El secuestro de migrantes, sobre todo en la frontera sur de México es un delito que crece. En tan sólo seis meses casi 10 mil centroamericanos fueron privados de su libertad.
Los testimonios dan cuenta de las vejaciones y abusos de que son víctimas los indocumentados.
“El 24 de diciembre fui secuestrado por los Zetas, éramos aproximadamente 64 personas, cada tres días nos daban tablazos en los glúteos, en el tiempo que estuve encerrado nos desnudaron en varias ocasiones, aproximadamente ocho, las mujeres lloraban mucho y les suplicaban que no, a todas ellas las abusaron, a una muchacha muy bonita la usaron todos los días, una vez pasaron todos los secuestradores, eran unos 14”.Este testimonio, leído por el presbítero Fernando Ríos Martínez es unos de los tantos relatos que retratan las atrocidades de que son objeto los migrantes que son secuestrados.
El secuestro se comete contra centroamericanos que pagan a los llamados “polleros” para ser trasladados hacia Estados Unidos a través del territorio mexicano.
Se les captura regularmente en grupos de más de 10, en las zonas ferroviarias y con métodos cada vez más crueles y la operación deja a los delincuentes ganancias por unos 50 millones de dólares al año, ante la casi nula actuación de las autoridades.
De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los criminales exigen como rescate desde mil 500 hasta cinco mil dólares por persona. En seis meses se cometieron 9.758 secuestros, 67 por ciento de las víctimas era de Honduras, 18 por ciento de El Salvador y 13 de Guatemala
El quinto visitador de la Comisión Armando Torres Sasía detalló que el reporte revela que la mayoría de los secuestros queda impune ante el temor de los migrantes por denunciar y, peor aún, “debido a que se dan cuenta de la complicidad que existe entre delincuentes y autoridades”, sostiene.
El funcionario de la Comisión de Derechos Humanos dijo que la violencia con que actúan las bandas de plagiarios llega a tanto que se sabe de violaciones sexuales y asesinatos a golpes.
Emilio Rigel Chávez Herrerías, director ejecutivo de la organización “Sin Fronteras” dijo que en los últimos años se han endurecido las políticas para contener a la migración ilegal y esto ha colocado a los indocumentados en una situación de extrema vulnerabilidad, donde se cometen abusos por parte de agentes del Estado.
El director general del Instituto de Ciencias Penales Gerardo Felipe Laveaga, explicó que los migrantes, al no poder denunciar, se han convertido en un botín para los criminales, un negocio millonario.
Nicandra Castro, titular de la Policía Ministerial de la Procuraduría, explicó que debido a la recomposición de las bandas de narcotráfico, estas ahora no sólo trafican drogas, sino comenten robos, extorsiones y secuestros
Por su parte, en el Congreso mexicano está pendiente una legislación general antisecuestro. En tal sentido, el senador Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, se pronunció por restaurar en México la cadena perpetua. A la vez, académicos, defensores de derechos humanos y legisladores se pronunciaron en contra de la criminalización de la migración.
