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Venezuela: más censura a la prensa


El candidato presidencial Henrique Capriles denunció que más de 4 millones de venezolanos no disponen de agua.
El candidato presidencial Henrique Capriles denunció que más de 4 millones de venezolanos no disponen de agua.

Las autoridades del país ponen restricciones a los medios de difusión a la hora de informar sobre la contaminación de aguas.

Un tribunal en Venezuela dispuso a pedido de las autoridades una medida cautelar que impide a los medios de prensa informar libremente sobre la contaminación de aguas en el país sin contar con la aprobación de “un organismo competente”.

La Fiscalía General dijo este jueves en Caracas que la regulación exige a la prensa actuar “con extrema responsabilidad en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua en el país destinada al consumo humano".

El hecho ocurre en medio de fuertes polémicas después de que medios de prensa difundieron denuncias sobre la presunta contaminación de ríos y un lago que son fuente de suministro de plantas de tratamiento de aguas bajo administración estatal en el centro y el este del país.

Las autoridades del gobierno han rechazado las denuncias y el propio presidente, Hugo Chávez, instó al Ministerio Público y al Tribunal Supremo a que abrieran una investigación a opositores y medios de comunicación que habían informado sobre el hecho.

Chávez consideró que las denuncias representaban "propaganda de guerra" y constituían un acto de "terrorismo”.

El candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, calificó de “insólita” la medida, y dijo que el problema “no es lo que dicen los medios de comunicación (…) El problema de la contaminación no se resuelve generando decisiones en tribunales para tapar las denuncias que hace la comunidad”.

Capriles añadió que en Venezuela existen 4 millones de personas que no reciben agua. “Pensemos en un país donde para usted poder tener agua no tenga que pagar una cisterna”, dijo el candidato.

La medida cautelar fue también rechazada por periodistas venezolanos y dirigentes sindicales que la consideran violatoria del derecho a la libertad de expresión.

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