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OEA lucha contra las drogas


La representante de México, Flor de Lis Vasquez, el representante de Paraguay ante la OEA, Juan Miguel Gonzalez Bibolini, y Mauricio Eduardo Cortés Costa, secretario para el Desarrollo Integral.

La representante de México, Flor de Lis Vasquez, el representante de Paraguay ante la OEA, Juan Miguel Gonzalez Bibolini, y Mauricio Eduardo Cortés Costa, secretario para el Desarrollo Integral.

Los nuevos retos pasan por combatir el narcotráfico como una problemática de seguridad pública.

El consumo y el tráfico de drogas es “uno de los principales retos a la estabilidad regional y el desarrollo en la región”. Así se expresó Albert R. Ramdin, secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante la inauguración de XLVIII encuentro de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

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“Lograr la seguridad ciudadana es más que cumplir con la ley”, afirmó Ramdin, quien agregó que “hoy enfrentamos un nuevo concepto de la seguridad pública que requiere un enfoque integral para proteger a los individuos y a las comunidades de la violencia, el tráfico de droga, el crimen organizado y la trata de personas”.

Así, los miembros de la reunión conincidieron en que ningún país del hemisferio puede luchar contra esta problemática de forma aislada, sino que se debe asumir un “enfoque coordinado y multilateral para la aplicación de recursos”.

Además, el secretario quiso mostrar una especial atención en Haití, país para el cual pidió una colaboración especial que permita combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado.

Nuevos retos

En paralelo a la búsqueda de una solución común contra las drogas, los representantes apuntaron a la seguridad pública como uno de sus nuevos objetivos a combatir.

El secretario de Seguridad Multidimensional, Adam Blackwell, se refirió en particular a la ocupación por el ejército brasileño de una “favela” en Río de Janeiro que estaba en manos del narcotráfico. “Se trató de una acción del Estado brasileño en defensa de sus ciudadanos”, como parte de una “estrategia de guerra total a la violencia”, añadió.

Sin embargo, Blackwell señaló que es necesario regular jurídicamente este tipo de intervención mediante protocolos que definan “el marco en que las fuerzas armadas intervienen en la lucha contra el crimen organizado”.

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