería la de permanecer por tiempo indefinido en el poder.

La primera opción sería mantener el control de Damasco el mayor tiempo que pueda en espera de un milagro—una opción que ya parece casi agotada tras el último asalto de los rebeldes a la capital--; la segunda, replegarse a la zona montañosa de su clan alauita en el noroeste del país, de costa al Mediterráneo, o irse al exilio, según se especula a Rusia, Irán o Bielorrusia.

Más allá o más acá de la certeza de tales escenarios, el hecho es que el gobierno sirio no da muestras de estar en condiciones más favorables que las de otros cuatro regímenes ya echados del poder como consecuencia de la Primavera Árabe, y la suerte de al Assad no sería diferente a las de esos otros cuatro gobernantes.

El primero que cayó fue Zine El Abidine Ben Ali, en Túnez, país donde tuvieron su origen las revueltas de la primavera, que luego siguieron en Egipto y terminaron dando al traste con casi tres décadas de gobierno de Hosni Mubarak. La rebelión también puso fin a los 32 años en el poder del gobernante de Yemen Ali Abdula Saleh.

El cuarto de ellos, y con un final más trágico, fue el libio Moamar Gadafi, que luego de más de cuatro décadas de férreo control en su país, tuvo que huir de Trípoli para buscar refugio en su pueblo natal de Sirte, donde acabó siendo linchado por los rebeldes.

El pretexto es el mismo que han empleado siempre los gobiernos de corte autocrático contra instituciones y organismos internacionales que promueven la libre participación ciudadana en el desarrollo económico, político y social de los países: injerencia en los auntos internos de la nación.

Para no apartarse de la receta, a la que ya han recurrido en el hemisferio, entre otros, regímenes como el de Daniel Ortega, en Nicaragua; los hermanos Castro, en Cuba: Hugo Chávez, en Venezuela, y Evo Morales, en Bolivia, es ahora el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien aduce que una entidad extranjera atenta con los intereses de su país.

Correa acaba de anunciar hace unos días que su gobierno impondrá condiciones a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y que si no las cumple tendrá que irse de Ecuador. “...que les vaya bonito, vayan a ayudar nomás a otros países", dijo el mandatario.

La advertencia ya había corrido semanas antes con aire de runrún político en La Habana, Caracas y otras capitales, después de que el mismo Correa dijo que los gobiernos de la llamada Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) estaban valorando expulsar a la USAID por considerar que ésta lesiona la soberanía de los países del grupo, léase Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y el propio Ecuador.

El gobernante ecuatoriano acusó a la agencia estadounidense de cooperación para el desarrollo de financiar a grupos de la oposición con $4,3 millones de dólares. Al igual que le alarma que la prensa libre pueda fiscalizar su gestión de gobierno –y por eso le ha declarado la guerra a la libertad de expresión—a Correa también le preocupa la labor que realizan en Ecuador las organizaciones no gubernamentales.

La acusación generalizada de los miembros de la alianza es que la USAID está buscando “desestabilizar a gobiernos progresistas”, y quieren hacerla desaparecer del escenario de la misma manera que se han propuesto desmantelar organismos hemisféricos como la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los que la participación de EE.UU. ha sido históricamente medular.

Pero, ¿qué ha hecho la USAID en Ecuador para que el presidente Correa la acuse de injerencismo político? ¿A qué le teme el mandatario ecuatoriano? La información es pública, y para saberlo sólo basta con indagar someramente aquí y allá en Internet , contrastando los hechos con los inflamados y patrioteros discursos de los gobernantes de la Alianza Bolivariana.

Uno de los programas de la USAID en Ecuador, denominado Desarrollo Alternativo, ha contribuido a la expansión económica de las zonas fronterizas en el norte y sur del país, con proyectos agropecuarios y de infraestructura. Sólo en 2009 fueron creados más de 7.000 nuevos puestos de trabajo, y desde su inicio en 2001 más de 111 mil 400 familias se han beneficiado con la construcción de 86 puentes, 161 sistemas de agua potable, 63 sanitarios y 16 de irrigación.

En virtud de otro de sus planes, la USAID ha contribuido a fortalecer el sistema democrático, apoyando a 76 gobiernos locales para reforzar un mejor acceso a la justicia, ampliar la participación de la sociedad civil, y promover la celebración de elecciones justas, inclusivas y transparentes, para lo cual entrenó a más de 9 mil observadores ecuatorianos.

La USAID también ha sido fundamental en la tarea de organizar y asesorar a pequeños productores y negocios en el país, cuyos ingresos sólo en 2009 experimentaron un incremento de 35 por ciento. También ha respaldado y garantizado el otorgamiento de créditos al sector productivo, con la concesión de más de 1.200 préstamos por más de ocho millones y medio de dólares, casi la mitad de ellos dados a mujeres.

Los aportes de la agencia en materia de protección ambiental y conservación de la biodiversidad de Ecuador han sido igualmente meritorios, particularmente en territorios indígenas, y en casi dos millones de hectáreas de ecosistemas considerados críticos,  a lo que habría que agregar un nuevo proyecto que comprende 265.000 hectáreas en zonas costeras.

La agencia ha financiado además planes no sólo dirigidos a proteger la biodiversidad nacional sin también a mejorar la calidad del agua, y facilitó el entrenamiento de más de 14.000 personas en métodos para la conservación de recursos naturales. En resumen, alrededor de dos terceras partes de los casi $20 millones de dólares que la USAID invierte al año en Ecuador están destinados a proyectos ambientales.

El viaje emprendido esta semana por el gobernante cubano Raúl Castro puede dar la impresión de que busca revivir añoranzas ideológicas entre viejos amigos comunistas, todos sobrevivientes en mejor o peor medida del “socialismo real”, pero la visita del general a China y Vietnam tiene más carácter de urgencia que de nostalgia.

No es casual que Castro haya emprendido su primer viaje oficial al gigante asiático después de haber reemplazado hace seis años a su hermano Fidel, en momentos en que el régimen de la isla se debate entre la disyuntiva de dejar que se le desplome el ineficiente andamiaje económico que le sirvió de sustento durante cinco décadas y lo arrastre al abismo, o tratar de enmendarlo de alguna manera y no perder el poder.

La decisión ya fue adoptada hace rato, y desde el VI Congreso del Partido en abril del año pasado están en marcha reformas económicas que el gobierno prefiere no llamar como tales y ha optado por darles el calificativo siempre neutral de “actualización”, para no tener que admitir que el “modelo” aplicado a lo largo de tantos años sobre las espaldas de los cubanos fue indolentemente devastador.

Castro viaja a China y Vietnam en momentos también de gran incertidumbre para la cúpula de gobierno en Cuba, ante la eventualidad de que las subvenciones que La Habana recibe de Venezuela – que antes obtuvo de Moscú y perdió al extinguirse la Unión Soviética—puedan desaparecer por un mal desenlace de la salud del presidente Hugo Chávez o el desmoronamiento del chavismo tras las elecciones de octubre próximo en ese país.

Analistas destacan que el hecho de que Raúl Castro no es muy dado a los viajes y a dar la cara a la prensa internacional como sí lo era su hermano, demuestra la importancia que le da Cuba al periplo asiático, del que por lo pronto el general ya consiguió concretar ocho acuerdos de cooperación financiera y técnica con China, que en los últimos años se ha perfilado como el mayor socio económico en Latinoamérica.

De hecho, China es el segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela, con un comercio bilateral que en el 2010 ascendió a $1.900 millones de dólares, en tanto que los intercambios con Vietnam totalizan $269 millones de dólares. Tras el colapso de la Unión Soviética, China se convirtó en un sostén vital para la depauperada economía cubana, y Vietnam ha sido el suministrador del arroz que comsumen los cubanos.

Al finalizar la guerra en Vietnam, Cuba envió a Hanoi cientos de técnicos entre otras cosas para asesorar al país en el cultivo del café, un grano que antiguamente se producía en grandes cantidades en el oriente de la isla. Paradójicamente, entre los $2.000 millones de dólares que exportan hoy en día los vietnamitas también venden café a los cubanos.

China empezó a desarrollar reformas a fines de la década de 1970 –que por cierto fueron entonces criticadas con gran furia y desprecio por Fidel Castro--,  y Vietnam comenzó a hacerlo en los años 80. En ambos países se dio enorme importancia a las transformaciones agrícolas, algo que en Cuba el gobierno ya lleva años tratando de hacer sin resultados todavía visibles, puesto que el país sigue importando alrededor del 80 por ciento de los alimentos que necesita.

Otra particularidad de las exitosas reformas económicas en China que Raúl Castro parece haber empezado a imitar con extrema cautela es que en la actualidad casi las tres cuartas partes de las inversiones que recibe Pekín provienen de los chinos que residen en Hong Kong, un territorio que hasta hace poco más de una década estuvo bajo control británico y que siempre fue un oasis de prosperidad envidiado por la China devastada por el comunismo.

Aunque desde 1993, en época de Fidel Castro, en Cuba se autorizó la inversión extranjera tras la debacle ocasionada por la extinción soviética, en la práctica el capital foráneo no ha llegado en la medida necesaria en razón a infinidad de trabas burocráticas, policiales y también ideológicas. Todas son derivadas del temor que provoca en los sectores más ortodoxos del gobierno que la libertad de mercado y de empresa a su máxima expresión terminen por arrebatarles todo el poder económico que durante décadas les ha garantizado el control político absoluto en la isla.

No obstante, coincidiendo con la gira asiática de Raúl Castro, se rumora en fuentes oficiales en La Habana que la Ley de Inversión Extranjera en Cuba será modificada antes de que concluya este año para actualizar el modelo económico socialista. Aún así hay quienes dentro de la propia isla siguen pensando, como la renombrada bloguera Yoani Sánchez, que la visita del gobernante cubano a China y Vietnam es sólo para ganar más tiempo y “oxigenar” las tímidas reformas emprendidas por el gobierno.

Cuando los mexicanos acudan este domingo a las urnas para elegir nuevo presidente, gane quien gane, los retos serán igualmente enormes para el triunfador, que tomará las riendas de un país sumido en el descontento popular y bañado en sangre por una descarnada e interminable guerra contra el crimen organizado.

Transfomado en territorio clave para las rutas de la droga y del tráfico ilegal de armas a nivel regional, la violencia ha alcanzado proporciones tan grandes en algunas áreas de México que, según muchos analistas, el próximo mandatario tendrá que definir a la mayor brevedad qué estrategia implementará para combatir al narcotráfico.

Según estimados de la Procuraduría General de la República, más de 45 mil personas murieron entre 2006 y 2011 como resultado de la guerra declarada por el saliente mandatario Felipe Calderón contra los carteles de la droga, y en los últimos seis años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado más de 5 mil  desapariciones forzadas.

Expertos señalan que como resultado de la política llevada a cabo hasta ahora de privilegiar la captura de los capos del narcotráfico, los carteles se han fragmentado y la violencia se ha propagado a gran parte del territorio nacional, por lo que el número de organizaciones ciminales, estiman, pasó de seis al menos a 16 en ese lapso.

De hecho han sido identificadas una decena de ciudades donde el número de asesinatos y secuestros y extorsiones están prácticamente fuera de control: Juárez, Chihuahua, Saltillo, Torreón, Monterrey, Veracruz, Guadalajara, Culiacán, Mazatlán y Acapulco. Y la pregunta que se hacen los mexicanos es qué hará el próximo presidente para frenarlos.

Pero hasta ahora ninguno de los tres candidatos principales a la presidencia dio a conocer qué política seguiría frente a los carteles de la droga, ni Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ni Josefina Vázquez Mota, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) o Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Movimiento Progresista.

Recientemente, el candidato Peña Nieto anunció que si resulta electo nombrará como asesor en temas de seguridad nacional a Oscar Naranjo,  ex jefe de la policía colombiana, a quien se le atribuye la derrota en los años 1990 de los carteles de Medellín y de Cali. Pero según encuestas, aunque ocho de cada 10 mexicanos apoyan la participación de militares en el combate a los carteles, no confían en que de esa manera el gobierno esté ganando la guerra contra las drogas.

También la economía

Más allá de los graves problemas de inseguridad y de la necesidad de una reforma política que dé mayor legitimidad a los partidos y fortalezca el sistema electoral mexicano, la nación enfrenta un panorama económico incierto, y de hecho la calificadora internacional de riesgo financiero Moody acaba de degradar la nota a 10 bancos que operan en el país.

Entre esas entidades se encuentran Banamex-Citibank, BBVA, Santander y HSBC, que entre los cuatro controlan más del 60 por ciento de los activos bancarios de México. La razón es que mientras esos bancos habían sido considerados “mejor negocio” que sus matrices en Europa o EE.UU. ahora se les considera igualmente riesgosos sobre todo debido “a su exposición a la deuda pública”.

Otro de los dolores de cabeza que esperan al nuevo mandatario es la dependencia alimentaria que sufre el país, estimada en más del 40 por ciento, que lo obligará a tratar de impulsar la producción agropecuaria en momentos en que según el líder de la Central Campesina Independiente, Rafael Galindo Jaime, alrededor de 48 millones de mexicanos padecen las consecuencias de una severa sequía.

La tan debatida reforma del sector energético, plagado de problemas estructurales y operativos, es otra de las grandes interrogantes pendientes para quien asuma la presidencia durante el período 2012-2018. Como exportador neto de petróleo, México se beneficia de los precios más altos del crudo, pero estos tienen un doble efecto para el país.

A corto plazo por cada dólar que sube el precio del barril la empresa estatal PEMEX –la mayor del país—percibe ingresos adicionales de $450 millones de dólares al año. Pero a largo plazo el efecto es negativo, puesto que el alza del petróleo golpea la recuperación mundial, sobre todo la de EE.UU., país al que está muy estrechamente ligada la economía mexicana.

La crisis política que dio curso a la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, tuvo su origen en el poco respaldo con que contó el ex obispo desde que en 2008 asumió el poder sin mayoría parlamentaria.

Lugo llegó a la presidencia como parte de una coalición de partidos y cabeza de un gobierno que muy pronto se vio manchado, además, por varios escándalos de paternidad.

Aunque su triunfo fue visto como una victoria de la izquierda paraguaya luego de seis décadas de predominio del Partido Colorado, su mayor aliado dentro de esa coalición, el Partido Liberal del vicepresidente Federico Franco, quien acaba de reemplazarlo en el poder, desde muy temprano se distanció del mandatario.

Las razones de su destitución son varias. Primero, Lugo se desentendió de la política centrista que utilizó como plataforma, exacerbó aún más sus conflictos con la iglesia nacidos de su simpatía con la Teología de la Liberación, y selló aalianzas con presidentes de credenciales de izquierda tan extremas como Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).

Pronto Lugo dio la espalda a los liberales socialdemócratas, que numéricamente ñe habían dado alrededor de las dos terceras partes de los votos para resultar electo, y los terratenientes y grandes productores del país nunca dejaron de verlo con suma desconfianza.

Los militares no le perdonaron que en 2009 el presidente autorizó un acto político de grupos socialistas que financiado por instituciones del Estado en el cuartel sede del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, y en el que fueron enarbolados como estandartes Fidel Castro y el Che Guevara.

Otro de sus puntos vulnerables es que llegó al gobierno con la divisa de favorecer a los más desposeídos en un país en el que alrededor de la mitad de la población vive en la pobreza, y en más de tres años de mandato no logró realmente implementar políticas que los beneficiaran incluso en un momento de crecimiento económico en el país.

Se le acusaba además haber tenido un papel prominente en la invasión ilegal de tierras en Ñacunday, en el departamento del Alto Paraná, al haber dispuesto el empleo de fuerzas militares para "provocar miedo" entre los colonos de la zona, en las que entraron a propiedades privadas sin autorización judicial .

En adición, la Cámara de diputados le imputó el haber atentado contra la soberanía del país al suscribir el denominado protocolo Ushuaia II . Según los legisladores, mediante ese documento “los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay”.

Hasta aquí, todo forma parte de la pólvora. El detonante que la inflamó fue la muerte de seis policías y 11 campesinos durante un enfrentamiento en una hacienda ocupada por campesinos en Curuguaty, matanza de la que se responsabilizó al presidente y motivó que se le sometiera a juicio político.

De modo que no sorprende que el poder legislativo paraguayo lo haya impugnado por "mal desempeño en sus funciones". Casi desde el primer día de su mandato, el ex obispo Fernando Lugo gobernó bajo la amenaza de ser destituido.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, presentó ante el Consejo Nacional Electoral su plan de gobierno para, de ser reelecto en los comicios de octubre próximo, implantar bajo su mandato una estructura de poder político-económico que en el pasado ya fue coronada por el fracaso en cada país que la adoptó.

Bajo el rimbombante título de “La propuesta del candidato de la patria para la gestión Bolivariana-Socialista 2013-2019", Chávez dijo que se propone crear una espacio sobre el cual “vamos a parir el socialismo”, con la creación un sistema en virtud del cual para el 2019, el 68 por ciento de los venezolanos vivirán en “subsistemas de agregación de Comunas”.

Según el mandatario, “llegó el momento del salto a la comuna, de la organización superior”, en una frase que hizo recordar al Gran Salto Adelante proclamado en la década de 1950 y principios de los 60 por China comunista cuando aplicando viejas fórmulas de colectivización forzosa en Rusia, Mao Tse Tung se propuso industrializar el país y aumentar la producción agrícola china en tiempo récord.

Los experimentos para hacer de ambos países un gran Estado comunal ya se sabe en que terminaron cuando sumida en la pobreza, sólo 20 años después, la dirección del Partido Comunista de China dio un giro de 180 grados e inició un proceso de reformas económicas con rumbo opuesto para ir privatizando cada vez más la economía.

En la antigua Unión Soviética, la economía de corte estatal colapsó a fines de los años 80 y el bloque socialista se disolvió para emprender de vuelta el camino acelerado hacia una economía de mercado con intención de sacar de la ruina a todas las repúblicas que hasta entonces habían estado bajo la égida política de Moscú.

No obstante, Chávez dice tener muy clara en su mente la idea de las "comunas venezolanas" que habrá "en el 2030-2031", a partir de los textos de autores chinos y rusos que han engrosado sus lecturas y explican conceptos que dan fe de su optimismo de que solo el socialismo garantiza la equidad y la justicia.

La oposición ha denunciado que Chávez viola la Constitución al persistir en imponer en Venezuela una estructura de sociedad comunal, que ya intentó legalizar a través de una reforma de 63 artículos constitucionales rechazada por la población en un referendo en diciembre de 2007.

Para Chávez las comunas son una piedra angular de su proyecto de "transferir poder al pueblo", lo que trae aparejado una "transformación del espacio" geográfico, "del modelo socialista en lo económico" con la aparición de la "propiedad social, de la producción destinada a satisfacer las necesidades humanas y no para crear mercancías".

Originalmente, el presidente ha concebido las comunas como una forma de "autogobierno popular" en las que "tienen que reinar los valores superiores del socialismo", un proyecto que de forma parecida impulsó también en su momento en Cuba su aliado y mentor Fidel Castro.

Las comunas, como nuevas instancias de poder del chavismo, estarían compuestas por distintos consejos comunales, en los que la población seguirá organizándose, para lo que se contempla la creación de 21 mil de ellos entre 2013 y 2016 y entre 2017 y 2019 otros 2 mil 699 por año.

Aparte de los consejos y bancos comunales, está previsto que cada comuna tenga un parlamento, consejo ejecutivo, consejo de planificación,y consejo de economía, que en buena medida asumirían las atribuciones y debilitarían todavía más el poder de que actualmente gozan las gobernaciones y alcaldías, parte de ellas en manos de la oposición.

El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas criticó con severidad al gobierno de Cuba por reiterados abusos contra los derechos humanos y demandó una investigación "imparcial, exhaustiva y sin demora" por la muerte de al menos 202 presos en las prisiones de la Isla entre 2010 y 2011.

En un exhaustivo informe, un panel de expertos del comité deploró la nula, escasa o extemporánea información proporcionada por las autoridades cubanas sobre los prisioneros en las cárceles, y destacó el notorio caso del preso político Orlando Zapata Tamayo, muerto a los 42 años de edad tras una prologada huelga de hambre el 23 de febrero de 2010.

También se refirió a la falta de información disponible respecto al caso del opositor político Juan Wilfredo Soto García, de 46 años, quien murió el 8 de mayo de 2011 en la ciudad de Santa Clara, días después de haber sufrido una brutal golpiza por parte de la policía, según denunciaron la propia víctima antes de fallecer y grupos de disidentes.

Los 10 expertos independientes y de diferentes nacionalidades que integraron el comité documentaron numerosos casos de detenciones arbitrarias, y denunciaron “el uso de figuras penales ambiguas como la ´peligrosidad social predelictiva´ para justificar medidas de seguridad, restricciones a la libertad de circulación, operativos de vigilancia invasiva, agresiones físicas y otros actos de intimidación y hostigamiento” contra la población.

El comité dijo disponer de datos sobre cientos de detenciones por corto tiempo, que sólo en lo que va de año ya suman 2.400, y llamó a poner fin a los arrestos en base a “figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas” y también a los llamados “actos de repudio” de turbas progubernamentales que acosan permanentemente a los disidentes y las Damas de Blanco .

Demandó además "garantizar el respeto de las libertades personal y de libre circulación, incluido su derecho a retornar a Cuba, a las personas excarceladas bajo "licencia extrapenal", y criticó “la falta de independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo tanto de la judicatura como de la función de los abogados".

Los expertos criticaron con aspereza el empleo en la isla de “métodos coercitivos en interrogatorios, en particular la privación del sueño, reclusión en condiciones de aislamiento y exposición a cambios bruscos de temperatura” para obtener confesiones mediante “coacción”.

Específicamente sobre la situación en las cárceles, el panel dijo seguir "sumamente preocupado" debido a informes recibidos respecto a “condiciones de hacinamiento, malnutrición, falta de higiene e insalubridad y atención médica inadecuada”.

Aunque las autoridades cubanas niegan tener responsabilidad en las 202 muertes ocurridas en prisiones de la isla entre 2010 y 2011, el comité de la ONU urgió a investigarlas no sólo sin demora sino también de “modo eficaz”, y a permitir de una vez y por todas la visita a la isla del relator especial de la ONU para la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Según uno de los juristas miembro del comité, el gobierno de Cuba se ha comprometido nuevamente a “arreglar una visita” del actual relator, aunque sin precisar fecha. En el pasado, La Habana ya hizo igual compromiso, pero en la práctica durante décadas ha impedido que organizaciones de derechos humanos tengan acceso a las cárceles de la isla.

El fenómeno no es nuevo. En el pasado reciente ya tuvo consecuencias directas en el crecimiento económico -- para bien o para mal-- de cada uno de los países de América Latina. Y ahora ha vuelto a resurgir, con la división entre los gobiernos que apoyan y estimulan la iniciativa privada y los que han emprendido el camino de regreso a la estatización.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la inversión de capital extranjero insuflado a la región creció 31 por ciento el año pasado. Pero notoriamente lo hizo en mucha más proporción en las economías emergentes más abiertas a la iniciativa privada y que brindan mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

En ese caso figuraron de manera destacada Brasil, como receptora del 43 por ciento del grueso de capitales ($66.660 millones de dólares), seguida por México, con 13 por ciento  ($19.440 millones), Chile, 11 por ciento ($17.299 millones), y Colombia, 9 por ciento ($13.234 millones). Perú subió al quinto lugar, con $7.659 millones.

Al otro extremo, en la parte más baja de la escala, figuraron dos países que en los últimos años han enarbolado como divisa económica una política de expropiación de empresas: Venezuela, que sólo fue receptora del 3,5 por ciento de las inversiones extranjeras, y Bolivia y Ecuador, con menos del uno por ciento.

Argentina también ha quedado relegada a la porción más desventajosa de la ecuación después de que en 2008 nacionalizó Aerolíneas Argentinas, los fondos de pensiones, y con la más reciente expropiación de la petrolera YPF, una filial de la española Repsol, ha empezado a ser vista por los inversionistas como un país con seguridad jurídica cuestionable para el capital extranjero.

El problema básico, tal y como se ve desde afuera, es que mientras Chile, Brasil, Colombia, México y Perú hacen esfuerzos por atraer la inversión extranjera, en Venezuela, Bolivia, Argentina y también en Ecuador sucede todo lo contrario. La tendencia ha sido la nacionalización de empresas en sectores importantes.

La consecuencia más ostensible como resultado de las nacionalizaciones, detrás de las cuales expertos políticos ven una gran dosis de “populismo”, países como Venezuela y Bolivia se han visto en poco o nada favorecidos por el aumento, por segundo año consecutivo, de la inversión extranjera directa en la región, que en 2011 ascendió a $153.448 millones de dólares.

También mientras en el resto de los países latinoamericanos la prima de riesgo es inferior a los 200 puntos, en Venezuela, llega a ser de 992 puntos, en Argentina 965, y en Ecuador 808, un reflejo directo de las inseguridades que ofrecen esas naciones a los inversionistas extranjeros no sólo como resultado de las expropiaciones sino también de la elevación de impuestos y otras medidas punitivas contra el capital privado.

La conclusión de la CEPAL, según la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, es que “el coeficiente de inversión es insuficiente en América Latina y el Caribe para sostener altas tasas de crecimiento”. De hecho, la formación bruta de capital fijo en la región sólo representa cerca de 20 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en algunos países de la zona Asia-Pacífico alcanza el 40 por ciento.

Después de que el presidente de EE.UU. Barack Obama decidió en enero del año pasado flexibilizar los viajes académicos, culturales y religiosos a Cuba como parte de los esfuerzos de “acercamiento” de Washington con el pueblo cubano, las visitas de artistas, profesores y otros invitados provenientes de la isla aumentaron notablemente, con una sola excepción: los altos funcionarios del gobierno de Castro.

Pero ahora, a propósito de la celebración en San Francisco, California, de la XXX Conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, el Departamento de Estado dijo haber extendido visas al menos a 60 académicos cubanos. La excepción esta vez es que entre ellos hará el viaje Mariela Castro, hija del presidente Raúl Castro, y directora del Centro Nacional de Educación Sexual en la isla, un organismo gubernamental.

La visita ha generado gran controversia porque miembros de la comunidad cubana en el exilio se sienten ofendidos de que Washington permita la entrada a EE.UU. de una fiel representante de la dictadura más vieja en el hemisferio, cuando el régimen de La Habana sigue prohibiéndoles a muchos cubanos salir de la isla y a otros, que residen en el extranjero, les niega el derecho a entrar.

Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU, confirmó que se había emitido visados para que 60 cubanos participen en la conferencia y dijo que se había rechazado 11 solicitudes y 6 estaban pendientes de procesar, con vista al evento, que tendrá efecto entre el 23 y 26 de mayo.

En Washington, el senador por Nueva Jersey Robert Menéndez calificó de “decepcionante” la decisión. “Ni el gobierno de EE.UU. ni la Asociación de Estudios Latinoamericanos deberían estar en el negocio de dar a un régimen totalitario como el de Cuba una plataforma para exponer su torcida retórica”, dijo.

Cuatro congresistas también cubanoamericanos, encabezados por Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, pusieron de manifiesto su indignación en una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, por haber concedido visas a altos miembros del Partido Comunista de Cuba.

De acuerdo con los legisladores, la decisión del gobierno de Obama es insensata y peligrosa porque hace posible que funcionarios de un Estado que patrocina el terrorismo y con una extensa red de espionaje venga a difundir libremente en territorio estadounidense su propaganda contra Washington.

El trasfondo de las visitas

Más allá de que consideran inmoral permitirle viajar a EE.UU. a la defensora de una dictadura que mantiene en prisión injustamente al subcontratista estadounidense Alan Gross, los legisladores se amparan como asidero legal en la Proclama Presidencial 5377, que “prohíbe ofrecer visas de no inmigrante a nacionales cubanos que sean funcionarios o empleados del gobierno o del Partido Comunista de Cuba”.

Sin embargo, dijo Nuland, esa decisión presidencial “fue modificada en 1999 por el secretario de Estado, y nos permite hacer excepciones en ciertos casos”, entre las que también estaría la del historiador oficial de La Habana, Eusebio Leal, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Leal, quien calificó de “acto de suprema cortesía" el haber recibido visa de EE.UU., visitó esta semana Nueva York y Washington, donde pronunció una conferencia en el centro de estudios Brookings Institution, en la que insinuó que su viaje no era fortuito sino oficial. "No estoy aquí accidentalmente sino buscando y trabajando en la dirección que considero correcta”, dijo.

En los últimos meses, las autoridades cubanas implementaron reformas económicas tolerando actividades privadas con restricciones, dieron su beneplácito para que la iglesia católica actúe como catalizadora de esos “cambios”, y mientras arrecian la represión contra los opositores que dentro de la isla no cejan en denunciar las violaciones de derechos humanos, extienden una rama de olivo a los exiliados que hoy sean prósperos empresarios y estén dispuestos a olvidar que en su país sigue habiendo una dictadura.

El funcionario Leal lo dejó bien en claro."El momento es apertura, relación, diálogo, construcción, --dijo-- y en el futuro veo con gran esperanza que los cubanos puedan reinvertir en nuestro país, que puedan llevar su experiencia, que puedan construir…”.

Cerrada la puerta que Europa le mantuvo abierta a La Habana tras agotarse los cuantiosos subsidios que recibía de la antigua Unión Soviética, y en peligro de perder los que ahora obtiene de Venezuela, el gobierno de Castro se juega la última carta que le queda, amigarse con el dinero de algunos a quienes una vez expropió y echó del país.

El anuncio del presidente Hugo Chávez de que Venezuela debe retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se veía venir, después de que el mandatario ha estado torpedeando sostenidamente en los últimos años las bases del sistema democrático establecido desde hace décadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Chávez anunció el 30 de abril que estaba pidiendo al Consejo de Estado de Venezuela que tomara medidas para retirarse de la CIDH, en concreto, que le propusiera argumentos para llevar a la práctica su viejo sueño de sacar al país de ese organismo de la OEA que, aunque autónomo, Chávez ha dicho que es “un mecanismo” que EE.UU. usa contra su gobierno.

Las cartas que el gobernante venezolano quería ver, las puso de inmediato sobre la mesa el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, quien reiteró a viva voz las acusaciones formuladas una y otra vez por Chávez de que las denuncias de violaciones de derechos humanos en su país responden a los dictados de Washington y no a la realidad.

Según Chaderton, el trabajo que realiza la CIDH en el hemisferio lo que busca es “poner en situaciones difíciles a todas aquellas democracias disidentes, como es el caso de Venezuela, de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina”, lo que no deja de ser un eufemismo del embajador porque un gobierno que “disiente” de los principios democráticos en esencia los viola.

El gobierno venezolano lleva librando una guerra de años contra la CIDH y desde 2002, tras el fallido golpe de estado contra Chávez, ha negado permiso de entrada al país a sus representantes bajo el pretexto de que el organismo apoyó a los golpistas, aunque las razones de fondo tienen otro fundamento.

En enero de 2009, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, de lleno plegado a los intereses de Chávez, desconoció un fallo de la CIDH que dispuso que las autoridades de Caracas debían restituir en sus puestos a tres jueces suspendidos de sus funciones por razones políticas.

A principios de 2010, un informe de la CIDH denunció la persecuciones políticas de opositores en Venezuela y los métodos antidemocráticos de Chávez, ante lo que éste calificó de “nefasto” al organismo de la OEA, y esbozó la intención de su gobierno de salirse de la comisión porque “es una mafia lo que hay ahí”, según dijo entonces.

En marzo de 2011, expertos latinoamericanos en derecho público denunciaron ante la CIDH que la denominada ley habilitante que tres meses antes le concedió a Chávez poderes excepcionales para gobernar por voluntad propia durante 18 meses sentaba un "precedente gravísimo" al crear leyes penales instituidas mediante decretos.

Con la habilitante, Chávez obtuvo facultades omnímodas pocas semanas antes de que quedara instalada (en enero de 2011) una nueva Asamblea Legislativa en la que la bancada oficialista no contaba con suficientes legisladores para aprobar todos los deseos del presidente cuando necesitara el voto de las dos terceras partes de los diputados.

De hecho la CIDH consideró la medida completamente contrapuesta a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana de 2001, y este mismo año la comisión volvió a denunciar la fragilidad del poder judicial  en Venezuela "y su falta de independencia e imparcialidad", así como el "uso abusivo del derecho penal".

En su afán por desmantelar el sistema democrático interamericano, Chávez lleva años minando las bases que cimentan la OEA, y con ese objetivo fundó en 2004 en común esfuerzo con Cuba la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y luego dejó oficialmente constituida en diciembre de 2011 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La intención, respaldada por el reducido grupo de países que integran el ALBA, ha sido la de reincorporar a Cuba, un estado no democrático, en los foros hemisféricos, excluyendo la participación de EE.UU. y Canadá, propósito en el que también ha jugado un papel protagónico el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien esta semana dijo que no basta con reformar la OEA sino sustituirla por “algo nuevo”, y puso de ejemplo la CELAC.

Los méritos atribuidos al cardenal cubano Jaime Ortega por la excarcelación de más de un centenar de presos políticos que cumplían largas condenas en la isla parecen estar esfumándose aceleradamente tras declaraciones que hizo esta semana en un foro organizado por la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Ortega ofició como diligente mediador con el gobierno de Cuba para la liberación entre 2010 y 2011 de un nutrido grupo de prisioneros de conciencia, entre los que figuraban decenas de disidentes que permanecían encarcelados desde la Primavera Negra del 2003, y que con excepción de unos pocos que se negaron a abandonar la isla todos fueron deportados a España.

Pero en un foro llevado a cabo el martes en Harvard y titulado “Iglesia y Comunidad: un diálogo sobre el rol de la Iglesia Católica en Cuba”, el cardenal y arzobispo de La Habana justificó el desalojo por las autoridades cubanas de 13 disidentes que habían ocupado un templo en la capital de la isla días antes de la visita del papa Benedicto XVI y los calificó de “delincuentes”.

Cuando se produjo, el desalojo de los opositores fue muy criticado debido a la violencia empleada por las autoridades frente a personas que ocuparon pacíficamente la iglesia en vísperas de la visita papal para pedir la excarcelación de presos políticos y libertad de expresión, entre otras demandas. Muchos criticaron entonces al cardenal no haber ido al templo a escuchar el ruego de los fieles.

Sin embargo, en Harvard, en un lenguaje inusual para un príncipe de la iglesia que se supone que no haga diferencias entre la feligresía por su origen social, su pasado o su grado de instrucción, el cardenal Ortega no sólo refutó que hubiesen sido sacados por la fuerza. “Ellos eran un grupo que, me apena mucho, pero todos están antiguos delincuentes (…) había toda una gente allí sin nivel cultural", dijo.

Refiriéndose al diálogo iniciado con el gobierno del presidente Raúl Castro en mayo de 2010, Ortega señaló que “el mundo entero ha visto que la Iglesia Católica está viva y ha estado presente en estos largos años de dificultades”, en un esfuerzo por validar el rol que tuvo en las excarcelaciones conseguidas a partir del 2010.

De hecho, la salida expedita de los presos de sus celdas hacia el aeropuerto habanero, sin siquiera un breve tránsito por sus hogares, y de ahí a Madrid, fue vista entonces como una más de las arbitrariedades cometidas durante décadas por las autoridades cubanas, y no hizo mayor mella en el papel de la iglesia aunque siempre dejó abiertas interrogantes.

Pero ahora en Harvard, el arzobispo de La Habana eximió a la iglesia de toda responsabilidad en las deportaciones, y dijo que fueron las mujeres de los presos políticos las que propusieron que “sus esposos fueran enviados a otro país, que era preferible estar separados por el mar, que no por todas las rejas de la cárcel”.

Desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, esposa de los prisioneros excarcelados, Ángel Moya, no sólo criticó al cardenal por haber permitido el desalojo del templo. “Conozco a algunos de los que estaban en la Iglesia de La Caridad que son hombres, sí quizás con bajo nivel cultural, pero no delincuentes”. Soler también declaró que cuando empezaron las excarcelaciones en 2010 ellas dejaron saber al cardenal su desacuerdo con las deportaciones.

El médico Oscar Elías Biscet, ex prisionero de conciencia, dijo tener una lamentable opinión del arzobispo de La Habana por no ponerse del lado de los sufridos. “Creo que la dirección de la Iglesia no ha comprendido que hay que exigirle al gobierno que los cambios son derechos elementales de la persona”.

Hace poco más de una semana, el diario The Washington Post calificó al cardenal de  socio “de facto" del presidente Castro, por reunirse con él “regularmente” y alentar “sus limitadas reformas".

Ortega no ha dicho nada sobre el joven cubano Andrés Carrión, quien estuvo detenido 20 días luego de gritar “Abajo el comunismo” durante la homilía oficiada por Benedicto XVI en la ciudad de Santiago de Cuba. Tampoco se ha pronunciado sobre el aumento los últimos meses de la represión en la isla, y el encarcelamiento nuevamente de José Daniel Ferrer, uno de los ex prisioneros de la Primavera Negra.

La decisión de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de expropiar el capital de la firma petrolera YPF perteneciente a la española Repsol no sólo ha provocado una tormenta de reacciones adversas en las naciones desarrolladas, sino que abre enormes interrogantes sobre el futuro de las inversiones extranjeras en ese país.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manual García-Margallo dijo que con tal decisión Argentina se daba “un tiro en el pie”, dejando entrever que en un mundo globalizado tales políticas a quien más perjudican es al país que las adopta porque le restan credibilidad ante las instituciones financieras y se cierran las puertas del capital.

De hecho según un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Argentina ya había registrado un pronunciado retroceso de la inversión extranjera (una caída de 30 por ciento) en el primer semestre del 2011, en un periodo en el que en el resto de América Latina las inversiones foráneas crecieron 54 por ciento.



Repsol, que en 1999 compró al estado argentino YPF por $13.000 millones de dólares cuando éste decidió privatizarla, está exigiendo ahora una compensación de unos $10,500 millones de dólares, que ya Buenos Aires ha dicho no estar dispuesto a pagar.

Según Repsol, la expropiación es una cortina de humo del gobierno argentino para tapar la crisis socioeconómica que sufre el país, y también responde a que en febrero último se certificó que las reservas petroleras del yacimiento de Vaca Muerta descubierto el año pasado y operado por YPF en la provincia de Neuquén, ascienden de unos 23.000 millones de barriles.

A todo lo anterior, Buenos Aires ha respondido que la empresa española no invirtió lo suficiente en Argentina y que en última instancia se trata de un asunto de soberanía nacional.

Varios países del G-20 criticaron la expropiación de YPF por ser “frontalmente contraria” a los principios del grupo, y avalaron la declaración española según la cual se trata de una “decisión proteccionista que rompe la seguridad jurídica, las reglas del libre mercado y por tanto los mismos pilares del G-20”.

La petrolera española tiene la intención de llevar sus demandas ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una batalla legal que podría ser larga.

Consecuencias

Como telón de fondo, el pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la expropiación e insta a la Comisión Europea a adoptar cuanta medida sea necesaria para evitar que se repitan situaciones como esa, incluida la posibilidad de suspender parcialmente las preferencias arancelarias unilaterales de las que goza Argentina con la UE.

De esas ventajas arancelarias se benefician al entrar al mercado europeo productos tales como los biocombustibles y la materia prima para producirlos; el aceite de soja y girasol; aceites esenciales de limón; crustáceos y filetes de merluza congelados; zumos de cítricos; tabaco, mandarinas y uvas.

Pero en términos de inversiones, ¿Qué podría suceder? En Argentina las nacionalizaciones se reiniciaron en 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, despojó a las firmas francesa Suez y la española Aguas de Barcelona la concesión de aguas de Buenos Aires. Dos años después, su viuda y actual mandataria, Cristina Fernández, volvió a estatizar Aerolíneas Argentinas.

Antes de dichas nacionalizaciones (entre 2001-2005), la renta de la inversión extranjera directa, o sea, el giro que las multinacionales hicieron desde Argentina en forma de dividendos y utilidades hacia el exterior ascendía a $663 millones de dólares anuales. Después, entre 2006-2009, las inversiones no dejaron de crecer pero la cifra de capitales expatriados se duplicó ($1.433 millones dólares).

En el caso de Ecuador, el efecto inmediato fue más visible después de que el presidente, Rafael Correa, expropió en 2006 una concesión de la compañía estadounidense Occidental Petroleum, y en 2010, hizo lo mismo con otra de la ConocoPhillips. Las inversiones extranjeras habían sido entre 2001-2005 de $862 millones de dólares por año. Entre 2006 y 2010 disminuyeron a sólo $389 millones.

Tras la ola de nacionalizaciones emprendida a partir de 2007 por el presidente Hugo Chávez, en Venezuela, fue peor. En los cuatro años precedentes, la inversión extranjera anual promediaba $1.277 millones de dólares, pero después, hasta 2010, el país perdió por año como promedio $788 millones de dólares en inversiones..

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) –entre los que figura Cuba-  se han propuesto hacer de la Cumbre de las Américas, que este fin de semana reúne a 33 mandatarios del hemisferio en Cartagena, Colombia, una cita continental de la discordia.

En parte lo consiguieron ya con la cubanización de una agenda que originalmente estaba centrada, entre otros objetivos cruciales en elevar la cooperación regional para alcanzar mayores niveles de desarrollo y superar los desafíos que imponen la pobreza y las desigualdades en el continente.

Pero la demanda de uno de los líderes del ALBA, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, de que el gobierno de La Habana fuese invitado a la reunión, aunque no pudo fructificar por falta de consenso (Estados Unidos y Canadá se opusieron), sigue siendo ruidosamente esgrimida como una condición para que en el futuro pueda llevarse a cabo otra Cumbre de las Américas.

El canciller venezolano, Nicolás Maduro, ha amenazado con que si los gobiernos opuestos a la participación de Cuba no “rectifican a tiempo” estas cumbres “se acaban”. El propósito es compartido por el resto de los miembros del ALBA, entre ellos Bolivia y Nicaragua, y también por otros, como Argentina y hasta Colombia, cuyo presidente, Juan Manuel Santos, apoyó la intención y deseo de que ésta sea la última sin la presencia de La Habana.

Cuba ha estado excluida de estas cumbres desde que se organizó la primera en 1994  para los jefes de estado y de gobierno de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que La Habana fue expulsada hace ya cinco décadas tras la instauración de un régimen comunista. Medio siglo después, el sistema político unipartidista que rige en la isla, encabezado por los hermanos Fidel y Raúl Castro, sigue siendo el mismo.

Estados Unidos y Canadá basan sus argumentos para descalificar a Cuba en una cláusula de la Declaración de Quebec suscrita por la Cumbre de las Américas del 22 de abril de 2001, en virtud de la cual los participantes acordaron que el respeto al estado de derecho y la democracia son una “condición esencial” para asistir a estas reuniones.

Otros países también dan crédito al impedimento y por ejemplo el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, ha dejado claro que su gobierno “quisiera apoyar y acompañar a Cuba en el momento en que soberanamente decida hacer las reformas necesarias para cumplir con los estándares de esa cláusula”.

Camino a la cumbre en Cartagena, el presidente de EE.UU., Barack Obama, subrayó a periodistas del rotativo brasileño O Globo que el gobierno de la isla no ha mostrado ningún interés en “respetar los derechos democráticos o humanos del pueblo cubano”.

Previamente, el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Dan Restrepo, recordó que en la pasada cumbre de 2009, en Trinidad-Tobago, también afloró el tema de Cuba, y luego en una asamblea general de la OEA los estados miembros acordaron poner fin a la suspensión que pesaba sobre la isla a condición de que asumiera como compromisos básicos el respeto a la democracia y los derechos humanos.

Pero lamentablemente Cuba ha desdeñado la proposición, rechazó acogerse a la Carta Democrática Interamericana, y en lugar de eso incluso pudo verse durante la visita del papa Benedicto XVI a la isla, hace apenas poco más de dos semanas, cómo las autoridades de la isla han seguido hostigando y encarcelando a disidentes y opositores, y reprimiendo las libertades fundamentales, incluida la de expresión.

Con el propósito de torpedear la existencia de la OEA y de privar a EE.UU. de voz y voto en la región, el gobierno de Venezuela y sus aliados del ALBA promovieron en los últimos años la creación de otros organismos regionales, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y más recientemente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con un denominador común: la exclusión de Washington y de Ottawa.

Lo que está en juego con la pretendida asistencia de Cuba a las cumbres de las Américas es la tesis defendida fundamentalmente por Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador –y desde hace medio siglo también por Cuba—de que cada país puede percibir de manera propia la democracia, y también las libertades ciudadanas, consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas precisamente para contraponerlas a las dictaduras y regímenes totalitarios que las violan.

Las noticias sobre la economía en Estados Unidos fueron en las últimas semanas en buena medida alentadoras con un leve repunte en la confianza de los consumidores y señales de que, aunque lentamente, el desempleo cede. Sin embargo, las últimas cifras sobre el mercado laboral pueden ser engañosas.

La economía incorporó el mes pasado sólo 120.000 empleos, de acuerdo con un informe del Departamento del Trabajo dado a conocer la víspera, lo que equivale a menos puestos de trabajo de los previstos, pese a la que la tasa de desocupación cayó a 8,2 por ciento, la mínima en los últimos tres años.

Los expertos esperaban que los nuevos empleos no agrícolas crecieran no en 120.000 sino en 203.000, y que la tasa de desempleo se mantuviera en 8,3 por ciento. ¿Qué significa eso, que no es bueno que la desocupación disminuya? En lo absoluto, se trata de que algunos economistas apuntan que la baja, en este caso, podría ser una mala señal.

Se basan en el argumento de que la caída del desempleo sería resultado de que más trabajadores abandonaron la fuerza laboral, quizás porque renunciaron a la posibilidad de conseguir trabajo, o de forma más categórica, porque una parte de ellos se habría jubilado

Otro índice que añade incertidumbre a la ecuación es que la tasa de participación, que nos dice qué parte de la población integra la fuerza laboral, se redujo de 63,9 por ciento a 63,8 por ciento, entre febrero y marzo.

El problema es que no está muy claro hasta qué punto la última temporada invernal pudo haber influido en la menor generación de empleos, lo que suele suceder cuando el frío es sumamente crudo o mayor de lo acostumbrado. Pero este año ocurrió todo lo contrario, lo que hace temer que la situación no sea radicalmente diferente en la primavera.

Aunque el número de personas que no trabajaron debido al invierno fue de sólo 96.000, la menor para el mes desde el año 2000, lo cierto es que el sector de la construcción registró pérdidas de puestos de trabajo por segundo mes, con 7.000 plazas menos, y el sector minorista también fue vapuleado con la contracción de 33.800 empleos.

A pesar de que el salario promedio por hora aumentó cinco centavos de dólar en marzo, ha sido muy decepcionante para los economistas que las empresas redujeran en 7.500 (después de haber subido en 54.900 en febrero) la contratación de trabajadores temporales, que suele ser el primer paso dado por los empleadores antes de ofrecer empleos permanentes.

La débil recuperación del mercado laboral, que preocupa tanto a las familias estadounidenses como al presidente Barack Obama en sus aspiraciones de reelegirse en los comicios de noviembre, es también un problema mayor para el jefe de la Reserva Federal de EE.UU., Ben Bernanke, quien ha dejado abierta la posibilidad de que se adopten nuevas medidas de estímulo monetario si la tasa de desempleo no baja lo suficiente.

Las sanciones contra el régimen de Teherán en busca de frenar su programa nuclear, el embargo al petróleo iraní anunciado por la Unión Europea (UE) y las especulaciones sobre un posible ataque de Israel a instalaciones atómicas de Irán han contribuido a disparar más el precio de los combustibles, que desde hace meses tiene en jaque a la recuperación económica mundial.

La producción de los 12 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subió en marzo a su nivel más elevado desde fines de 2008, debido a un mayor suministro de Irak y la creciente normalización de la extracción petrolera en Libia.

Pero con todo, la inquietud generada por la disminución de las exportaciones de Irán, el segundo mayor productor de la OPEP, ha hecho que los precios del barril se dispararan este año 15 por ciento, y en adición, interrupciones de la producción en el sur de Sudán, Siria, Yemen, Nigeria y el Mar del Norte han hecho caer también los suministros al mercado.

El presidente de EE.UU., Barack Obama, decidió el viernes que a pesar de todo hay suficiente petróleo en los mercados internacionales para seguir adelante con el plan de que varios países recorten sus importaciones de Irán, lo que deja libre las manos a Washington para sancionar a las naciones que sigan comprando crudo iraní.

La decisión responde a una ley promulgada por Obama en diciembre pasado y que prevé sancionar a las instituciones financieras extranjeras que hagan transacciones con el Banco Central iraní, que maneja el comercio del petróleo exportado por la República Islámica.

El anuncio del presidente puso sobre aviso a los países que siguen comprando petróleo o derivados a Irán de que tienen tres meses, hasta el 28 de junio, para reducir significativamente esas compras o exponerse a severas sanciones contra sus instituciones financieras.

La amenaza del programa nuclear iraní para la seguridad mundial y el negativo efecto sobre la economía global de la subida del petróleo, que este año ha llegado a exceder los 128 dólares el barril, estuvieron entre los asuntos discutidos el viernes en Riad por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con el rey Abdulá de Arabia Saudita.

Estados Unidos y otras economías del mundo, grandes consumidoras de petróleo, temen que Arabia Saudita, primer productor de la OPEP, reduzca sus suministros de crudo en caso de que ellos decidan liberar sus respectivas reservas estratégicas de combustible para quitar presión a los mercados y forzar el precio a la baja. La Casa Blanca ha dicho que por ahora ésta es una opción, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Francia y Gran Bretaña estarían en línea con esa política, pero la Agencia Internacional de Energía (AIE), que se encarga de asesorar a los países desarrollados en materia petrolera,  considera que las reservas sólo deben usarse cuando haya una disminución efectiva de los suministros mundiales y no como un instrumento para deprimir el precio del barril.

Sin embargo, según las propias previsiones de la AIE, si el barril no cede y los precios se mantienen como están, los grandes consumidores de petróleo terminarían pagando este año la cantidad récord de $2 billones de dólares por sus importaciones de crudo. EE.UU. tendría que gastar unos $46.000 millones de dólares más, y los países de la UE unos $30.000 millones. Tal panorama sería devastador para la recuperación económica mundial.

A bordo del avión que lo llevaba rumbo a México para una visita a Latinoamérica –su segunda- que además incluye a Cuba, el Papa Benedicto XVI dio dos respuestas a los periodistas que lo acompañan en el viaje directamente alusivas a la isla: el marxismo “ya no responde a la realidad”, y “la Iglesia está siempre de parte de la libertad”.

A diferencia de la visita hecha a Cuba en 1998 por su predecesor, Juan Pablo II, el viaje de Benedicto XVI ha estado precedido por una ola represiva de parte del gobierno cubano, con el arresto y hostigamiento a disidentes en un claro empeño de las autoridades por intimidar a sus opositores y asegurarse de que no se produzca ninguna protesta pública en presencia del Sumo Pontífice.

La propia realidad prevaleciente en la isla hace que la estancia del Santo Padre en Cuba trascienda obligatoriamente el exclusivo objetivo “pastoral” que según el Vaticano persigue la visita. El opositor Oswaldo Payá, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, ha dicho que el régimen cubano quiere “neutralizar toda expresión de libertad” y además “secuestrar las misas” que el Papa oficiará en Santiago de Cuba y La Habana.

En víspera del viaje, el número dos del Vaticano, el secretario de Estado,Tarcisio Bertone, dijo que tras el famoso mensaje pronunciado en La Habana por Juan Pablo II de "que Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba", la Iglesia católica ha dado pasos hacia la libertad religiosa y logrado abrirse algunos de los espacios que antes le estaban totalmente cerrados en la isla.

Pero la afirmación del cardenal de que la visita del Papa ayudará al proceso de desarrollo hacia la “democracia” en Cuba ha sido recibida con escepticismo por parte de disidentes cubanos, entre ellos la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien dijo que hay que “tener confianza en Dios” porque ellas son “mujeres llenas de fe”, pero puso de relieve sus preocupaciones.

Soler resaltó que es importante que el Papa “escuche a las personas marginadas para que conozca la realidad de la situación actual del pueblo de Cuba”, ante el hecho-según fuentes de la Iglesia- de que Benedicto XVI no tiene previsto recibirlas a ellas ni a ningún otro opositor durante su estancia en la isla, donde además de entrevistarse con el gobernante Raúl Castro el Sumo Pontífice ha dejado abierta la posibilidad de hacerlo también con su hermano, Fidel Castro.

Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, no duda de que el Vaticano quiera lo mejor para el país, pero duda de que esta buena voluntad “sea suficiente para remover el principal obstáculo en el camino del pueblo de Cuba hacia la democracia y la prosperidad, que es el gobierno de los hermanos Castro”.

Más allá de que el Papa consiga hacer avanzar el propósito del Vaticano de abrirse los espacios religiosos que aún le siguen vedados en la isla, lo que está en juego durante esta visita es la capacidad de la Iglesia para demostrar que sí cumple con su precepto doctrinario básico de defender la justicia social, en un país donde la población no goza de libertades.

La prueba más peliaguda que por lo pronto deberá encarar Benedicto XVI a su paso por Santiago de Cuba y La Habana será la de tratar de borrar la mala imagen dejada por el cardenal cubano Jaime Ortega, cuando hace poco más de una semana pidió a la policía desalojar a 13 disidentes que ocuparon pacíficamente una iglesia en la capital con la intención de entregar una misiva al Papa en demanda de que se respeten los derechos humanos en Cuba.

Desde que en octubre de 2005 el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, se pronunció por “borrar del mapa” a Israel, el régimen de Teherán ha ido desencadenando una serie de amenazadores acontecimientos para la paz internacional, dados sus estrechos vínculos con organizaciones terroristas como Hezbolá y otros grupos fundamentalistas islámicos y las inquietantes señales de que estaría buscando hacerse de armas nucleares para librar una guerra santa (Yihad) contra Occidente.

La reciente fallida misión de una delegación de la agencia reguladora de la energía atómica de las Naciones Unidas (ONU), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a Teherán, y el rechazo de las autoridades iraníes a admitir a los inspectores internacionales en la planta secreta de Parchín han puesto una vez más en evidencia que el programa nuclear de ese país no tendría exclusivamente fines pacíficos como sostienen susautoridades. Los hechos hablan por sí solos.

En noviembre del año pasado, un informe de la OIEA constató que Irán realmente estaba desarrollando una bomba atómica y que se hallaba peligrosamente cerca de cruzar la “línea roja”, o sea, la frontera más allá de la cual ya no sería posible detener sus planes.

Poco después, en diciembre,el almirante Habibollah Sayyari, jefe de la flota de guerra iraní dijo a la televisión estatal de Teherán que su armada podría fácilmente cerrar el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por donde circula alrededor de la tercera parte del petróleo que se consume en el mundo.

Tal comentario tuvo efecto luego de que el vicepresidente iraní, Mohammad Rexa Rahimi, amenazó con que si Occidente imponía un embargo petróleo a Irán debido a su programa nuclear, la represalia sería que ni una gota de crudo pasaría por el estrecho. La respuesta de EE.UU. fue clara y terminante, el hecho sería interpretado como un acto de guerra.

La amenaza de Teherán no quedó sólo en palabras. Las fuerzas armadas iraníes y la llamada Guardia Revolucionaria han llevado a cabo desde entonces una serie casi ininterrumpida de maniobras militares, navales, terrestres y antiaéreas en zonas cercanas al estrecho de Ormuz y a los sitios donde están enclavadas sus instalaciones nucleares.

La publicación electrónica World Net Daily citó hace pocas días un artículo publicado en el sitio web Alef, vinculado al máximo líder espiritual iraní, Ayatola Ali Khamenei, diciendo que la posibilidad de aniquilar a Israel tiene “justificación jurídica” y que en ese asunto a la República Islámica de Irán le toca “tomar las riendas”.

El artículo, escrito por Alireza Forghani, un analista y estratega político cercano al Ayatola Khamenei, ha sido difundido por la mayoría de los medios oficiales del estado iraní, incluida la agencia de Noticias Fars. De acuerdo con tal doctrina, como los planes de Occidente son “atacar a Irán” estaría más que justificada una acción militar preventiva contra el estado judío de Israel.

La idea de que Israel pudiera adelantarse y emprender una acción militar contra el régimen de Teherán para garantizar su propia supervivencia tampoco se descarta. De hecho, el mes pasado el periódico británico The Sunday Times dijo que dos escuadrones de la fuerza aérea israelí estaban llevando a cabo ejercicios cuyo objetivo sería destruir la planta de Natanz, donde Irán enriquece uranio en un bunker a unos 200 metros de profundidad.

Lejos de disminuir, las tensiones han ido en aumento, y el ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, acaba de declarar que sus guerreros “están listos y dispuestos a borrar a Israel del mapa", después de que el mes pasado recordó públicamente que la República Islámica domina la tecnología de misiles balísticos de largo alcance.

Urgidos por la amenaza iraní, un grupo de 32 senadores estadounidenses de ambos partidos, demócratas y republicanos, suscribieron una resolución que da luz verde al presidente de EE.UU., Barack Obama, para el empleo de la fuerza contra Irán en caso de que así lo considere necesario. El documento enfatiza que el hecho de que Teherán adquiera capacidad nuclear resulta “inadmisible”.

La medida legislativa antecede a la crucial reunión que tendrá Obama en la Casa Blanca el próximo lunes 5 de marzo con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuyo servicio secreto (Mossad) parece estar convencido de que Irán tendría una bomba atómica en su poder a lo sumo en dos años, y que tal vez una acción militar convencional no sería suficiente para impedirlo.

Por lo pronto, en una entrevista publicada este viernes por la revista The Atlantic, el presidente de EE.UU. admitió que el “componente militar” es una de las alternativas para tratar con Irán, además de las sanciones económicas y la diplomacia. Sin embargo, opinó que un ataque prematuro de Israel a Irán causaría más daños que beneficios.

A menos de nueves meses de las elecciones presidenciales en EE.UU., demócratas y republicanos siguen enfrascados en interminables controversias, al parecer cada vez más irreconciliables sobre cómo crear fuentes de trabajo para estimular la economía, adoptar un nuevo código fiscal reduciendo a largo plazo el abultado déficit presupuestario, pero la ley de salud que impulsó la Casa Blanca también sigue siendo objeto de enconadas discordias.

Según alegan en un recurso legal defendido a principios de mes ante la Corte Suprema del país por los críticos de la reforma de salud del presidente Barack Obama, el Congreso se excedió en sus facultades al imponer a los estadounidenses la obligación de adquirir un seguro de atención médica y quieren que el máximo tribunal declare nula la cláusula, la más polémica de la ley.

En alegatos por escrito, 26 estados de la nación y la Federación Nacional de Negocios Independientes aseguran que el poder legislativo se atribuyó derechos que no le competen en la regulación del comercio interestatal forzando a que los estadounidenses compren un seguro médico para el 2014 o de lo contrario sean penalizado con una multa.

Los demandantes consideran que la ley de salud debe ser invalidada por entero si la Corte Suprema anula por inconstitucional la cláusula que estipula tal obligación individual después de que los altos magistrados se reúnan, según lo previsto, entre el 26 y 28 de marzo próximo.

Las tres opciones de la corte son: declarar inconstitucional la obligación individual de adquirir un seguro sin objetar el resto de la ley, anular por entero la legislación, o esperar para emitir un fallo después de que se hagan efectivas las multas en 2014 por no pagar un seguro de salud.

De acuerdo con la AARP, una organización sin fines de lucro que representa a millones de estadounidenses ya retirados, si el tribunal invalida la ley se corre el riesgo de que se eliminen las cláusulas que reducen los costos de los medicamentos recetados y que proveen exámenes preventivos de detección gratuita bajo el programa Medicare (seguro gubernamental de atención médica a los mayores de 65 años).

La AARP dijo que hasta noviembre del año pasado, unos 2,2 millones de beneficiarios de Medicare ahorraron $1.200 millones de dólares en medicamentos recetados, y 22,6 millones de personas de avanzada edad y discapacitadas recibieron al menos un beneficio preventivo gratuito bajo la ley.

En un año electoral sería un gran revés político para el presidente Obama si la Corte anulara la legislación, cuyo principal objetivo es proveer de cobertura de salud al menos a 32 millones de estadounidenses que no tiene seguro médico, y que las compañías privadas no puedan negar más cobertura a pacientes con padecimientos crónicos porque les resulta costoso brindárselas.

Uno de los graves problemas de los servicios médicos hoy en el país, subrayan sus críticos, radica en que no es un sistema de atención de salud, sino de gestión de enfermedades, y destacan que por ejemplo los estadounidenses gastan $300.000 millones de dólares al año sólo en medicamentos, casi tanto como el resto del mundo, y sin embargo los servicios de salud pública no son siquiera comparables a los de muchos otros países desarrollados.

Mientras Europa optó por un seguro de salud administrado por el Estado –dicen--, en EE.UU. el sistema de atención médica que depende del gobierno es minúsculo, y las firmas privadas que controlan los servicios como un negocio cualquiera alientan a los médicos a atender el mayor número de pacientes en el menor tiempo posible, con la tendencia a recetarles una cantidad desmesurada de medicamentos.