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Ofensiva contra La Nación y Clarín


Fernández utilizó la cadena nacional para presentar un informe de 300 páginas sobre el supuesto complot de Clarín y La Nación para comprar la fábrica Papel Prensa.

Fernández utilizó la cadena nacional para presentar un informe de 300 páginas sobre el supuesto complot de Clarín y La Nación para comprar la fábrica Papel Prensa.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusó a los periódicos Clarín y La Nación de apropiarse ilegalmente de la única fábrica de papel de diarios del país en complicidad con la dictadura militar en 1976, algo que ambos diarios rechazaron y consideraron como un “invento” del gobierno para quedarse con la fábrica.

Fernández utilizó la cadena nacional para presentar un informe de 300 páginas sobre el supuesto complot de Clarín y La Nación para comprarle la fábrica Papel Prensa a los antiguos dueños –la familia Gravier– bajo amenazas y torturas del gobierno militar.

Si bien la mandataria descartó una expropiación de la planta, dijo que pedirá a la Justicia que investigue las maniobras de los dos medios para adueñarse de la empresa, la única que fabrica papel para periódicos en Argentina, y de la que Clarín y La Nación son los principales accionistas. El Estado, en tanto, tiene un 28 por ciento de las acciones de Papel Prensa.

"Se harán las presentaciones en los estrados judiciales que correspondan (...) para dar un cauce a esta situación que lleva 33 años de manejo oscurantista con prácticas desleales comerciales e infieles hacia sus accionistas", dijo Fernández.

La transacción de Papel Prensa

Papel Prensa fue comprada por Clarín, La Nación y La Razón en 1976 a Lidia Papaleo, viuda del dueño, David Graiver. Ella fue secuestrada y torturada por la dictadura militar cinco meses después de concretarse la venta de la fábrica.

El gobierno argentino aseguró que Lidia Papeleo y familiares de David Graiver –fallecido en 1976- fueron presionados, amenazados y torturados para vender Papel Prensa. Para esgrimir su denuncia penal, el gobierno se valió del testimonio de Lidia Papeleo.

Los diarios desmintieron la posición del gobierno, según la Sociedad Interamericana de Prensa, “y dieron a conocer versiones de familiares de la propia familia vendedora, Graiver, que argumentan que no fueron presionados para malvender la empresa y que lo hicieron antes de haber sido apresados por la dictadura militar de la época –por motivos ajenos a la empresa Papel Prensa– con pleno consentimiento, sin presiones y en libertad”.

Clarín, por ejemplo, publicó que Isidoro Graiver, hermano del fallecido David Graiver, y María Sol Graiver, hija de David, aseguraron “ante escribano público (…) que no hubo delito en la compra de Papel Prensa y que ninguno de los miembros del Grupo Graiver recibió presión alguna para vender”.

Asimismo, Clarín, La Nación y otros medios de prensa recordaron que los miembros del Grupo Graiver reconocieron ante la Justicia a la vuelta de la democracia, que sus familiares fueron secuestrados por sus vínculos con la guerrilla peronista “montoneros”, y no por la venta de la fábrica.

Estados Unidos reacciona

En Washington, un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo que Estados Unidos estaba "prestando mucha atención a los acontecimientos" en Argentina.

"Obviamente, tomamos las cuestiones de la libertad periodística muy en serio" fueron las palabras de Mark Toner, vocero del organismo estadounidense.

Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, dijo en un comunicado que la medida del gobierno argentino inconstitucional por la que se pretende "el control de los medios".

“Más allá de la polémica nacional, lo que nos sorprende es que el gobierno haya llegado a estas instancias haciendo expresa su intención de controlar a los medios de comunicación, a través de la regulación de la fabricación y distribución del papel periódico, un insumo básico de la industria periodística que en Argentina no es escaso ni presenta un problema de abastecimiento, y que no tiene porqué tener regulaciones especiales”, dijo el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre.

Aguirre afirmó que “es absurdo que el gobierno vaya en contra de la propia Constitución, en cuyo Artículo 32 se establece expresamente que 'el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal’”.

Agregó que “es peligroso que se maneje el concepto de ‘interés público’ porque ello puede inducir a que pueda haber leyes para expropiar y/o regularizar la actividad”.

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