Con una cifra que rebasa los 5.000 asesinatos relacionados con el crimen organizado en lo que va del año, se realizó la edición número 27 del Consejo Nacional de Seguridad en la que participaron el presidente Felipe Calderón todos los gobernadores y los funcionarios de las dependencias de seguridad y justicia.
Las autoridades informaron que en los últimos 15 meses han sido arrestados 1.800 presuntos secuestradores y desarticulado 270 bandas. Aseguraron, además, que el delito va a la baja, aunque también hay un reconocimiento de que carteles de la droga han incursionado en esta actividad.
De acuerdo con la Sexta Encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, 85 por ciento de los delitos no son denunciados, el 56 por ciento de los padres de familia no permiten que sus hijos salgan a la calle y la mitad de la población evita salir de noche.
El director del organismo, Luis de la Barreda, informó que son tres estados al norte del país los más inseguros.
Los resultados de la encuesta provocaron el enojo de los gobernadores, quienes demandaron la creación de un sistema eficaz de evaluación delictiva que mida los avances en la lucha contra la inseguridad y no la percepción de la ciudadanía sobre la misma.
El presidente Felipe Calderón aprovechó para dejar en claro que su gobierno no pactará con criminales y descalificó las salidas falsas para combatir a la delincuencia, luego de que semanas atrás un alcalde propusiera la creación de grupos anticrimen que operarían al margen de la ley.
Amnistía Internacional informó que en unos días dará a conocer un informe sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, sin embargo adelantó que las violaciones a las garantías individuales en México carecen de una investigación eficaz, sin importar si son cometidas por autoridades civiles o militares.
La ineficacia en las indagatorias, por lo general, no garantizan que los responsables sean puestos a disposición de las autoridades judiciales, según Amnistía Internacional, y la labor del Ejército debe ser regulada y fijarse un plazo para el retiro de militares de las calles.