Una nueva nota de protesta se cruza entre los gobiernos de Bolivia y Brasil.
Esta vez el reclamo surgió en La Paz con destino al gobierno de Brasil, tras la fuga del senador opositor Roger Pinto, quien se encontraba asilado desde hace 15 meses en la sede de la delegación diplomática brasileña.
La fuga de Pinto se produjo en un vehículo de la embajada de Brasil en el cual recorrió 1.500 kilómetros hasta la frontera sin que las autoridades bolivianas lo detectaran.
El canciller boliviano David Choquehuanca se quejó ante el gobierno de Brasil “por la transgresión del principio de reciprocidad y cortesía internacional”, aunque la ministra de Comunicación, Amanda Avila, citada por France Press, subrayó que las relaciones no se verán afectadas.
Por su parte, el encargado de negocios de la embajada brasileña en la capital boliviana, Eduardo Saboia asumió públicamente la responsabilidad por la huida de Pinto, y señaló que actuó debido a que había lo que consideró como “un riesgo inminente de vida y dignidad de la personas”.
La declaración de Saboia realizada en una entrevista con la Rede O’Globo de Brasil, establece que no solicitó autorización de sus superiores para concretar el escape de Pinto, sino que lo hizo porque el senador opositor boliviano estaba deprimido y amenazó con suicidarse.
Según Saboia la situación de Pinto revelaba por parte de Bolivia lo que definió como “una violación constante y crónica de los derechos humanos”, porque en tal situación no existían “perspectivas de salida” y tampoco se verificaba “una verdadera negociación en curso”.
Sin embargo la nota de Bolivia indica que "por ningún motivo podía el senador Pinto abandonar el país sin un salvoconducto".
Esta vez el reclamo surgió en La Paz con destino al gobierno de Brasil, tras la fuga del senador opositor Roger Pinto, quien se encontraba asilado desde hace 15 meses en la sede de la delegación diplomática brasileña.
La fuga de Pinto se produjo en un vehículo de la embajada de Brasil en el cual recorrió 1.500 kilómetros hasta la frontera sin que las autoridades bolivianas lo detectaran.
El canciller boliviano David Choquehuanca se quejó ante el gobierno de Brasil “por la transgresión del principio de reciprocidad y cortesía internacional”, aunque la ministra de Comunicación, Amanda Avila, citada por France Press, subrayó que las relaciones no se verán afectadas.
Por su parte, el encargado de negocios de la embajada brasileña en la capital boliviana, Eduardo Saboia asumió públicamente la responsabilidad por la huida de Pinto, y señaló que actuó debido a que había lo que consideró como “un riesgo inminente de vida y dignidad de la personas”.
La declaración de Saboia realizada en una entrevista con la Rede O’Globo de Brasil, establece que no solicitó autorización de sus superiores para concretar el escape de Pinto, sino que lo hizo porque el senador opositor boliviano estaba deprimido y amenazó con suicidarse.
Según Saboia la situación de Pinto revelaba por parte de Bolivia lo que definió como “una violación constante y crónica de los derechos humanos”, porque en tal situación no existían “perspectivas de salida” y tampoco se verificaba “una verdadera negociación en curso”.
Sin embargo la nota de Bolivia indica que "por ningún motivo podía el senador Pinto abandonar el país sin un salvoconducto".
