Irán y Argentina completaron sin resultados, pero bajo críticas abundantes, la primera ronda de discusiones sobre el atentado contra la AMIA, la mutual judía argentina, en 1994, que dejó un saldo de 85 personas muertas en Buenos Aires.
La justicia argentina exige la extradición de ocho ciudadanos iraníes, incluyendo al actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, y el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, para que sean procesados por el atentado a la AMIA.
Como en otras ocasiones, el martes el gobierno iraní volvió a negar su participación en los hechos. El portavoz del gobierno de Irán, Ramin Mehmanparast, aseguró que Teherán "condena y rechaza los cargos de terrorismo contra sus ciudadanos".
Según reportó el corresponsal de la Voz de América en Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto, ante esas afirmaciones el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, se adelantó a descalificar las discusiones, afirmando que con la posición iraní "se terminó la mesa de diálogo… porque no son confiables y la investigación judicial argentina ha demostrado que están involucrados en los atentados".
"No queremos más muertes, no queremos más terrorismo, porque entendemos que la figura que representa un país teocrático que genera muerte y terror no se lo puede acompañar en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, dijo Borger. “Ojalá que nuestros funcionarios analicen esto y entiendan que no es positivo”, añadió.
La ronda de conversaciones entre las dos partes en Ginebra, Suiza, había sido organizada después de un encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países en Nueva York el 27 de septiembre.
En 1994, una descomunal explosión destruyó los seis pisos de la sede de la mutual judía en el centro de Buenos Aires, dejando 85 muertos y 300 heridos, apenas dos años después de otro atentado con bomba contra la embajada de Israel en la misma ciudad, con un saldo de 29 muertos y 200 heridos.
La justicia argentina exige la extradición de ocho ciudadanos iraníes, incluyendo al actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, y el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, para que sean procesados por el atentado a la AMIA.
Como en otras ocasiones, el martes el gobierno iraní volvió a negar su participación en los hechos. El portavoz del gobierno de Irán, Ramin Mehmanparast, aseguró que Teherán "condena y rechaza los cargos de terrorismo contra sus ciudadanos".
Según reportó el corresponsal de la Voz de América en Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto, ante esas afirmaciones el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, se adelantó a descalificar las discusiones, afirmando que con la posición iraní "se terminó la mesa de diálogo… porque no son confiables y la investigación judicial argentina ha demostrado que están involucrados en los atentados".
"No queremos más muertes, no queremos más terrorismo, porque entendemos que la figura que representa un país teocrático que genera muerte y terror no se lo puede acompañar en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, dijo Borger. “Ojalá que nuestros funcionarios analicen esto y entiendan que no es positivo”, añadió.
La ronda de conversaciones entre las dos partes en Ginebra, Suiza, había sido organizada después de un encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países en Nueva York el 27 de septiembre.
En 1994, una descomunal explosión destruyó los seis pisos de la sede de la mutual judía en el centro de Buenos Aires, dejando 85 muertos y 300 heridos, apenas dos años después de otro atentado con bomba contra la embajada de Israel en la misma ciudad, con un saldo de 29 muertos y 200 heridos.
