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Corrupción en América Latina analiza OEA


El Secretario General Insulza lidera los procesos de vigilancia sobre la corrupción en los países miembros.
El Secretario General Insulza lidera los procesos de vigilancia sobre la corrupción en los países miembros.

En Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Uruguay y Venezuela se aplica el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha iniciado el proceso de análisis de un nuevo grupo de países como parte de la Cuarta Ronda del, que tiene como fin analizar los marcos jurídico-institucionales de cada país, su adecuación a la Convención Interamericana contra la Corrupción y los resultados objetivos alcanzados.

El análisis de este proceso se inició con el envío de las respuestas al cuestionario por parte de los países mencionados el pasado 12 de diciembre de 2012, e incluirá la organización y realización de visitas “in situ” a los citados Estados Miembros en abril de 2013.

Las próximas seis visitas “in situ” se sumarán a las diez anteriores que durante 2012 se realizaron a Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, en las cuales se tuvo la oportunidad de entrevistar a más de cien funcionarios públicos de más de 60 instituciones públicas responsables de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

El resultado de la investigación en Argentina, Costa Rica, Honduras, Perú y Trinidad y Tobago serán considerados y revelados por el Comité de Expertos del MESICIC en marzo de 2013.

La corrupción es el peor mal que afecta a los países del área. En naciones como Colombia ya se habla de carteles de la ‘contratación’ o carruseles que involucran a altos funcionarios de los gobiernos.

El ex alcalde de Bogotá, Colombia, Samuel Moreno, está detenido por ser presuntamente parte de esas componendas corruptas que van en detrimento de las finanzas públicas.

En Brasil y Argentina se acaba de condenar a importantes ex funcionarios de gobiernos por actos de corrupción.
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