El grupo defensor de derechos humanos Human Richts Watch (HRW) se quejó al presidente de Perú, Ollanta Humala, de que fuerzas de seguridad de ese país hayan empleado “fuerza letal” para reprimir protestas durante el primer año de su mandato y en las que habrían muerto 15 civiles.
En una carta enviada al mandatario, el director ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco, le pidió considerar una serie de medidas para garantizar que la fuerza pública cumpla con las obligaciones internacionales asumidas por Perú en materia de derechos humanos.
“Reconocemos que el Estado peruano tiene la responsabilidad de asegurar que quienes participen en protestas y manifestaciones públicas respeten la ley”, señala la misiva, pero más adelante indica que el estado peruano “también tiene la obligación de llevar a cabo operativos de orden público de un modo que garantice el pleno respeto de los derechos humanos”.
Desde que asumió la presidencia del país, en julio de 2011, Humala ha encarado protestas sociales y conflictos que mayormente afectan a los mineros, debido a preocupaciones de que el desarrollo en este sector contamine el medio ambiente, lo que ha logrado detener algunos proyectos de desarrollo.
Según HRW, durante el primer año de la presidencia de Humala, "15 civiles habrían muerto tras recibir disparos efectuados aparentemente por miembros de las fuerzas de seguridad nacionales durante enfrentamientos con manifestantes". El número de víctimas, según la Defensoría del Pueblo, se ha elevado después de julio a 19.
El gobierno de Perú ha rechazado las acusaciones sobre abuso de la fuerza pública durante las protestas y ha alegado que en algunos casos los manifestantes dispararon con armas de fuego.
El más reciente de los hechos de violencia se produjo este miércoles 19 de septiembre, cuando una persona murió y otras cuatro resultaron heridas tras un choque con la policía en una protesta contra la firma minera Barrick en el norte del país.
En una carta enviada al mandatario, el director ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco, le pidió considerar una serie de medidas para garantizar que la fuerza pública cumpla con las obligaciones internacionales asumidas por Perú en materia de derechos humanos.
“Reconocemos que el Estado peruano tiene la responsabilidad de asegurar que quienes participen en protestas y manifestaciones públicas respeten la ley”, señala la misiva, pero más adelante indica que el estado peruano “también tiene la obligación de llevar a cabo operativos de orden público de un modo que garantice el pleno respeto de los derechos humanos”.
Desde que asumió la presidencia del país, en julio de 2011, Humala ha encarado protestas sociales y conflictos que mayormente afectan a los mineros, debido a preocupaciones de que el desarrollo en este sector contamine el medio ambiente, lo que ha logrado detener algunos proyectos de desarrollo.
Según HRW, durante el primer año de la presidencia de Humala, "15 civiles habrían muerto tras recibir disparos efectuados aparentemente por miembros de las fuerzas de seguridad nacionales durante enfrentamientos con manifestantes". El número de víctimas, según la Defensoría del Pueblo, se ha elevado después de julio a 19.
El gobierno de Perú ha rechazado las acusaciones sobre abuso de la fuerza pública durante las protestas y ha alegado que en algunos casos los manifestantes dispararon con armas de fuego.
El más reciente de los hechos de violencia se produjo este miércoles 19 de septiembre, cuando una persona murió y otras cuatro resultaron heridas tras un choque con la policía en una protesta contra la firma minera Barrick en el norte del país.
