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SIP: la prensa en 2011

  • Voz de América - Redacción

Según la SIP, varios actos fueron “disfrazados con normas legales y medidas judiciales muy confusas para la opinión pública”.

Según la SIP, varios actos fueron “disfrazados con normas legales y medidas judiciales muy confusas para la opinión pública”.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa, 2011 fue uno de los años más “desafiantes y trágicos” para los países americanos.

La SIP, una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, califica 2011 como uno de los años más “desafiantes y trágicos” para los países americanos.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa, 2011 “fue un año donde los ciudadanos tuvieron que lidiar con la violencia para poder expresarse libremente y con normas legales que desvirtuaron las garantías constitucionales sobre el derecho de los ciudadanos a estar libremente informados”.

Los periodistas enfrentaron represalias por parte de narcotraficantes y grupos armados, así como ataques por revelar actos de corrupción. En México murieron siete periodistas, cinco en Honduras y varios en Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana.

Según el organismo, con sede en Miami, pocos avances se registraron en Cuba en materia de libertad de prensa y de asociación, país donde se agudizó la censura y la violencia en contra de disidentes, periodistas independientes y blogueros.

El documento revela actos “disfrazados con normas legales y medidas judiciales muy confusas para la opinión pública”.

En Ecuador, la Asamblea Legislativa, buscó “establecer férreos controles y mordazas oficiales contra los medios de comunicación, para que no puedan desarrollar su tarea de fiscalización del gobierno”.

En 2011 el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, demandó a directivos del diario El Universo y a uno de sus columnistas. Los demandados fueron condenados a indemnizar al mandatario $40 millones de dólares y a purgar tres años de cárcel.

En Argentina, el Congreso, de mayoría oficialista, logró sancionar una ley que declara al papel para periódicos de “interés público”, lo que implica que la producción y venta de este insumo estará regulado por el Estado.

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