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Venezuela evalúa reciprocidad de sanciones


Las denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela han sido llevadas a diversas instancias internacionales.

Las denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela han sido llevadas a diversas instancias internacionales.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro aún no fija posición ante el avance de sanciones estadounidenses contra funcionarios acusados de violar derechos humanos.

Venezuela respondería con reciprocidad ante eventuales sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro acusados de violar los derechos humanos.

El vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Saúl Ortega (PSUV), dijo que “aplicaría la reciprocidad, aunque es un tema que está en manos de nuestro presidente, Nicolás Maduro, pero si me lo preguntan a mí, eso haría”.

Ortega acusó al gobierno del presidente Obama de ir contra los derechos fundamentales.

“Si alguien viola los derechos humanos es el gobierno de Obama", dijo Ortega a una emisora de radio local.

Ningún funcionario del gobierno de Maduro ha emitido opinión tras conocerse la aprobación del proyecto de ley del Senado estadounidense.

Este paso en el camino para sancionar a quienes violan derechos humanos en Venezuela se da dos días después de que el presidente Nicolás Maduro acusara a Estados Unidos de injerencias.

"Tengo mucha información del intervencionismo de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, comienza a ser intolerable", dijo al canal Telesur.

Desde 2010 ambos países retiraron a sus embajadores.

El proyecto de ley promovido por el demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y el republicano por Florida, Marco Rubio, sancionaría a al menos 56 funcionarios del gobierno de Maduro.

El asunto es observado con cautela en Venezuela por defensores de derechos humanos.

“El mundo entero debe estar consciente de las violaciones a los derechos humanos [en Venezuela]. Ahora, las decisiones que tome un senado, o un gobierno con relación a esto, son decisiones que deben tomar de la manera que lo consideren”, dijo Alfredo Romero, abogado activista de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano.

La ONG documentó 38 denuncias de tortura durante las manifestaciones que iniciaron en febrero contra el gobierno de Maduro.

“El gobierno venezolano se mete en una encrucijada muy fuerte cuando incumple con decisiones de Naciones Unidas, [porque] está obligando a todos los países miembro de Naciones Unidas a rechazar y establecer sanciones contra el gobierno venezolano”, agregó Romero.

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