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Polémica ley de medios en Ecuador

  • Giselle Jacome - Quito, Ecuador

Periodistas, estudiantes y movimientos sociales se oponen al proyecto de ley.

Periodistas, estudiantes y movimientos sociales se oponen al proyecto de ley.

Un proyecto de Ley de Comunicación en Ecuador despertó críticas por ser considerado como una “mordaza” a la libertad de expresión. La oposición está recolectando firmas para archivarlo.

La oposición al proyecto de Ley de Comunicación que está siendo analizado por la Asamblea tiene varios detractores. Varios miembros del partido de gobierno han cambiado de opinión, sobre todo en relación al nombramiento de un consejo que sería el encargado de juzgar los contenidos de los medios.

Betty Carrillo del oficialismo y presidente de la Comisión de la Asamblea que analiza el tema mencionó: “De otro órgano regulador que no debe ser el consejo de Comunicación, sino que debe ser como lo planteó Lourdes Tiban, todo un ministerio, con todo lo que eso implica”.

Rolando Panchana gestor del proyecto también de movimiento País lo defiende. “¿Dónde está el atropello a la libertad de expresión? ¿Dónde? ¿En qué artículo, dónde, en cuál? Es que precisamente el informe previo del consejo es para evitar los criterios subjetivos de ahora”, dijo.

La oposición, por el contrario, está empeñada en recolectar 63 firmas para archivarlo. Hasta el momento tiene 48.

Desde la semana anterior periodistas, estudiantes y movimientos sociales han decidido salir a las calles en Quito y Guayaquil para pedir el archivo de este proyecto de Ley por considerarlo “mordaza” y atentatorio para la libertad de expresión ciudadana.

El presidente Rafael Correa, por su parte, ha mencionado que los medios son un poder y que por lo tanto deben ser controlados.

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, también ha mencionado no estar de acuerdo con todos los artículos del mismo.

El tiempo para la aprobación de esta y otras leyes que el ejecutivo remitió a la Asamblea se agota sin lograr discusión profunda de los temas que afectarían a la sociedad ecuatoriana y otorgan cada vez más poder al Estado.

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